La Comisión Europea ha propuesto este miércoles incluir la violación de sanciones aprobadas por los 27 a la lista de delitos de la UE. La Comisión también propone nuevas normas sobre la recuperación y el decomiso de bienes y activos. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, la UE ha adoptado medidas restrictivas contra ciudadanos rusos y bielorrusos. “La congelación de activos controlados por empresarios y otras personas vinculadas a la agresión rusa es clave para desbaratar la maquinaria de guerra rusa”, dice Bruselas: “Para ello, es fundamental redoblar los esfuerzos para rastrear e identificar rápidamente estos activos, ya que a menudo se controlan a través de estructuras complejas creadas para ocultar al verdadero propietario de la propiedad”.
“Los oligarcas que tratan de evitar la congelación de sus bienes optan por ocultarlos o desviarlos. Por ejemplo, llevando un yate a aguas internacionales, transfiriendo la propiedad sancionada a un tercero no sancionado o a través de empresas ficticias. Les ayudan las lagunas legales existentes, ya que las normas sobre las infracciones de las medidas restrictivas de la UE varían de un Estado miembro a otro”, sostiene la Comisión Europea.
“La agresión rusa contra Ucrania continúa, y es primordial que las medidas restrictivas de la UE se apliquen por completo y no se debe permitir que la violación de esas medidas dé sus frutos. Las propuestas de hoy tienen como objetivo garantizar que los bienes de las personas y entidades que violen las medidas restrictivas puedan ser decomisados ​​efectivamente. Las propuestas se enmarcan en el contexto del grupo de trabajo Freeze and Seize, creado por la Comisión en marzo”, explica el Ejecutivo comunitario.
La violación de sanciones, delito de la UE
En primer lugar, la Comisión Europea propone añadir la violación de medidas restrictivas y sanciones a la lista de delitos de la UE. “Esto permitirá establecer un estándar básico común sobre infracciones penales y sanciones en toda la UE. A su vez, estas normas comunes facilitarían la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de las infracciones de las medidas restrictivas en todos los Estados miembros por igual”.
La violación de medidas restrictivas “es un delito en la mayoría de los Estados miembros y es un delito particularmente grave, ya que puede perpetuar las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, y tiene un claro contexto transfronterizo, que requiere una respuesta uniforme a nivel de la UE y a nivel mundial”, sostiene Bruselas.
La Comisión también establece cómo podría ser una futura directiva sobre sanciones penales: “Los posibles delitos penales podrían incluir: participar en acciones o actividades que busquen eludir directa o indirectamente las medidas restrictivas, incluida la ocultación de activos; no congelar los fondos en poder o controlados por una persona/entidad; o participar en el comercio, importando o exportando bienes cubiertos por prohibiciones comerciales”. Entre otras sanciones, Bruselas prevé: multas penales o no penales; exclusión del acceso a la financiación pública; inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales; retirada de permisos y autorizaciones para realizar actividades que hayan dado lugar a la comisión del delito; puesta bajo vigilancia judicial; liquidación judicial; clausura de los establecimientos utilizados para la comisión del delito.
Una vez que los 27 estén de acuerdo con la iniciativa de la Comisión Europea, ésta presentará una propuesta legislativa.
Refuerzo de las normas sobre recuperación de activos
Además, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva sobre recuperación y decomiso de activos, “cuyo objetivo es privar a las personas sancionadas de sus ganancias ilícitas y limitar su capacidad para cometer delitos. Las reglas también se aplicarían a la violación de medidas restrictivas, asegurando el rastreo, congelamiento, gestión y decomiso efectivos de los productos derivados de la violación de sanciones”.
La propuesta permitirá la confiscación de los activos de los empresarios rusos que intenten violar las medidas restrictivas, por ejemplo, trasladando sus yates fuera de la UE o cambiando la titularidad de sus propiedades. “Para ello, la infracción de medidas restrictivas debe tipificarse como delito en todos los Estados miembros de forma coherente”, dice Bruselas: “Por este motivo, la Comisión adopta junto con esta propuesta, una iniciativa para ampliar la lista de delitos de la UE para incluir la violación de las medidas restrictivas europeas. Además, esta propuesta establece los medios para detectar dichos delitos, promoviendo la apertura de investigaciones en relación con los activos sujetos a medidas financieras restrictivas. Si bien la directiva propuesta no prevé el decomiso automático de todos los activos de las personas incluidas en la lista de medidas restrictivas de la UE, permitiría el decomiso de activos relacionados con infracciones de sanciones”.
“Con más de 139.000 millones euros de ingresos cada año, los grupos delictivos constituyen una amenaza muy grave para la seguridad de Europa”, dice la Comisión Europes: “Poderosas organizaciones criminales transnacionales realizan tráfico ilícito, cometen asesinatos, sobornan a funcionarios y se apoderan de negocios legítimos para encubrir actividades ilegales. A pesar de las normas existentes sobre recuperación y decomiso de activos, solo el 2% de los activos delictivos se congelan y solo el 1% se confiscan”.
La propuesta “extiende el mandato de las Oficinas de Recuperación de Activos para rastrear e identificar los activos de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas de la UE. Estas facultades también se aplicarán a los activos de origen delictivo, mediante el congelamiento urgente de bienes cuando exista el riesgo de que los activos puedan desaparecer”.
Bruselas también quiere “ampliar las posibilidades de confiscar activos de un conjunto más amplio de delitos, incluida la violación de las medidas restrictivas de la UE, una vez que se adopte la propuesta de la Comisión Europea sobre la ampliación de la lista de delitos de la UE”.
Así mismo, el Ejecutivo comunitario quiere “establecer Oficinas de Gestión de Activos en todos los Estados miembros de la UE para garantizar que los bienes congelados no pierdan valor, lo que permite la venta de activos congelados que podrían depreciarse fácilmente o que son costosos de mantener”.