Camila Vallejo: “El arte de gobernar implica también saber tener flexibilidad en torno a las prioridades”

Camila Vallejo (Santiago, 1988) es la ministra Portavoz del Gobierno chileno. Dirigente del movimiento estudiantil, donde conoció al presidente, Gabriel Boric, llegó al Ejecutivo en marzo de 2022, tras la victoria electoral de la alianza electoral Apruebo Dignidad, integrada por su formación, el PC de Chile, Convergencia Social, de Boric, y otras formaciones integrantes de las alianzas Frente Amplio y Chile Digno. El Gobierno chileno, el primero con fuerzas de izquierdas que no llegaban al Ejecutivo desde Salvador Allende, ha superado el primer año de gestión. Y esta semana ha tenido lugar la llamada Cuenta Pública, que es una suerte de debate del estado de la Nación en el que el presidente Boric ha repasado lo realizado y anunciado planes de futuro en un debate parlamentario con la oposición.

El presidente Boric ha hablado esta semana de nuevas prioridades en el Ejecutivo. ¿Qué significa eso?

El presidente marcó mucha firmeza y convicción para seguir empujando cambios con sentido de urgencia. Y habló no cambiar de convicciones, sino de reordenar prioridades.

Cuando una de las principales preocupaciones de nuestros compatriotas es la seguridad pública por el aumento de la violencia en los delitos, como por ejemplo los homicidios o el uso de armas de fuego, nuestro deber como autoridades políticas es poder responder ante aquello.

Es importante entender que la seguridad es un derecho de las personas, y que es muy difícil poder desarrollar y fortalecer nuestra democracia y el ejercicio de otros derechos si la gente está viviendo con miedo: la limita mucho a poder compartir en comunidad, a poder salir con sus hijos a la plaza pública, a trasladarse a sus lugares de trabajo con tranquilidad y no estar limitadas sus libertades y derechos fundamentales.

Por lo tanto, hay un reordenamiento de la agenda, que no tiene que ver con abandonar otros temas, sino en dónde ponemos la urgencia para poder responder y concretar soluciones y avances para la ciudadanía en temas que le son urgentes, como es el caso de la seguridad pública.

Y en eso hemos estado trabajando estos 15 meses de gobierno, entre otras cosas, en una agenda de seguridad que se ha nutrido de recursos y propuestas que van más allá de nuestros compromisos programáticos originalmente: hemos tenido que presentar una política nacional contra el crimen organizado, tuvimos que reforzar las fronteras porque estaban totalmente abandonadas en nuestro país, en una situación paupérrima; hemos estado fortaleciendo las instituciones de Carabineros; acabamos de anunciar un proyecto de ley para reintegrar a funcionarios retirados porque necesitamos más policías, obviamente también más preparados.

Entonces, a eso se refiere el presidente, que mantiene sus convicciones, su firmeza y decisión en torno a los cambios que hemos estado empujando, pero, al mismo tiempo sabiendo que el arte de gobernar implica también saber tener flexibilidad en torno a las prioridades.

¿No les preocupa que ese discurso sobre seguridad se pueda confundir con el discurso sobre seguridad que tienen las derechas?

Por eso hemos defendido mucho que es dañino separar seguridad de derechos humanos. Una democracia con seguridad, pero sin derechos humanos, puede ser una barbarie. Y una democracia solo con derechos humanos, pero sin seguridad, también genera intranquilidad. Entonces, van de la mano, no son incompatibles.

Y esto no es un ejercicio retórico, es importante, es fundamental. Porque si no entramos, si solo vemos la agenda de seguridad o la agenda policial sin el debido respeto por los derechos humanos, terminamos generando una mayor sensación de inseguridad a la sociedad civil porque podemos abrir paso a los abusos.

Entonces, nuestra respuesta ha sido una agenda contundente, con una inversión histórica de recursos, obviamente, pero donde aplicamos la inteligencia, el reforzamiento de las instituciones, estrategias de persecución penal, de control, que han sido efectivas. Y, al mismo tiempo, fortalecemos los elementos de prevención y de recuperación de los espacios públicos que el Estado ha ido dejando y abandonando al tiempo que eran ocupados por el narcotráfico y la delincuencia: necesitamos recuperar esos espacios y una agenda que no es, como se ha tratado de instalar por mucho tiempo, asociada a un sector político.

La seguridad, entendida como un derecho, no es propiedad de la derecha o el mundo conservador, es también una agenda del mundo progresista y de la izquierda. Y creo que es importante decirlo, y también actuar en función de esa convicción: eso es lo que hemos estado haciendo. Porque, además, cuando la delincuencia o el crimen organizado ataca, no diferencia si la persona a la que ataca es de izquierda o derecha, o si homosexual o heterosexual: está violentando transversalmente a la sociedad, y nosotros tenemos que protegerlos a todos y a todas.

Menciona la agenda de derechos. Acaban de aprobar la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, lo que hace de Chile el país latinoamericano con la semana de trabajo más corta junto con Ecuador.

El horizonte estratégico es sentar las bases de un Estado de bienestar en Chile, un Estado que no tenemos.

Cuando hablamos de un Estado de bienestar en Chile y decimos que tiene que ser un Estado que cuida, que protege y que garantiza derechos fundamentales, hablamos también de la calidad de vida de las familias trabajadoras y de cómo aseguramos mejores condiciones para su desarrollo. Y las 40 horas tienen que ver con eso, con cuidar el espacio de trabajo, con no sobrecargar a los trabajadores y trabajadoras, con dar más tiempo en familia, más tiempo para la comunidad, más tiempo para el descanso. Hablamos de un Estado que se preocupa también del cuidado y la salud mental, física y familiar.

A pesar de que quizás las urgencias han estado centradas en la agenda de seguridad, las 40 horas las logramos aprobar. Aquello que nos decían que era imposible, fue posible, y lo logramos sacar con acuerdo y con mucho diálogo con el mundo sindical y empresarial. Una de las cosas que ha caracterizado a nuestro Gobierno, al gobierno del presidente Boric, es que los procesos de cambio y las medidas que estamos logrando empujar se han hecho con diálogos tripartitos, no solo con el Estado en su versión del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino que también con el mundo empresarial, gremial, grande y pequeño, y también con los trabajadores y trabajadoras y sus sindicatos, sus representantes.

Y las 40 horas las sacamos adelante. También lo lo hicimos con el salario mínimo: habíamos comprometido los 500.000 pesos a fines del periodo de gobierno, y el presidente decidió adelantarlo por la situación inflacionaria, por la situación económica. Y nos decían que era imposible, y lo aprobamos, pensando en aumentar los ingresos de los trabajadores y también el subsidio a las pymes.

Y aquí hablan también del royalty minero, la modificación de los impuestos que pagan las grandes empresas del sector para su distribución a gobiernos regionales y municipios. ¿Qué persigue?

Para nosotros el Estado de Bienestar es el Estado que cuida, que protege, pero también que empuja el desarrollo y el royalty minero era una deuda pendiente en Chile, que está enfocado no solo a cómo aprovechar de mejor forma los recursos del cobre, también a cómo desarrollamos productivamente las regiones, como descentralizamos el país y cómo favorecemos el desarrollo del crecimiento de aquellas comunas que históricamente han sido más postergadas y que son las comunas más vulnerables en Chile.

En este sentido, también está el litio. Acaban de anunciar la creación de la Empresa Nacional del Litio en una apuesta por aumentar la producción.

Forma parte de la estrategia nacional del litio. El litio nos va a seguir posicionando como país ante el mundo, porque tenemos una de las principales reservas, la cuarta a nivel mundial. Somos el segundo país en producción, pero hoy día solo lo explotan dos empresas privadas en el principal salar.

La estrategia nacional del litio que estamos llevando a cabo vuelve a poner al Estado en un rol importante de la mano con el mundo privado, pero empujando una estrategia de desarrollo productivo que se basa en una industria sostenible que nos genere mayor valor agregado, que incorpore la tecnología y la innovación con la creación de un Instituto Nacional del Litio.

Estamos hablando de sentar las bases del desarrollo productivo en un Estado del bienestar, con litio, con hidrógeno verde, con royalty minero y de mayor cuidado: con las 40 horas, con un salario más digno, con apoyo a las pymes, con un sistema nacional de cuidados que vamos a presentar a fin de año. Y, por cierto, también con un nuevo sistema de pensiones que es uno de los temas que este año queremos poder sacar adelante.

El aumento de las pensiones va de la mano de la reforma fiscal que están poniendo en marcha. ¿Qué piensan hacer?

Estamos preocupados por empujar un mayor crecimiento, productividad y desarrollo, porque llevamos en Chile más de una década de estancamiento productivo, y por eso esta estrategia. Pero hay otra parte que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, no sólo fomentar la producción de riqueza en más regiones, que vayan creciendo, que vayan aprovechando al máximo su geografía, sus recursos naturales, su capital humano, sino que, también, después de producir más riqueza y ser más productivos, ver cómo la distribuimos. Y allí la reforma tributaria es fundamental porque en Chile la desigualdad sigue siendo muy grande.

Tenemos todavía un modelo muy rentista. Y, como decimos en Chile, el chancho está mal pelado: está mal distribuida la torta, no estamos distribuyendo de la forma más justa la riqueza que todos y todas producen en nuestro país. Necesitamos recaudar de manera justa y progresiva, pero también poniendo en el centro que esa recaudación no es solamente para que el Estado crezca, lo que queremos hacer con esos recursos es poder financiar el aumento de las pensiones, que en Chile siguen siendo muy bajas, producto de que han estado en manos solo de sectores privados. Y también queremos financiar el Sistema Nacional de Cuidados, porque aquí a las mujeres durante siglos la sociedad les ha cargado sobre sus hombros con todo lo que es el trabajo no remunerado, con un trabajo reproductivo fundamental para el desarrollo de los países.

También eso requiere financiación.

Hay deudas que saldar con los profesores y profesoras, que también requieren financiación y hay un dolor muy grande en las familias producto de los años de espera para una atención en salud. Y ahí tenemos todo un desafío.

Hemos dado los primeros pasos este para acortar los tiempos de espera, por ejemplo, para cirugía o para consulta. Pero queremos alcanzar una meta de disminución del 40% de los tiempos de espera, y eso requiere mayores esfuerzos fiscales.

Si queremos alcanzar esos objetivo de tener un sistema de pensiones más justo, de poder tener un sistema nacional de cuidados donde reconozcamos ese trabajo que hacen principalmente las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, y queremos también avanzar en una salud más digna y más oportuna, necesitamos un pacto fiscal. Y por eso el presidente, lo que ha dicho, más allá de los instrumentos, más allá de esta discusión que queda enclaustrada en expertos tributaristas, que es muy técnica, es que abramos una discusión a lo que es fundamental, políticamente más relevante, que es qué es lo que queremos financiar si compartimos que hay que saldar esas deudas, entonces podremos llegar a un acuerdo fiscal este año.

En el Congreso a fines de julio vamos a insistir en este pacto fiscal y también con la reforma de pensiones, dos elementos que van asociados muy fuertemente.

El aumento de las pensiones va a depender en parte de la reforma tributaria, y también del modelo nuevo que estamos proponiendo que tiene un un pilar de Seguridad Social y que debe contar con un aporte de los empleadores.

Mientras tanto, la extrema derecha consigue imponerse en las elecciones para la Constituyente y se ve en las encuestas que el apoyo al golpe de Pinochet está en máximos y el rechazo al golpe en mínimos ¿Qué está pasando y qué se puede hacer?

Es un escenario nuevo para nuestro país. Luego de que se incorporara el voto obligatorio [finales de 2022], gente que nunca había votado o no había participado de procesos electorales hoy día está participando, y eso ha abierto una realidad para el mundo político que antes no se veía.

¿Entonces, qué es lo que pasa? Tenemos una derecha extrema que logró fuertemente capitalizar en ese mundo por los malestares, por las deudas pendientes, etcétera. Habría que entrar a interpretar qué es lo que guía aquello, pero el problema es que tenemos a sus principales liderazgos promoviendo discursos de odio o reivindicaciones de lo que fue lamentablemente la dictadura cívico militar y al dictador Augusto Pinochet. Y eso en pleno año donde conmemoramos los 50 años del golpe de la ruptura democrática.

Independientemente de los resultados electorales, algo que no nos podemos permitir es que las diferencias políticas o los escenarios electorales lleven a hacer crecer discursos o posiciones que no respetan los derechos humanos de las personas, que no respetan la democracia o que reivindican la ruptura democrática. No hay justificación alguna, ni las diferencias políticas, para poder promover o reivindicar esas posiciones.

¿Ustedes terminarán apoyando la Constitución emanada de una Convención dominada por la derecha? ¿O a lo mejor el Gobierno tiene que llamar al rechazo?

Nosotros no nos podemos adelantar a eso. Tenemos optimismo en el sentido de esperanza con el proceso de convergencia que ha ido resultando desde la Comisión de expertos. La Comisión de expertos logró hacer una propuesta de texto que va a ser discutida en el Consejo Constitucional por los consejeros y consejeras electas, y esperamos que el clima de diálogo y de acuerdo que se dio en la Comisión de expertos pueda prosperar y mantenerse en este otro debate que viene.

Pero el resto es política ficción. Ahora depende mucho del trabajo que haga el Consejo mismo. Y, bueno, la ciudadanía obviamente tendrá nuevamente el protagonismo para determinar con el resultado en mano de ese trabajo, si le gusta o no la propuesta de nueva Constitución.

El presidente Boric, después del referéndum, dijo algo así como: “Bueno, a lo mejor nosotros no hicimos bien el proceso de la nueva Constitución”. Y llamó a la derecha precisamente a no cometer los mismos errores. ¿Está pasando eso. Realmente ese proceso se está dando?

Justamente es lo que queremos evitar, que aprendamos de la experiencia pasada para poder, esta vez sí, llegar una propuesta que interprete a las grandes mayorías, que sea inclusiva, que no deje a nadie atrás, que sea una Constitución que nos pueda realmente representar.

El periodo pasado, más allá de los esfuerzos que hubo de los mismos convencionales y todo ese trabajo de meses muy intensivo para poder llegar a una propuesta, la verdad es que faltaron mayores esfuerzos para generar un texto que tuviera más mínimos comunes denominadores que elementos que fueran divergentes.

Y por eso el resultado que tuvimos. Y eso fue responsabilidad de todos y todas. Y el presidente de la República hace esa autocrítica, pero también llamando a una autocrítica colectiva para que eso no se repita para el otro lado, entendiendo que hoy día los republicanos y la extrema derecha tienen una presencia importantísima en el Consejo Constitucional.

Así que el llamamiento se sustenta en una experiencia que ha sido bastante dialogante en sus primeras semanas y que hay que reconocer que fue el resultado de la comisión de expertos [la comisión de expertos entrega ahora su propuesta de anteproyecto de la Constitución y con eso el Consejo deberá discutir el nuevo texto].

Su Gobierno es el más de izquierdas en Chile desde Allende. ¿Eso confiere una responsabilidad especial? ¿Hasta qué punto se piensa que se puede perder esta oportunidad después de lo visto con la victoria de la extrema derecha en las elecciones para la convención constituyente? ¿Puede ser efímero este gobierno? ¿Cómo se interpreta este momento, también por alguien como usted, del Partido Comunista de Chile, un partido que ha sufrido también muchísima represión y que está en el gobierno por primera vez en 50 años?

Yo creo que no es bueno entrar a compararse con gobiernos anteriores. Nosotros somos el resultado de un proceso histórico. A mí me tocó incluso estar en el último gobierno de la presidenta Bachelet, que fue el gobierno de la Nueva Mayoría [2014-2018]. Ahí fuimos gobierno, apoyamos su programa, con lo cual logramos incluso avanzar en la gratuidad de la educación escolar y superior.

Pero hoy día, el Gobierno del presidente Boric, del cual soy parte, tiene desafíos que son de estos tiempos. Hay que hacerse cargo de deuda históricas, pero también asumiendo desafíos del presente. Y en ese sentido nuestro gobierno ha ido avanzando a pesar de las dificultades.

Yo quiero recordar que asumimos el gobierno el 11 de marzo de 2022 con las consecuencias que dejó la pandemia, con una inflación al alza producto de la guerra de Rusia contra Ucrania, con una crisis migratoria muy importante en nuestra frontera y en la zona norte, donde venían creciendo los delitos violentos, al menos desde el 2018.

Y a pesar de esas dificultades hemos ido logrando concretar cambios, y a pesar de ser minoría en el Congreso, hemos ido logrando concretar varios de nuestros compromisos del programa de gobierno, mencionados anteriormente, como el salario mínimo, las 40 horas, el royalty minero, el proyecto para el pago de las pensiones de alimentos, que es una forma también de combatir la violencia económica hacia las mujeres.

Pero claro que nos queda un camino por recorrer, y a pesar del resultado del 7 de mayo que va obviamente está marcando el camino del proceso constituyente acompañado con la comisión de expertos en nuestro gobierno y con el Parlamento que tenemos, vamos a tener que seguir asumiendo varios desafíos que creemos que podemos concretar, en la línea de lo que decía antes de sentar las bases de un Estado de bienestar. Y aquí, en este desafío, no estamos solo los jóvenes exdirigentes estudiantiles, hay un gobierno con un fuerte componente intergeneracional.

Estamos hombres y mujeres que tuvimos trayectorias distintas. Yo fui parte, estando en el Parlamento, del proyecto de la Nueva Mayoría con el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Otros estuvieron fuera de ese proyecto, y se asumían como colaboradores críticos, donde estuvo el mismo presidente de la República actual. Y tuvimos diferencias en su momento, pero hoy día compartimos un proyecto común.

Ese es el sello de nuestro gobierno, que compartimos un proyecto común que asume las urgencias del presente y que asume también con mucha convicción la necesidad de empujar las transformaciones profundas que se han ido postergando por muchos años. Entonces, yo creo que la situación es compleja, pero hay varias razones y varios hechos concretos que nos permiten afirmar que podemos ver el futuro con optimismo.

Sí a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que sortear y a pesar de ser minoría en el Parlamento hemos podido avanzar en cosas que son significativas para el país, ¿por qué no vamos a poder hacerlo en los casi tres años que nos quedan de Gobierno?