La incertidumbre y la tensión se han apoderado de las horas previas a la investidura del nuevo presidente electo de Guatemala. Con más de ocho horas de retraso, Bernardo Arévalo de León, ganador de los comicios celebrados en agosto de la mano del partido socialdemócrata Movimiento Semilla, ha tomado posesión como presidente.
“Nunca más el autoritarismo”, ha dicho nada más ser investido jefe del Estado del país centroamericano, tras un tormentoso proceso de transición en el que el Ministerio Público, y algunos jueces y parlamentarios de la Legislatura que acaba de terminar, han tratado de impedir que asumiera el cargo. “El pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría, e instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia”, ha dicho en su primer discurso el presidente.
Arévalo de Léon ha recibido la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, Samuel Pérez Álvarez, debido a que el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, se ha ausentado de la ceremonia. Ha ingresado al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, donde se ha celebrado la investidura, al son del concierto para violín y orquesta La Primavera, del compositor italiano Antonio Vivaldi.
Los intentos del gobierno saliente por impedir la investidura del nuevo Ejecutivo han prevalecido hasta el último momento, tras varios meses en los que el Ministerio Público (Fiscalía) ha tratado de inhabilitar por la vía judicial al partido socialdemócrata. La última de estas maniobras se ha producido en la sesión previa del Congreso en la que debían jurar el cargo los nuevos diputados. En medio de tensiones, la Junta Calificadora se negaba a aceptar las credenciales de diversos representantes electos, en lo que los diputados de Semilla calificaban como un nuevo intento de impedir la transición del gobierno. “Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder”, declaraba Arévalo en la red social X.
Ante la incertidumbre generada por estos últimos acontecimientos, los jefes de Estado, cancilleres y funcionarios de alto nivel que viajaron a Guatemala al traspaso de mando presidencial emitieron una declaración conjunta en apoyo al presidente y exigiendo que se llevara a cabo el traspaso de poderes. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha mandado su apoyo al presidente electo de Guatemala en un mensaje publicado en la red social X. “La voluntad del pueblo de Guatemala, libremente expresada en las urnas, en un proceso electoral transparente, debe ser respetada”, ha dicho.
Finalmente, el Movimiento Semilla, que cuenta con una minoría de diputados en el Congreso –23 de 160– ha conseguido los apoyos necesarios para revertir la decisión judicial y el diputado semillista Samule Pérez, de 31 años, ha sido elegido presidente del Parlamento guatemalteco.
Por su parte, el presidente saliente –Alejandro Giammattei– aseguraba a través de la red social X que “ante el riesgo de llegar a media noche sin iniciar los actos protocolarios, en este momento hice entrega de los símbolos de la Presidencia para que se me dé por separado del cargo como lo establece la Constitución de la República”.
Un traspaso de poderes lleno de obstáculos judiciales
Con un discurso anticorrupción y muchas expectativas de cambio, Arévalo asume la presidencia reemplazando a Giammattei, quien cuenta con uno de los niveles de aprobación más bajos del continente, según diversas encuestas. “Dejamos un mejor país del que encontramos” y nos vamos “con la frente en alto”, aseguró Giammattei el viernes al entregar el balance de su mandato. Atrás deja una legislatura marcada por acusaciones de corrupción y persecución judicial contra opositores. En los últimos años, decenas de fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos han sido encarcelados o han tenido que exiliarse.
El presidente electo triunfó en la primera vuelta electoral del mes de junio, y ganó el balotaje con el 60,9% del respaldo popular dos meses después contra todos los pronósticos, que situaban como favorita a la elite política tradicional del país. Desde la inesperada victoria del Movimiento Semilla, el Ministerio Público encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, se convirtió en el protagonista del proceso electoral. Mediante un gran abanico de casos judiciales, han buscado durante meses ilegalizar la formación política e impedir la investidura del presidente electo y su vicepresidenta Karin Herrera.
El pasado septiembre, Arévalo acusó públicamente a la jefa de la Fiscalía de encabezar un intento de golpe de Estado en su contra. La denuncia se produjo tras darse a conocer una investigación del Ministerio Público contra el partido por una supuesta falsificación de firmas en el proceso de fundación de la organización política
Estos intentos de obstaculizar la voluntad popular fracasaron porque se toparon con una gran resistencia interna y con una condena directa de la comunidad internacional. Dentro de Guatemala, los movimientos indígenas junto con otros sectores sociales llevan más de 100 días de movilizaciones con el objetivo de defender la democracia y los resultados expresados en las urnas. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Estados Unidos también han tenido un papel importante denunciando cada ofensiva judicial de la Fiscalía e imponiendo sanciones a los actores señalados por corrupción.
Aunque la asunción de poderes supone una pequeña victoria para Semilla que hace pocos meses nadie se imaginaba, la mayoría de analistas coinciden en señalar que la persecución judicial no cesará tras el 14 de enero. El nuevo gobierno electo deberá afrontar en los próximos meses las causas penales que la Fiscalía mantiene abiertas y que buscan limitar la acción de gobierno.
En este sentido, Arévalo manifestaba hace semanas que “una de las primeras acciones, si no la primera, será exigirle la renuncia a la señora fiscal general”, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por participar en hechos significativos de corrupción.
Arévalo, un sociólogo con perfil internacional, encabeza una formación política socialdemócrata que surge de la llamada “primavera de 2015”, una ola de protestas contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Durante la presentación del nuevo gobierno anunciada esta misma semana, paritario por primera vez en la historia del país, Bernardo Arévalo aseguraba que tienen como desafío principal “rescatar” las instituciones públicas que se encuentran “debilitadas por la corrupción”.
Una legislatura con todo en contra
Además de afrontar la persecución judicial, el nuevo ejecutivo deberá gobernar con una minoría en el Congreso, ampliamente controlado por fuerzas conservadoras. Con tan solo 23 diputados de 160, la toma de posesión marca el inicio de una nueva legislatura que no va a ser fácil para la formación izquierdista. La necesidad de buscar coaliciones y entendimientos con otras formaciones políticas será uno de los grandes retos que deberán afrontar si quieren desarrollar su programa político.
El país que recibe el nuevo presidente se encuentra bajo un importante deterioro democrático, cuenta con el 60% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza y con uno de los índices de desigualdad más altos del continente. Además de evitar los impedimentos legales para llevar a cabo su acción de gobierno, Arévalo deberá gestionar las grandes expectativas que un amplio sector de la población ha depositado en su gobierno del cambio.
Entre estos sectores se encuentra el movimiento indígena, quien ha liderado los más de 100 días de protestas frente a los intentos judiciales de invalidar las elecciones. En este sentido, el anuncio de su gabinete decepcionó a este sector al constatar que entre los nuevos ministros solo hay una persona indígena, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roque. En un país en el que los pueblos originarios representan el 42% de los más de 17 millones de habitantes, uno de los grandes retos del nuevo Gobierno será no dejar de lado a estas comunidades tradicionalmente ignoradas por las elites políticas. Aunque las autoridades comunales aseguran que otorgan un voto de confianza al nuevo gobierno, afirman que fiscalizaran muy de cerca la acción del ejecutivo.