Un total de 17 manifestantes han muerto hasta ahora en las movilizaciones de protesta contra el Gobierno de Perú, nueve de ellos este jueves, tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional y con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión de los movilizados.
El foco de tensión estuvo este día en la ciudad de Ayacucho, al sureste del país, donde un grupo de manifestantes invadió el aeropuerto y los militares respondieron con bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros y disparos.
La Dirección Regional de Salud de Ayacucho, una región especialmente sensible por el ataque del terrorismo en los años 80 en su territorio, reportó este jueves la muerte de siete personas y 52 heridos a raíz de las movilizaciones y el enfrentamiento con las fuerzas del orden.
Ante esta situación, el Gobierno Regional de Ayacucho emitió un comunicado en el que responsabiliza de las muertes a la presidenta Dina Boluarte, a los ministros de Interior, de Defensa y afirma que estos deben “renunciar inmediatamente al cargo”, y pide también la censura de la mesa directiva del Congreso de la República para poder instalar un gobierno de transición.
Además, pide que se detenga de inmediato el uso de las armas de fuego y la represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Otros dos fallecidos este jueves se reportaron en la norteña región de La Libertad.
Este jueves entró plenamente en vigencia el estado de emergencia decretado por el Gobierno a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones y a esa medida se sumó este jueves el toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos.
Hasta el momento, a las nueve víctimas se suman los seis fallecidos en el departamento sureño de Apurímac, una víctima mortal en Arequipa, y otro fallecido previamente en La Libertad, desde que las protestas se recrudecieron en varios puntos del país.
Castillo continuará en prisión preventiva
El juez Juan Carlos Checkley ha dictado este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por su fallido intento de disolver el Congreso y nombrar un ejecutivo de emergencia del pasado 7 de diciembre.
De este modo, el juez ha aceptado la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que “existe periodo procesal de fuga” y en la que pesó que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.
“Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (...) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024”, leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.
Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La investigación ha sido calificada de “compleja” por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.
Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado como un intento de golpe de Estado.
Ni Castillo ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión de la petición de prisión preventiva presentada por la Fiscalía de Perú. Al inicio de la audiencia se informó de que Castillo, que ya cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal. En ese sentido, el juez Checkley ha informado de que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz.
Al respecto, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, informó en Twitter de que ni él ni su colega Raúl Noblecilla iban a participar en la audiencia: “Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión”, indicó antes de señalar que entre ellos figura una vacancia [la moción de destitución contra Castillo] “ilegal y exprés”.
Añadió que el Congreso también ha realizado un “levantamiento del antejuicio”, al que tiene derecho el exgobernante, “ilegal y exprés” y que la audiencia también se ha programado “para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones”.