Las condiciones políticas y sociales que obvia Xavi Hernández cuando elogia a Qatar
Xavi Hernández aterrizó en Qatar en 2015 y, aunque dice que allí no puede recoger setas y lo echa mucho de menos, no tiene intención de volver. Actualmente es entrenador de un club y tiene un contrato como embajador global del Mundial de Qatar de 2022. “No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí”, afirmó en una entrevista con el diario Ara cuando le preguntaron si iba a votar en España en las cuartas elecciones generales en cuatro años. “Aquí no puedo hacer cosas como ir a por setas y eso lo echo mucho de menos. Sin embargo, hay muchas ventajas: la tranquilidad, la seguridad… En Qatar la gente es feliz”, afirmó.
¿Cómo funciona el sistema político catarí que elogia Xavi Hernández? Como una “monarquía absoluta con prácticamente todos los poderes conferidos al emir”, señala el informe de la unidad de inteligencia de The Economist. El actual emir lleva en el cargo desde 2013 y lo heredó de su padre, que gobernó durante 17 años.
Los partidos políticos no están permitidos y las únicas elecciones que se celebran son para el Consejo Municipal, que apenas tiene competencias. La Constitución aprobada en 2003 estableció un parlamento de 45 miembros con competencias legislativas reales en el que 30 de los 45 diputados se elegirían cada cuatro años en elecciones libres. Sin embargo, el emir, Tamim bin Hamad, las ha aplazado año tras año. 16 años después de aquella reforma, todos los miembros del Parlamento siguen estando nombrados directamente por él.
El país también mantiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte para algunos delitos. En el último año no se registraron ejecuciones por pena capital, pero sí condenas, según Amnistía Internacional.
Mientras que Qatar es el segundo país del mundo con mayor Producto Interior Bruto per cápita (en paridad de poder adquisitivo), la mayor parte de la población está compuesta por personas a las que no se considera ciudadanos con los mismos derechos que los cataríes. “Hasta el 90% de la población de Qatar está compuesta por no ciudadanos, incluidos expatriados y trabajadores migrantes que no tienen derechos políticos u oportunidades electorales”, sostiene la organización Freedom House.
Explotación laboral
Se calcula que alberga a unos dos millones de empleados extranjeros, muchos de ellos contribuyendo a un auge de la construcción vinculado, en parte, a la celebración del Mundial de Fútbol de 2022, el mismo que Hernández promociona. En muchas ocasiones, se trata de migrantes procedentes de los países más empobrecidos del mundo. Desde que se conoció que Qatar iba a acoger uno de los mayores eventos deportivos, se ha documentado la situación que enfrentan los trabajadores migrantes en el país durante los preparativos, incluyendo condiciones que a menudo rozan el trabajo forzoso, con obreros mal pagados y trabajando durante largas horas. Algunos medios como The Guardian han informado de decenas de muertes en las obras y de otros cientos de heridos en caídas y accidentes con maquinaria. Por su parte, un informe de International Trades Union Confederation cifra en 1.239 las muertes de trabajadores nepalíes e indios entre 2010 y 2013 basándose en los datos aportados por las embajadas de ambos países.
“Qatar alberga a unos dos millones de trabajadores migrantes, pero no cumple las normas laborales internacionales. Desde Amnistía Internacional hemos instado reiteradamente a Qatar a abolir el abusivo sistema de kafala [patrocinio]”, enumera Marta Mendiola, portavoz de Amnistía Internacional. Este sistema, utilizado en varios países del Golfo Pérsico, vincula a los trabajadores con sus empleadores durante hasta cinco años “e impide a algunos grupos, como las empleadas domésticas, abandonar el país sin el permiso de sus empleadores”, recuerdan desde AI. En la práctica, el régimen de la kafala deja a estas personas atrapadas en condiciones de explotación.
En respuesta al aluvión de críticas recibidas, las autoridades cataríes prometieron una serie de reformas del sistema laboral. Sin embargo, Amnistía Internacional ha denunciado recientemente que el país sigue siendo un terreno abonado para la explotación, describiendo “la tremenda situación en la que se encuentran miles de trabajadores migrantes que siguen esperando en vano sus salarios impagados y su indemnización”, y cómo muchos han regresado a sus casas sin cobrar un céntimo. Desde marzo de 2018, AI ha seguido los casos de más de 2.000 empleados de tres empresas de construcción y limpieza a los que dejaron de pagarles sus salarios durante varios meses.
Un experto de la ONU ha reclamado este mes a Qatar que haga más para facilitar el acceso a la justicia a los trabajadores que sufren explotación y abuso, y ha solicitado un “salario mínimo más alto, no discriminatorio y permanente”. Por otro lado, el artículo 116 de la ley laboral del país concede únicamente a los cataríes el derecho a formar asociaciones o sindicatos. “Como resultado, los trabajadores migrantes, que componen en torno al 90% de la fuerza laboral, no puede ejercer su derecho a la libertad de asociación y de formar sindicatos”, denuncia Human Rights Watch.
Restricciones a la libertad de expresión y discriminación
En mayo de 2018, Qatar entregó los documentos a la ONU para entrar a formar parte de dos de los principales tratados de derechos humanos de la ONU: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, presentó numerosas reservas respecto a los derechos de las mujeres y de los trabajadores migrantes. Según denuncia Human Rights Watch, Qatar rechazó los artículos de igualdad de género en el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos alegando que viola la sharía. Este pequeño país del Golfo también señaló que reinterpretará varias cláusulas relacionadas con el castigo degradante, cruel o inhumano.
Mendiola denuncia la existencia de restricciones al derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica “incompatibles con el derecho y las normas internacionales” y afirma que las mujeres siguen estando discriminadas “en la legislación y en la práctica”. “La legislación sigue discriminando a las mujeres en relación con el matrimonio, el divorcio, la herencia, la custodia de los hijos e hijas, la nacionalidad y la libertad de circulación”, señala. En la práctica, hace que sea mucho más difícil para las mujeres que para los hombres pedir el divorcio y coloca “a las mujeres en una situación de grave desventaja económica” si lo solicitan, documenta la ONG de derechos humanos.
La feminista catarí Maryam Ali AlHajry ha denunciado que las madres no pueden transmitir su nacionalidad a sus hijos en las mismas condiciones que los padres, la violencia contra las mujeres o la discriminación en la distribución de la tierra, apuntando a que “la sociedad sigue siendo patriarcal debido a las leyes introducidas por el Gobierno”.
