El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha aprobado ampliar de 4 a 30 días el periodo máximo en el que ciertos sospechosos pueden permanecer detenidos sin cargos, para “facilitar una investigación exhaustiva sobre el intento de golpe”, según informa la agencia de noticias Reuters. La medida se toma dentro del estado de emergencia declarado y que ha levantado críticas por la limitación de derechos fundamentales.
Además, Turquía ha cerrado más de 1.700 centros privados, desde hospitales hasta universidades, por supuesta vinculación con las redes del predicador islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe militar del pasado 15 de julio.
Así lo afirma el primer decreto del gobierno turco al amparo del estado de emergencia, publicado hoy en el Boletín Oficial.
El documento puntualiza que se han cerrado 35 hospitales privados, 1.043 colegios y pensiones de estudiantes privados, 1.229 fundaciones, 19 sindicatos y 15 universidades privadas que pertenecen a, o tienen vínculos con, las redes de Gülen.
A éstas el gobierno las llama Organización Terrorista Fethullah Gülen (FETÖ, por sus siglas en turco).
“Todas esas instituciones cerradas pertenecen a la FETÖ, sin duda. No hay otro grupo afectado por esta decisión, y no lo habrá”, dijo hoy el viceprimer ministro Nurettin Canikli en la televisión CNNTürk.
Añadió que las propiedades de esos centros serán gestionadas por el Estado.
El decreto establece además que serán cesados de sus puestos todos los funcionarios públicos que tengan vínculos con la FETÖ, y no podrán volver a ser contratados, mientras que se cancelarán los pasaportes del personal investigado.
Ya ayer, el Ministerio del Interior anuló los pasaportes de 10.586 personas, según dijo su titular, Efkan Ala, a la cadena NTV, sin precisar más detalles.
Los estudiantes de las escuelas y universidades cerradas serán transferidos a instituciones similares estatales, a las que tendrán que seguir pagando lo que pagaban en los centros privados.
Hasta el día 22 de julio, las autoridades habían suspendido de sus puestos de trabajo a 44.500 empleados públicos, la gran mayoría en el Ministerio de Educación.
Por otro lado, la Fiscalía de Ankara anunció hoy que han sido despedidos 1.200 soldados privados.
El Gobierno anunció ayer que el ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, y el de Justicia, Bekir Bozdag, viajarán la semana entrante a Estados Unidos, a cuyas autoridades intentarán convencer para que extraditen a Gülen, quien está radicado en ese país desde 1999 y ha negado toda implicación en la asonada.