Las claves de la decisión del tribunal de la ONU que ordena a Israel que impida un genocidio en Gaza

En medio de una enorme expectación, el máximo tribunal de Naciones Unidas ha ordenado a este viernes a Israel que tome medidas para impedir actos de genocidio por parte de sus fuerzas en Gaza y permita que entre más ayuda humanitaria al enclave palestino, donde su devastadora ofensiva ya ha matado a más de 26.000 personas, según las autoridades locales. 

A pesar de que ha fallado a favor de imponer medidas cautelares, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no ha pedido a Israel que suspenda inmediatamente su campaña militar, como había solicitado Sudáfrica en su demanda, en la que acusa a Tel Aviv de cometer “actos genocidas” contra la población palestina en Gaza.

Esto son algunas claves:

¿Qué ha ordenado el tribunal?

La Corte Internacional de Justicia ha declarado que los palestinos tienen derecho a ser protegidos de actos de genocidio y ha ordenado a Israel “tomar todas las medidas a su alcance” para impedir tales acciones y permitir la entrada de la ayuda humanitaria que tanta falta hace en el enclave asolado por una guerra que ya se ha alargado más de tres meses. El tribunal dice que el país “debe tomar medidas a su alcance para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio en relación con los miembros de los grupos palestinos de la Franja de Gaza”.

Al leer la orden, la presidenta del tribunal, la estadounidense Joan Donoghue, ha repasado varias declaraciones incendiarias de dirigentes israelíes y ha defendido la imposición de medidas cautelares alegando que “la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza corre un grave riesgo de deteriorarse aún más antes de que el tribunal dicte su sentencia final”. Ha destacado que la CIJ está “profundamente preocupada por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano”, ha pedido la liberación de los rehenes capturados en Israel y ha tomado nota de las advertencias de la comunidad internacional sobre el deterioro de la situación humanitaria en Gaza.

Donoghue también ha dicho que Israel debe garantizar la preservación de las pruebas del presunto genocidio y debe informar al tribunal de las medidas tomadas en el plazo de un mes.

¿Pide un cese de las operaciones militares?

No. Si bien es un veredicto contundente en el que la gran mayoría de los 17 jueces de la CIJ han votado a favor de medidas urgentes que cubren una gran parte de lo que pedía Sudáfrica, no ordena explícitamente el cese de las acciones militares en Gaza, como también había reclamado el país africano, generando una gran expectación. 

En la escalinata de la sede del tribunal en La Haya, la ministra de Exteriores de Sudáfrica ha dicho que Israel “tendrá que detener los combates en la asediada Franja de Gaza si quiere acatar las órdenes” de la Corte. “¿Cómo se puede suministrar ayuda y agua sin un alto el fuego? Si se lee la orden, implícitamente debe producirse un alto el fuego”. 

A juicio de Sonia Boulos, profesora de derecho internacional en la Universidad Antonio de Nebrija, “la reticencia de la Corte” a ordenar una detención de las operaciones “no debería llevar a ignorar los aspectos importantes de la decisión”. La experta cree que hay factores clave que pueden explicarlo. “Primero, la CIJ no tiene poder para ordenar a las milicias palestinas que detengan sus operaciones militares porque no son parte de la disputa legal, por lo que supongo que la CIJ temía las críticas por exigir a Israel que detuviera sus operaciones y dejar a las milicias palestinas fuera de la ecuación. El segundo factor es que la CIJ se apresuraría a dictar una medida cuando es obvio que va a ser ignorada. Debemos recordar que Rusia ignoró por completo la orden de detener sus operaciones militares”, dice a elDiario.es.

Las nueve medidas solicitadas por Sudáfrica iban desde una suspensión inmediata de las operaciones militares de Israel en Gaza hasta que sus fuerzas tomen “todas las medidas razonables” para impedir el genocidio, pasando por impedir los desplazamientos forzosos, permitir que los civiles reciban agua y alimentos y garantizar que se conserven las pruebas de cualquier posible genocidio.

¿Qué dicen las partes?

Sudáfrica ha celebrado este viernes lo que ha calificado de “victoria decisiva”. “El día de hoy marca una victoria decisiva para el Estado de derecho internacional y un hito significativo en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino”, dice el Gobierno sudafricano en un comunicado, en el que habla de fallo “trascendental”. Sudáfrica presentó su demanda el 29 de diciembre y las audiencias públicas ante la Corte dieron comienzo este mes de enero. Decenas de países han dado su apoyo a la demanda sudafricana. 

A pesar de su ofensiva retórica contra la ONU, Israel se ha tomado en serio las acusaciones de Sudáfrica y ha enviado un sólido equipo legal a La Haya para defender sus acciones en Gaza. Durante el proceso, el país ha negado las acusaciones calificándolas de “extremadamente distorsionadas” y argumentando que tiene derecho a defenderse después del ataque de Hamás del 7 de octubre en el que murieron unas 1.200 personas. En el mismo mensaje ha insistido el primer ministro Benjamín Netanyahu tras la decisión de la CIJ. “El vil intento de negar a Israel este derecho fundamental a la autodefensa es una discriminación flagrante contra el Estado judío, y ha sido justamente rechazado”, ha dicho, y añadido que Israel “seguirá defendiéndose” de Hamás, que ha definido como una “organización terrorista y genocida”.

¿El veredicto significa que el tribunal cree que se está cometiendo un genocidio?

No exactamente. Para obtener medidas cautelares, Sudáfrica no necesitaba demostrar que Israel está cometiendo un genocidio en el enclave palestino, sino que el tribunal es competente y que las acciones israelíes que denuncia pueden estar amparadas por la Convención sobre el Genocidio. 

Este viernes, la Corte ha dicho que no desestimará el caso de genocidio –como intentó Israel– y que los palestinos son un grupo protegido bajo este tratado. En opinión del tribunal, “al menos algunos de los derechos reivindicados por Sudáfrica y para los que solicita protección son plausibles”, en concreto el derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio. “Ordenar medidas provisionales significa que enmarcar la violencia actual en Gaza como un genocidio es legalmente posible sobre la base de las pruebas aún parciales que existen sobre el terreno”, dice Boulos.

Pero el tribunal aún no ha decidido sobre el fondo de las acusaciones. Se da por hecho que el fallo definitivo sobre el caso general puede tardar años. Las sentencias del tribunal son definitivas y no pueden ser apeladas.

¿Hay precedentes de medidas cautelares dictadas por la CIJ en casos de genocidio? 

Sí. Recientemente, se han dictado decisiones provisionales en casos relacionados con el trato dado por Myanmar a la población rohingya, así como la invasión rusa de Ucrania. En este último caso, en marzo de 2022, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Moscú suspender “inmediatamente” sus operaciones militares en el país, pero estas continúan a día de hoy. A diferencia de los israelíes, los representantes rusos no asistieron a las audiencias en La Haya. Boulos sostiene que, en el caso contra Rusia, la disputa fue diferente. “Ucrania quería que la corte refutara el argumento de Rusia de que Ucrania estaba cometiendo genocidio, que fue utilizado por Rusia para justificar su guerra de agresión contra Ucrania”, dice.

Entonces, ¿ahora qué?

Las medidas cautelares dictadas por los jueces son medidas previas a una decisión definitiva y, en teoría, se deberían aplicar hasta que se juzgue el fondo del caso, un proceso judicial que puede llevar años. Las decisiones de la CIJ son jurídicamente vinculantes y de obligado cumplimiento, pero su ejecución depende de la voluntad de los países y el tribunal no tiene medios reales para hacerlas cumplir, en consonancia con la dificultad general de hacer cumplir el derecho internacional. De momento, Netanyahu ha prometido continuar con la campaña militar y, a principios de este mes, dijo: “Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal, ni nadie más”.

La comunidad internacional puede actuar. Si un país no acata una orden de la Corte, se puede recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU, que puede recomendar o decidir las medidas que deben adoptarse para dar efecto a la sentencia. No obstante, hasta ahora, el Consejo ha estado paralizado a la hora de pedir un alto el fuego en la guerra en Gaza, principalmente por el poder de veto de Estados Unidos, aliado de Israel, que también considera que la demanda sudafricana carece de fundamento. Sudáfrica ha dicho que la orden se notificará ahora formalmente al Consejo de Seguridad, señalando que no se puede permitir que el poder de veto que ejercen los Estados a título individual frustre la justicia internacional“.

“Seamos realistas: lo más probable es que el veto estadounidense impida que se voten medidas coercitivas”, dice a elDiario.es Ahmed Benchemsi, director de comunicaciones para la división de Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch (HRW), organización que ha calificado la decisión de “histórica”.

Aunque no la acate, se considera que una decisión adversa es perjudicial para la reputación del país gobernado por Netanyahu, redobla la presión sobre Israel y sus aliados y sienta un precedente legal.

“Como mínimo, la presión sobre el Gobierno de Netanyahu aumentará considerablemente. La Unión Europea acaba de declarar que espera de la orden del tribunal 'una aplicación plena, inmediata y efectiva'. Incluso Alemania, que suele ponerse inequívocamente del lado de Israel, declaró que ”las medidas provisionales son vinculantes según el derecho internacional (y que Israel debe acatarlas). Eso es alentador“, dice el responsable de HRW, quien sostiene que aunque no haya llegado a ordenar el alto el fuego, la decisión del tribunal ”no es ni mucho menos anecdótica o carente de sentido, sino todo lo contrario“. 

En la misma línea, Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense, cree que, pese a no exigir un alto el fuego inmediato, el fallo “es una clara victoria de los palestinos que pone en evidencia el aislamiento de Israel y del Gobierno Netanyahu, ya que considera 'plausible' que esté llevando a cabo un genocidio”, ha escrito en X (antes Twitter).

Hay juristas que creen que una decisión contra Israel podría servir como pretexto para imponer sanciones o influir en la venta de armas. “Se puede argumentar que los estados miembros tienen la obligación de no vender armas a un país al que la CIJ le ordena que se abstenga de actos o que impidiera actos que podrían equivaler a genocidio”, dice Boulos, que opina que la orden pone las acciones de Israel bajo el escrutinio de la corte y la comunidad internacional, “especialmente en relación con la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria”. La experta también señala que este “reconocimiento mínimo de que la acción de Israel podría equivaler a genocidio se podría utilizar para presionar a la Corte Penal Internacional para que investigue más rápidamente las acusaciones de crímenes internacionales de ambas partes”.

“Los terceros Estados son ahora conscientes de la existencia de un grave riesgo de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Por lo tanto, también deben actuar de forma independiente e inmediata”, ha dicho por su parte el Gobierno sudafricano, que señala que “espera sinceramente que Israel no actúe para frustrar la aplicación de esta orden, como ha amenazado públicamente con hacer”.

¿Qué dice la Convención sobre el Genocidio?

El tratado que está en el centro del caso, cuyo nombre completo es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, data de 1948 y ha sido ratificado por 153 Estados, entre ellos Israel. Se adoptó tras el Holocausto, en el que la Alemania nazi asesinó a más de seis millones de judíos.

Según el texto, se entiende por genocidio los actos perpetrados con la intención de “destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, entre los que figuran la matanza de miembros del grupo, causar daños graves físicos o mentales de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Nadie es inmune a la acusación de genocidio. Por su extrema gravedad, a menudo se cataloga este delito como el “crimen de crímenes”, como lo definió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1998.

¿Qué es la Corte Internacional de Justicia?

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de Naciones Unidas y se encarga de resolver controversias jurídicas entre los Estados. Esta es una de las principales diferencias con la Corte Penal Internacional (CPI) –que también está en La Haya (Países Bajos) y está investigando en estos momentos presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel (y Hamás). La Corte Penal Internacional juzga a individuos y no es parte de la ONU. En cambio, la CIJ, al no ser un tribunal penal, no cuenta con un fiscal capaz de iniciar procedimientos.

Cualquier caso relacionado con la responsabilidad de un Estado por genocidio puede someterse a la Corte Internacional de Justicia.