Claves de la ley de medios de la UE que cuela el espionaje a periodistas por “seguridad nacional”

La intención de Bruselas de regular la libertad de medios, con medidas como la obligatoriedad de publicar la información sobre sus propietarios o estableciendo requisitos para la publicidad institucional, se ha convertido en una batalla por el derecho a la información y la libertad de expresión. En la práctica, la ‘Ley de Libertad de Medios’ fija las bases en las que los periodistas pueden ser sometidos a procesos de vigilancia y la negociación amenaza con abrir la puerta al espionaje legalizado en pos del amplio concepto de seguridad nacional. 

La Comisión Europea presentó hace un año la Ley de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de garantizar la independencia de las empresas periodísticas. Pero bucear en la letra pequeña ha hecho saltar las alarmas de sindicatos de periodistas y plataformas sobre derechos digitales, que consideran que algunos puntos de la normativa amenazan el principio básico de la profesión: la protección de las fuentes. 

La propuesta abre la puerta a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes en caso de que esté justificado por “una razón imperiosa de interés general”. Se trata de un paraguas muy amplio. En el caso de los software espías, como Pegasus, la normativa avalaría su instalación “por razones de seguridad nacional” o si los periodistas son sospechosos de delitos graves (como terrorismo, trata de seres humanos, violación, etc.). 

El Consejo, donde están representados los gobiernos, endureció aún más la iniciativa al incluir una cláusula por la que todas las garantías incluidas en la norma (prohibición de detener, sancionar o vigilar a los periodistas) podrían desaparecer bajo la premisa de la “responsabilidad de salvaguardar la seguridad nacional” por parte de los Estados miembros. 

“La inclusión de ese párrafo no solo debilitaría las salvaguardias sino que en realidad incentivaría el uso de software espía contra periodistas a discreción de los Estados miembros”, denuncia la Plataforma Europea de Derechos Digitales (EDRI). 

En Francia, que es el país que más presionó para incluir esa premisa, se ha producido un caso que ilustra el choque entre el periodismo y la apelación a la seguridad nacional para cortocircuitar la información con la detención de la periodista Arianne Lavrilleux por revelar que su país cometió violaciones en una operación encubierta en Egipto. La exclusiva ha derivado en una investigación penal en la que está acusada de desvelar  “secretos de defensa nacional” protegidos por la ley francesa.

El caso se ha producido en plena negociación de la EMFA en Bruselas. Las plataformas de derechos digitales y los sindicatos de periodistas están presionando al Parlamento Europeo para que prohíba la posibilidad de espiar a los periodistas en todos los supuestos. La Eurocámara votará definitivamente su posición –de cara a la negociación posterior con el Consejo y la Comisión en los denominados trílogos– en el próximo Pleno. El texto trabajado por los eurodiputados incluye más salvaguardas con la intención de complicar a los Estados la capacidad de intrusión en la labor periodística. 

Pero sindicatos y plataformas consideran que es insuficiente. “El texto dice que las autoridades sólo pueden poner a los periodistas bajo vigilancia o detenerlos si son sospechosos de un delito grave y que estas medidas no deben conducir en ningún caso a acceder a la información de sus fuentes. Pero será muy difícil aplicar estas restricciones en la práctica”, argumenta Chloé Berthélémy, asesora senior de políticas públicas de EDRI. 

“La EMFA es la primera oportunidad a escala de la UE de prohibir la vigilancia mediante programas espía, aunque solo sea para un grupo específico. Si perdemos esta oportunidad para los periodistas, la perderemos para todos los demás”, concluye. 

¿Moderar los contenidos de los medios de comunicación?

El otro punto conflictivo de la futura regulación tiene que ver con la protección de los medios de comunicación respecto a los contenidos ilícitos o inapropiados. Con carácter general, la norma pretende impedir que los contenidos periodísticos puedan ser retirados. El objetivo es preservar el trabajo de periodistas en países con derivas autoritarias, como Polonia y Hungría. El problema surge a la hora de definir qué son medios de comunicación. La intención de los legisladores es que sea un concepto amplio en el que sea fácil cumplir los requisitos y emerge la preocupación de que sea un coladero de páginas agit-prop de la extrema derecha. 

“Para garantizar que los medios de comunicación de la UE estén protegidos de las grandes plataformas en línea que suprimen o restringen arbitrariamente sus contenidos, los eurodiputados introducen un procedimiento de autodeclaración y verificación para ayudar a distinguir los medios independientes de los deshonestos. También proponen una ventana de negociación de 24 horas, con la participación de los reguladores nacionales, antes de que una gran plataforma en línea pueda proceder a suspender o restringir contenidos”, explica la Eurocámara. La Comisión Europea establecía que los conflictos sobre los contenidos deban resolverse “de manera prioritaria y sin demora indebida” y el Consejo también apuesta por una formulación similar. 

El plazo de 24 horas no convence a algunas plataformas de informadores. “Esta exención permitiría a los delincuentes hacerse pasar por medios de comunicación para difundir desinformación durante 24 horas antes de que las plataformas puedan retirarla”, señalan desde la Asociación de la Industria Informática y de las Comunicaciones (CICA, por sus siglas en inglés). 

La Eurocámara fijará a principios de octubre formalmente su posición de cara a las negociaciones con la Comisión Europea y los 27 que tendrá que pilotar la presidencia española con el objetivo de que la nueva regulación quede aprobada a principios de año.