Claves de la ley ómnibus de Milei: penas de cárcel para promotores de protestas, emergencia económica y privatizaciones

El Gobierno del ultraderechista Javier Milei presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados de Argentina el anunciado paquete de medidas, o ley ómnibus, que pretende que le aprueben y cuyo título es “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”.

Entre las principales medidas, declara la emergencia económica hasta 2027 —lo que le otorgaría a Milei una mayor concentración de poder— y la privatización de las empresas públicas; establece controles a las protestas y propone importantes modificaciones al sistema electoral, como la elección de diputados nacionales por distrito único y la eliminación de las elecciones primarias (PASO).

A diferencia del megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó el presidente de Argentina la semana pasada, para que este texto —que agrupa decenas de proyectos de ley y que tiene 664 artículos— entre en vigencia debe ser aprobado por el Congreso, porque establece en su mayoría medidas cuya índole (impositiva, penal, económica y de los partidos políticos) impide que sean legisladas por decreto, de acuerdo con la Constitución nacional.

La formación de ultraderecha de Milei, La Libertad Avanza, tiene una mínima representación legislativa, pero tiene como aliada a buena parte del frente de centroderecha Juntos por el Cambio, con fuerte peso en ambas cámaras del Congreso.

Los argumentos

Las 11 primeras páginas de las 351 que conforman el voluminoso PDF de la ley ómnibus están dedicadas a la argumentación y la presentación de las propuestas. Con la firma del presidente Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y de sus ministros, el Gobierno justifica la necesidad de impulsar este paquete de reformas en la “dramática situación económica y social en la que está sumido nuestro país”, una “grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado”.

Para resaltar el ideario del gobierno de La Libertad Avanza, el proyecto indica que “esta crisis es el producto de haber abandonado el modelo de la Democracia Liberal y la Economía de Mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado, durante décadas, hacia un modelo de Democracia Social y Economía Planificada que no solamente ha fracasado en nuestro país sino en todos los países en donde se ha implementado a lo largo de la Historia”.

La ley ómnibus de Milei establece entre sus primeros capítulos el establecimiento de una “política pública de calidad regulatoria” con el fin de lograr la “la desburocratización, digitalización y simplificación de la normativa administrativa”, y faculta al Poder Ejecutivo nacional a “concentrar en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas, hoy disperso en diversas normas que regulan aspectos generales”, según los fundamentos.

El superproyecto de Milei dispone “la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado”, sancionada en 1989 en los albores de la presidencia de Carlos Menem y aún vigente, “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”.

Qué dice la ley ómnibus de Milei

• Declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025” y “dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional” por hasta dos años más. En los hechos, supone otorgarle al presidente de la Nación una importante concentración de poder durante todo su mandato.

• Propone reformas de alto impacto en el sistema electoral: elimina las elecciones primarias, suprime la elección de diputado por las minorías y quita los espacios de propaganda gratuitos para los candidatos. Asimismo, apunta a reinstalar el mecanismo de que cada partido financie su campaña y elimina el tope para aportantes, entre otros cambios. 

• Privatización de determinadas empresas públicas. Como ya lo había anunciado el presidente, se buscará avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas, la petrolera YPF y el Banco Nación, pero a ellas se suman otras 38 compañías.

• Aumentos para los jubilados por decreto, ya sin fórmula de movilidad.

• Modificación al impuesto a los Bienes Personales.

• Aprobación del del DNU, que dispone 366 medidas eludiendo el control de su contenido por parte del Congreso.

• “Las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación” y “el encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa”.

• Incluye medidas fiscales y varios capítulos: uno sobre moratoria de deudas impositivas, otro sobre blanqueo de capitales no declarados; rebaja de alícuotas del tributo de bienes personales, es decir, un alivio a los más ricos en medio de uno de los ajustes más grandes de la historia del país y que afecta a los asalariados, jubilados, obreros de la construcción y usuarios de luz, gas, agua y transporte público; una merma del impuesto interno al cigarrillo; el incremento de las retenciones a la exportación al 15%, salvo excepciones, para un sector que venía castigado por un tipo de cambio bajo y que ahora es compensado con uno momentáneamente alto; y la derogación del impuesto a las transferencias de inmuebles (ITI).

• Deroga la Ley de Defensa de la Competencia y la reemplaza por una nueva que crea la Agencia de Mercados y Competencia y la faculta a “investigar conductas anticompetitivas de organismos públicos”.

• Dispone el cierre del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes, además de la reducción de la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

• Propone el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

• Derogación de la ley de defensa de la actividad librera.

• Libertad a las compañías de seguros para definir sus productos sin autorización previa del ente supervisor.

• Se habilita la eliminación de deudas intrasector público, donde “el gobierno tiene al mismo tiempo activos y pasivos que pueden ser cancelados sin afectación patrimonial pero con amplios beneficios, de transparencia y reducción de costos de gestión”.

• En materia de seguridad, se establece un régimen para la organización de manifestaciones con el fin de garantizar la libre circulación y normal desarrollo de las actividades económicas y laborales de todos los habitantes de la Nación, en respeto de los derechos fundamentales de libertad de expresión y asociación.

• Se agravan asimismo las penas para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y se regula el derecho a la legítima defensa, brindando mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad.

• La disolución del vínculo matrimonial con la sola presentación ante el mismo órgano administrativo que celebró el matrimonio civil, sin necesidad de intervención judicial.

• Se modifica la Ley de Sociedades para incluir las modernas teorías societarias y se incluye como sociedad unipersonal a las sociedades de Responsabilidad Limitada, “a fin de facilitar la radicación de empresas extranjeras”.

• Cambios en la ley de quema, “permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación”. El Fondo de bosques nativos pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin.

• Modificación a la Ley de Glaciares “a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias”.

• Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

• Cambios en el sistema educativo, con un examen integrador al finalizar la educación secundaria.

• Se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.

• Cambios en la organización del transporte de cargas y multimodal “a los fines de agilizar y digitalizar los procesos”. A su vez se libera la carga del propietario de los requisitos del transporte de cargas.

• En la Ley de Tránsito “se amplían las bocas para la VTV, se indica la necesidad de eliminar los peajes físicos y se habilita la modalidad de conducción autónoma”.

• Cambios en el régimen de concesiones y obras públicas.

• Reforma a la ley de los Mil Días: al referirse a los cuidados de los niños y las niñas introduce la aclaración “desde su concepción”. Además, elimina la palabra niñas y sólo se refiere a “madres”. Ni a “mujeres” ni a “personas gestantes”, términos que figuran en la norma que pretende modificar.