Después de dos jornadas de protestas masivas contra el proyecto de ley de reforma de las pensiones, se ha instalado un pulso entre el Gobierno francés y la fuerte movilización social encabezada por los sindicatos.
Las ocho principales organizaciones de trabajadores, que han hecho frente común, han llamado a redoblar los esfuerzos en las dos nuevas jornadas de huelgas y manifestaciones convocadas este martes y este sábado, que coinciden con el comienzo de los debates parlamentarios en sesión abierta en la Asamblea Nacional esta semana.
¿Qué planea el Gobierno francés?
La Asamblea Nacional francesa ha dado comienzo este lunes al debate sobre la impopular reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno galo. La reforma contempla como ejes principales el aumento de la edad mínima de jubilación y el adelanto a 2027 de la subida del periodo de cotización para poder disfrutar de una pensión completa.
También propone acabar con los regímenes especiales de jubilación, más ventajosos que el del sistema general y utilizados en muchas ocasiones por empresas del sector público, como la eléctrica estatal EDF. El Ejecutivo de la primera ministra Élisabeth Borne no ha cedido a pesar de las grandes movilizaciones organizadas por los sindicatos en las últimas semanas.
¿Cómo la justifica?
La principal referencia en el debate público son los trabajos del Consejo de Orientación de las Pensiones (COR), que reúne a parlamentarios, representantes de organizaciones profesionales y sindicales, miembros de la administración y expertos. Este organismo realiza simulaciones teniendo en cuenta posibles escenarios de evolución demográfica, situación económica y del mercado laboral.
Según su último informe, el régimen de las pensiones francés pasará a ser deficitario en las próximas décadas (aunque el COR matiza que podría tratarse de un déficit temporal y limitado). A partir de ahí, se plantea la cuestión de cómo compensarlo.
El Ejecutivo es partidario de una vía directa (que los sindicatos y la oposición califican de brutal), con el aumento de la edad mínima de jubilación de dos años (de 62 actuales a 64 en 2030), además de una ampliación en el periodo de cotización, que ya estaba prevista en la última reforma aprobada en 2014, pero ahora que se va a acelerar (de 42 años cotizados actuales se pasará a 43 en 2027).
“Tenemos un modelo social cuyo futuro debemos asegurar”, ha declarado Élisabeth Borne, añadiendo que no hacer nada “llevaría al país a su perdición, al empobrecer a los pensionistas, subir los impuestos o a romper la dinámica de creación de empleo”.
¿Existen alternativas al actual proyecto de ley?
Los detractores de la reforma culpan a Emmanuel Macron y a Élisabeth Borne de utilizar solo los peores escenarios de déficit para justificar medidas dolorosas en la población, particularmente para los trabajadores con salarios más bajos (que, en general, se incorporan al mercado laboral más jóvenes) y a las mujeres (la brecha salarial repercute en el nivel de las pensiones y en la edad de jubilación, de manera que se estima que el plan del Gobierno las penalizará especialmente).
También se critica que no se han explorado otras opciones. Varios dirigentes sindicales así lo expresaron a principios de enero, después de reuniones bilaterales con Borne. Afirmaron que el equilibrio del sistema podría abordarse de otra manera, por ejemplo incentivando “el empleo de los mayores” para que “alarguen voluntariamente sus carreras”, según explicó Laurent Berger, jefe de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo.
Las organizaciones de trabajadores y algunos economistas han presentado propuestas alternativas, como el abandono de las exenciones de las cotizaciones a la Seguridad Social en los salarios superiores a 2,5 veces el salario mínimo o que los ahorros de los trabajadores estén sujetos a las cotizaciones del seguro de pensiones.
El think tank Terra Nova proponía en una nota reciente un compromiso entre las diferentes vías pidiendo un esfuerzo “razonable” a trabajadores, pensionistas y empresas: aplazamiento de la edad legal hasta los 63 años, revalorización de las pensiones a un ritmo inferior a la inflación para los pensionistas que perciban más de 2.000 euros y supresión de ciertas exenciones de cotizaciones concedidas a los empresarios.
¿Cómo esperan los sindicatos frenar el proyecto de ley?
Los sindicatos cuentan con mantener los niveles de movilización de las primeras jornadas y prolongarlos en las próximas semanas. Las protestas, combinadas con la impopularidad en las encuestas, son los principales medios de presión sobre el Gobierno y los diputados. Según un reciente barómetro del instituto Elabe, el rechazo al proyecto se ha disparado 10 puntos en una semana.
De momento, las dos primeras jornadas de manifestaciones han sido masivas, tanto en París y Marsella como en muchas ciudades medianas, donde la movilización es menos habitual. La semana pasada, los sindicatos contabilizaron 2,5 millones de manifestantes (1,27 según el Ministerio del Interior). Los ocho principales sindicatos de trabajadores cuentan con aumentar la presión y han anunciado dos nuevas movilizaciones para este martes 7 y el sábado 11 de febrero.
¿Qué se juegan Borne y su Gobierno?
Desde la presentación del texto en el Consejo de Ministros, Borne se moviliza en tres frentes: la batalla de la opinión, el descontento social y la tramitación parlamentaria, donde la coalición presidencial no tiene mayoría absoluta. Macron, por su parte, se mantiene a distancia, centrado en su agenda internacional, limitándose a reafirmar la necesidad y la “justicia de la reforma”.
La pérdida de la mayoría absoluta en las últimas elecciones legislativas puso en duda la capacidad del Gobierno para sacar adelante las reformas. Desde entonces el Ejecutivo ha recurrido con frecuencia al artículo 49.3 que permite aprobar por decreto la legislación ligada a los presupuestos generales, un artículo que Borne “no contempla utilizar” para esta reforma; la aprobación por decreto de una medida a la que se opone la mayoría de la población alimentaría el descontento social.
Para evitarlos, ha negociado con el líder del partido de derecha gaullista Los Republicanos (LR) el apoyo del grupo en las votaciones parlamentarias. Si la reforma no saliese adelante sería un golpe al segundo mandato del presidente (que no puede presentarse a la reelección en 2027) y para la credibilidad del Ejecutivo que lidera Borne. De momento, la primera ministra cuenta con seguir la vía parlamentaria y capear el temporal de la movilización en la calle.
¿Cuál es la situación en el Parlamento?
Aunque el líder de Los Republicanos, Éric Ciotti, se ha comprometido a apoyar el texto, al menos una docena de parlamentarios del grupo han dado a entender que si no hay modificaciones votarán en contra, al igual que una decena de diputados de la coalición presidencial. Por otro lado, los partidos de izquierda se oponen en bloque a la reforma, lo mismo que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, de Marine Le Pen. Así, la votación en la Asamblea Nacional podría decidirse por un puñado de votos.
La Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes), coalición de fuerzas progresistas, ha expresado su intención de frenar por todos los medios la reforma, en particular multiplicando las enmiendas para bloquear la tramitación. Para salvar este obstáculo, el Gobierno ha recurrido a un artículo de la Constitución que nunca antes se había utilizado para una reforma de esta naturaleza: el apartado 1 del artículo 47, que regula las condiciones y los plazos para el examen de los proyectos de ley de financiación de la seguridad social, con el que esperan forzar al Parlamento a examinar y votar el texto en 50 días (como tarde el 26 de marzo).
¿Hay margen de negociación?
El aumento de la edad mínima de jubilación a los 64 años es una línea roja para los sindicatos y para la oposición, mientras que el Gobierno lo califica como una medida “no negociable”. En ese sentido, parece no haber margen para el acuerdo. No obstante, se espera que el Ejecutivo modifique disposiciones del texto para asegurar el apoyo de los diputados indecisos y aliviar las protestas en la calle.
Una de las primeras fue la revalorización de las pensiones mínimas. Y este domingo la primera ministra anunció en el Journal du Dimanche su intención de modificar el texto para que las personas que empiezan a trabajar entre los 20 y los 21 años puedan jubilarse a los 63. Es decir, en cuanto hayan cotizado sus 43 años, sin tener que trabajar un año más para alcanzar la nueva edad mínima de 64 años, una medida que reclamaban algunos diputados de Los Republicanos.
Otra de las alternativas que estudia el Gobierno en su reforma es la posibilidad de introducir un régimen de jubilación gradual, que permita a las personas reducir su actividad mientras perciben parte de su pensión. Este mecanismo, poco utilizado, debería flexibilizarse y ampliarse a la función pública. En Les Echos, el diputado de la mayoría presidencial Sacha Houlié abogaba por una “disminución del trabajo” en el final de la vida laboral, para que no se interrumpa “de la noche a la mañana”.