El pasado 31 de mayo, Orhan Inandi salió de casa sobre las ocho de la tarde. Según su mujer, iba a una reunión en una cafetería cercana a su casa, situada en la capital de Kirguistán, Biskek. 11 días después, Inandi no ha vuelto y nadie conoce con seguridad su paradero. Sin embargo, todas las miradas están puestas en la embajada de Turquía, donde desde el día siguiente a su desaparición se concentran familiares, amigos y simpatizantes ante la sospecha de su secuestro.
“Le llamaba, pero no respondía. Se hizo muy tarde y empecé a buscarle físicamente sobre la una y media de la madrugada”, cuenta a elDiario.es Reyhan Inandi, mujer del desaparecido. Su hermano, su hijo y un amigo de la familia se sumaron a la búsqueda. Poco después encontraron el coche de Orhan abandonado a unos siete kilómetros de casa. Estaba abierto y tenía una rueda pinchada. Esa misma noche, las autoridades de Kirguistán iniciaron su búsqueda.
Orhan Inandi es un ciudadano turco que lleva viviendo en Kirguistán 26 años y obtuvo la nacionalidad del país en 2012. Es el fundador de la red de escuelas Sapat, un conglomerado de 25 instituciones educativas asociadas a los seguidores del predicador Fethullah Gulen, a quien Erdogan acusa de orquestar el intento de golpe de Estado de 2016 que acabó con aproximadamente 265 muertos, según cifras oficiales.
Desde entonces, el Gobierno de Erdogan ha puesto en marcha una operación secreta para detener a miembros del Movimiento Gulen en el extranjero y llevarlos ilegalmente a Turquía en un programa similar al de entregas extraordinarias de terroristas desplegado por EEUU tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En este caso, cuando los objetivos pisan tierra turca, el Gobierno confirma su participación y el liderazgo de los servicios secretos turcos, el MIT.
Visita del presidente kirguís a Turquía
Reyhan Inandi está convencida de que su marido está encerrado en la embajada. “Es más que un rumor. No puedo revelar su identidad, pero fuentes de dentro y fuera de la embajada nos han dicho que está ahí. Es lo más probable y tenemos razones para creerlo”, dice. La ONG Turkey Tribunal, liderada por el antiguo viceprimer ministro belga Johan Vande Lanotte, dice también haber recibido pruebas de que Inandi está encerrado en la embajada.
“Seguimos con gran preocupación el secuestro ilegal de Turquía del profesor turco Orhan Inandi en Kirguistán por vínculos con el Movimiento Gulen”, ha afirmado Fulvio Martusciello, eurodiputado italiano del Partido Popular Europeo y presidente de los comités de Cooperación Parlamentaria de la UE con Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. “Turquía debe abstenerse de cualquier intento de deportarlo. Pedimos a las autoridades kirguisas que tomen todas las medidas posibles para garantizar su liberación”. En caso de estar en la embajada, las autoridades de Kirguistán no pueden entrar en la misión diplomática si no es con autorización turca.
Miembros del Ministerio de Exteriores de Kirguistán se han reunido en los últimos días con el embajador turco en el país. “El embajador negó las declaraciones de la mujer de Orhan Inandi y dijo que no eran ciertas”, dijo el viceministro de Exteriores kirguís Aibek Artykbaev. En este contexto, el martes, cuando Orhan llevaba ocho días desaparecido, el Gobierno de Erdogan anunció una visita a Turquía del presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, para el día siguiente.
“El presidente Japarov preguntó a su colega Recep Tayyip Erdogan sobre Orhan Inandi, que ha desaparecido en Kirguistán. Erdogan ha contestado que no le conoce, que no tiene información y que no quiere escuchar nada de gente que apoya a FETO [nombre que utiliza el Gobierno de Turquía para calificar de terrorista a los seguidores de Gulen]”, declaró el jueves el portavoz del presidente kirguís a la agencia de noticias 24.kg. Ese mismo día, Erdogan afirmó en la rueda de prensa conjunta que ambos líderes discutieron “los asuntos de la lucha contra el terrorismo, incluido FETO”.
Reyhan Inandi dice que después del intento de golpe de Estado de 2016 su marido se convirtió en “objetivo número uno del Gobierno de Turquía”. “Desde hace mucho hemos sido acusados falsamente por el Gobierno turco por nuestra afiliación al Movimiento Gulen”, dice. Un profesor de las escuelas que prefiere no revelar su identidad, señala: “Turquía intentó varias veces el año pasado que las autoridades de Kirguistán extraditaran a nuestro personal, pero afortunadamente no lo hicieron. Tenemos miedo del futuro de nuestras escuelas aquí”.
“No puedo hacer nada si finalmente es deportado”, dice Reyhan. “No estaríamos pasando por esto si Turquía fuese un Estado de derecho, pero como no lo es, no puedo luchar por él utilizando la vía legal”. La ONG Human Rights Watch también ha denunciado el caso: “Si es devuelto a Turquía, Inandi podría estar en riesfo de maltrato o tortura y se enfrentaría a detención arbitraria y a un juicio injusto”.
El modus operandi de Turquía
La desaparición de Inandi coincide claramente con un patrón de comportamiento de Turquía contra sus enemigos gulenistas en el exterior. Hace un año los relatores especiales de la ONU en desapariciones involuntarias; derechos humanos de los migrantes; promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; y sobre la tortura escribieron una carta al Gobierno de Erdogan mostrando su preocupación ante “lo que parece una práctica sistemática de secuestros extraterritoriales y devoluciones forzadas de nacionales turcos desde múltiples países”.
“En 2017, la agencia de inteligencia turca (MIT) creó supuestamente un departamento para llevar a cabo las operaciones en el extranjero, al que se cree que el Gobierno ha asignado cinco millones de dólares para que se utilicen presuntamente para pagar a varios grupos criminales o ilegales a cambio de lograr los objetivos establecidos”, dice la carta.
Normalmente, los objetivos desaparecen en sus países de residencia y vuelven a aparecer horas después ya detenidos en Turquía una vez ha concluido la operación. Si la desaparición de Inandi se enmarca en este tipo de operaciones, algo parece haber salido mal a Turquía. En Mongolia se dio una situación similar en 2018, cuando Veysel Akçay, otro director de escuelas relacionadas con el Movimiento Gulen, salió de casa hacia el colegio y fue secuestrado.
“Nada más salir a la calle vi a dos personas acercarse a mí. Se notaba que no tenían buenas intenciones. Intenté escaparme, pero no pude. Me cogieron de los brazos y me llevaron hacía un coche. Grité pidiendo socorro. Una mujer que pasaba por ahí hizo una grabación de vídeo y avisó a la policía”, relató a elDiario.es. Cuenta que pasó varias horas en el coche. “Lo único que pensaba era que me llevarían hasta la frontera rusa y de ahí me subirían a un avión para deportarme, pero más tarde me di cuenta de que estábamos dando vueltas alrededor del aeropuerto”.
Finalmente, los secuestradores de Akçay le dejaron de nuevo cerca de su casa sobre las siete de la tarde. Durante todas esas horas en las que estuvo desaparecido, familias, colegas y simpatizantes se agolparon en el aeropuerto, donde había aterrizado un avión sospechoso procedente de Turquía. De hecho, el Gobierno de Mongolia prohibió el despegue del avión y el ministro de Exteriores señaló que cualquier deportación de Akçay sería una “violación inaceptable de la soberanía e independencia de Mongolia”.
Una investigación posterior reveló que el avión, con matrícula TT4010, pertenecía a la empresa BirleÅŸik Ä°nÅŸaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.Åž, registrada en el número 61 de la calle Ahmet Hamdi, en el suburbio de Ankara de Yenimahalle. Esta es precisamente la ubicación donde se alojan los miembros de los servicios de inteligencia turcos, cuya sede también está en la misma calle. La misma empresa tenía otro avión que tan solo un mes antes había aterrizado en Kosovo y, esta vez sí, había logrado deportar ilegalmente a seis ciudadanos turcos –también profesores– que posteriormente fueron condenados a prisión.
Condena a Moldavia y participación de autoridades locales
En ocasiones estas operaciones se llevan a cabo con el apoyo de algunas autoridades locales, pero eso no lo convierte en legal. En junio de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Moldavia por una operación de marzo de 2018 en el que siete ciudadanos turcos que trabajaban en una de las escuelas afiliadas al Movimiento Gulen fueron deportados ilegalmente a Turquía.
“Queda claro que la operación conjunta de los servicios secretos de Moldavia y Turquía se había preparado con anticipación antes de septiembre de 2018”, afirma el fallo. “Los hechos demuestran que la operación se organizó de tal forma para sorprender a los demandantes y que no tuviesen ni el tiempo ni la posibilidad de defenderse”.
“Fueron trasladados directamente al aeropuerto, donde un avión enviado para la ocasión les estaba esperando y les llevó inmediatamente a Turquía”, señala la sentencia. “Las familias no supieron nada de su destino durante varias semanas”.
Unos días antes de la operación contra Inandi, un sobrino del propio Fethullah Gulen fue capturado en Kenia y deportado a Turquía en una de estas operaciones. Erdogan vendió la operación como la “captura de un miembro muy importante de FETO”.
Erdogan no descansa en su lucha por desmantelar la fuerte estructura mundial del Movimiente Gulen, a quien hace años vio como un aliado, y está cumpliendo con la promesa que hizo su portavoz: “Sentirán el aliento de Turquía en su nuca”.