Colombia documenta siete décadas de violencia de las FARC y el ejército: “Sin verdad, la reconciliación no es posible”

Varios gestos cargados de simbología afloraron este martes en el centro de Bogotá, donde se presentó el informe final encargado en 2017 a la institucional Comisión de la Verdad para tratar de esclarecer las raíces de más de seis décadas de violencia en Colombia. El lugar escogido para el evento fue el teatro Jorge Eliecer Gaitán, bautizado con el nombre de un caudillo liberal asesinado a mediados del siglo pasado. Así mismo, la ausencia del actual presidente, Iván Duque, que estaba de viaje en Lisboa, contrastó de forma notoria con la presencia del mandatario electo, Gustavo Petro, quien recibió el documento y a su vez lanzó la promesa de no convertir su contenido en “un espacio de venganza”.

La ausencia de uno, y la ovación de un teatro abarrotado a la entrada del otro, reflejan la brecha que se vive hoy en Colombia. De hecho, ningún representante del actual Gobierno acudió a un acto presidido por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, cabeza y guía del informe encargado a 13 comisionados tras el acuerdo de paz firmado en La Habana (Cuba) entre la desaparecida guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos en septiembre de 2016.

El informe final, dividido en diez capítulos, se basa en 27.500 relatos de víctimas y actores de la guerra. Pueblos indígenas, negros, campesinos, intelectuales, pero también miembros del ejército, los expresidentes y políticos y empresarios que aportaron sus historias y memorias de una violencia que, a pesar de continuar viva, se ha reducido a escalas mucho menores. “¿Por qué dejamos pasar este despedazamiento de nosotros mismos?”, preguntó el jesuita de 78 años, una suerte de autoridad espiritual en Colombia.

“¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral?”, continuó el religioso, que lleva décadas luchando por la reconciliación del país. Sin entrar en detalles, repasó las atrocidades de paramilitares, soldados del ejército, guerrilleros y narcotraficantes. Tragedias que se ensañaron y dejaron las peores cicatrices en los actores más débiles de la población. Según la investigación, que no tiene ninguna validez judicial, el 80% de las 450.000 víctimas asesinadas entre 1985 y 2018 fueron civiles no combatientes (la cifra podría ascender a 800.000, si se tienen en cuenta estimaciones basadas en los subregistros).

“Reconocer el dolor”

Más que una sola verdad, la Comisión lega a la sociedad un friso con cientos de miles de experiencias individuales. Historias de una sociedad que estuvo casi rota por la violencia que arreció entre 1996 y 2008, los años más duros de la escalada guerrillera, de las masacres paramilitares y del narcotráfico. Tiempos en los que la justicia penal militar trató de encubrir violaciones a los derechos humanos “como un mecanismo de impunidad durante décadas”.

Incluso hubo miembros de la Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que, según el trabajo de la comisión, colaboraron con pruebas judiciales falsas y añadieron otras fraudulentas para ayudar a la “legalización de cadáveres” en connivencia con escuadrones paramilitares. Si a eso le sumamos que el informe reconoce la forma como el narcotráfico permeó a buena parte de las instituciones y la economía, la conclusión, como aseguró una defensora de derechos humanos a la entrada del evento, no podía ser otra que “de dolor, de reconocernos en el dolor”

El médico Saúl Franco, de 77 años, fue uno de los comisionados encargados de desgranar durante los últimos tres años y siete meses esta tragedia de más de medio siglo. En un foro de Twitter, aseguró que “la gran novedad es la reconstrucción de la historia del conflicto a través de tantas voces con el único objetivo de entender por qué pasó lo que pasó”. “Si somos capaces de desprendernos de nuestros prejuicios y de asimilar los resultados, puede haber un nuevo amanecer en Colombia. Con equidad y con paz”, añadió.

Oposición al informe

Con el pasar de las horas, sin embargo, la cruda realidad de una sociedad fragmentada volvió a irrumpir en las declaraciones de miembros de la derecha radical que desde los tiempos de la administración Santos se han opuesto al proceso de La Habana. “El informe de la Comisión de la Verdad es una deshonra a la Fuerza Pública”, dijo en la cadena radial RCN la congresista radical del Centro Democrático María Fernanda Cabal.  

La política hacía referencia a las revelaciones en torno a los asesinatos de jóvenes pobres por parte del ejército que luego eran presentados como bajas guerrilleras para obtener permisos y condecoraciones. Estos crímenes, mal etiquetados “falsos positivos”, se ejecutaron en los años del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). 

“No había un ordenamiento escrito, pero el sentir (de los militares) era estar haciendo lo que la institución quería”, dijo de Roux este martes en el teatro Jorge Eliecer Gaitán. Y prosiguió: “Se trataba de un comportamiento corporativo persistente. Funcionarios del Estado violaron la ley y presentaron como victoria lo que era perverso”. Más de un militar ha confesado ante el tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP), otro organismo transicional fruto de los acuerdos, que la fiebre por mostrar resultados militares los llevó a cometer estos crímenes de guerra.

El político conservador Enrique Gómez Hurtado reflejó en declaraciones para la revista Semana el enfado que siente hoy una parte del país con el informe de 900 páginas: “Es la fase final del esquema democrático que con tanto ahínco (…) la fuerza pública defendió del embate comunista”.

Según el informe final, entre 1978 y 2016 se contabilizaron 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El 78% de esos registros sucedieron entre 2002 y 2008, los años de Uribe y su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, premiado más tarde con el Nobel de Paz. El partido Centro Democrático de Uribe reaccionó a las conclusiones del estudio con un comunicado donde se lee que no estiman “apropiado que se establezcan verdades definitivas o dogmáticas sobre el conflicto y sus actores”. 

Un sector importante de la población colombiana descree de casi todas los logros que se han conseguido tras la desmovilización de la guerrilla más grande y poderosa que ha habido en Colombia, las FARC. La fiera oposición quedó en evidencia en un plebiscito que el presidente Santos impulsó para refrendar los acuerdos de paz en octubre de 2016. El “no” ganó entonces con el 50,2% de los votos, frente al 49,7% del “sí”, obligando a Santos a modificar el texto y aprobar el tratado por otros canales legales.

Desde entonces, el Gobierno de Iván Duque, y la bancada 'uribista' en el Congreso, se han dedicado a aplazar o arrinconar el desarrollo de los puntos pactados con las extintas FARC. Han alegado siempre que se trata de acuerdos que llevan a la impunidad y que resultan dañinos para la democracia y la moral de las fuerzas armadas. 

Tampoco han funcionado los intentos por hallar equilibrio entre las dos visiones de la realidad y romper la desconfianza. El oficial retirado Carlos Guillermo Ospina, único representante de los militares dentro de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, renunció a su cargo hace un par de meses por considerar que el trabajo de la entidad se empleaba de forma reteñida en centrar la responsabilidad sobre el Estado. 

Hoja de ruta

En este contexto la figura de Francisco de Roux ha servido para un ejercicio de reconciliación apoyado por las Naciones Unidas y la Unión Europea. De hecho, durante la ceremonia de este martes intervino Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien dejó un mensaje transmitido desde Ginebra: “Sin verdad, la reconciliación no es posible. Sin reconciliación, el riesgo de repetición sigue siendo real. Mi oficina analizará con mucho interés el contenido detallado del informe presentado hoy”.

Entretanto, el presidente electo Gustavo Petro, que ha prometido dar un espaldarazo al proceso de paz, dijo que “la aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, una extensión de las mismas armas vueltas palabras, vueltas relatos, narraciones de tantas personas que construyeron este informe. Tiene que ser mirado como el aporte de una de las instituciones de la paz, como la posibilidad de una reconciliación”.

La Comisión de la Verdad acaba su misión en agosto. La hoja de ruta señala que nacerá otra entidad que tendrá como misión verificar, durante siete años, la puesta en práctica de las recomendaciones. El primer paso, según el documento, será reconocer a las víctimas del conflicto armado “en su dolor, dignidad y resistencia”. Así mismo sugiere retomar el diálogo con la aún activa guerrilla castrista del ELN.

Desde las butacas del auditorio en el centro de Bogotá se escuchaban arengas de defensores sociales y líderes políticos de izquierda que reivindicaban episodios de violencia pasados o ataques contra el medio ambiente. Petro, en un tono sosegado y conciliador, recordó sobre el final algunas líneas del discurso La Soledad de América Latina, pronunciado por Gabriel García Márquez en su aceptación del premio Nobel de Literatura en 1982.

Una calculada intervención política y literaria con la que buscaba dejar claro que en su presidencia el compromiso estará volcado con las víctimas de la barbarie: “Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.