La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró este miércoles que las fuerzas policiales de Perú habrían cometido “ejecuciones extrajudiciales” durante las manifestaciones tras el fallido autogolpe del expresidente y destitución de Pedro Castillo, y que esas “masacres” habrían estado inspiradas en motivos etnico-raciales.
“Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, señaló el organismo, con sede en Washington, en un extenso informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El organismo, que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos bajo la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que en Perú se registra hace años “un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, al igual que una fuerte tensión entre Lima y otras regiones donde predomina la población indígena y campesina”.
Las protestas se desataron en diciembre después de la destitución de Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Desde el mismo momento en que asumió la presidencia de Perú, el mandatario indigenista y sindicalista docente convivió con la amenaza del desplazamiento por parte de un Congreso dominado por diferentes facciones de derecha. El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció que disolvería el parlamento y gobernaría con estado de excepción, lo que terminó de activar su destitución tras lo que fue definido como un intento de “autogolpe”.
De inmediato, las poblaciones con mayor tasa de población indígena fueron epicentro de protestas y reclamos, reprimidos por el Gobierno de Dina Boluarte, la vicepresidenta de Castillo que asumió en su reemplazo en alianza con el arco opositor de derecha. Los sucesos dejaron más de medio centenar de muertos y miles de heridos.
“Graves violaciones”
El departamento de Ayacucho (sur) fue escenario de una protesta en la que varios manifestantes trataron de tomar el aeropuerto de la cuidad homónima. El Ejército abrió fuego contra ellos, por lo que ocho personas murieron y 26 fueron heridas.
El organismo se refirió también a los sucesos de Juliaca, donde 17 manifestantes murieron en enero durante enfrentamientos con la Policía, en lo que fue descripto por los pobladores como una cacería.
Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre"
“En esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”, aseguró la CIDH en su informe.
“Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, dijo el organismo.
La investigación cubre el período entre el 7 de diciembre y el 23 de enero. El informe detalló que “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional” y “hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”.
“De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo”, añadió.
El informe fue presentado este miércoles en una rueda de prensa virtual en la que la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, llamó al Gobierno de Boluarte a investigar lo sucedido.
“Las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas en este informe deben ser investigadas inteligentemente por fiscales especializados en derechos humanos. Además, lo sucedido debe ser juzgado por jueces independientes, competentes e imparciales, dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso”, apuntó.
Tras la investigación, los “perpetradores” deberán “estar sujetos a las sanciones penales correspondientes” y “las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser reparadas integralmente”.
“La superación de la crisis requiere de diálogo y acuerdos efectivos en el marco del Estado de derecho, un diálogo amplio, genuino e incluyente, con un enfoque intercultural y territorial donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados”, añadió Macaulay, quien pidió que se adopten medidas para fortalecer las instituciones democráticas en el país.
El organismo detalla en el informe una serie de acciones que, a su entender, deberían tomar las autoridades para superar la crisis. La primera es el diálogo con las partes afectadas y en especial con los grupos indígenas, que reclaman una mayor participación política.
La CIDH pide también al Gobierno abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial, así como “delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, de forma que precisen (...) las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias”.
La comisión destaca que el descontento social no es un hecho aislado, sino que tiene sus raíces en “la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país”.