La comunidad internacional se divide entre aquellos que denuncian un golpe de Estado en Bolivia, como es el caso de Rusia, Venezuela, Uruguay, México y Cuba, entre otros; aquellos que celebran a voz en grito la salida de Morales y combaten la narrativa del golpe, principalmente EEUU o Brasil; y aquellos que se han puesto de perfil limitándose a pedir elecciones y estabilidad, léase la Unión Europea.
El caso de Rusia es uno de los más peculiares. Aunque califica lo ocurrido como un golpe de Estado, a su vez reconoce a Jeanine Áñez como presidenta interina hasta la convocatoria elecciones.
“Está claro que precisamente ella será considerada como mandataria de Bolivia en el período hasta que se elija al nuevo presidente”, señaló el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. Sin embargo, Riabkov añadió que Rusia considera “todo lo que precedió al cambio de poder como acciones que de hecho equivalieron a un golpe de Estado” . Más tarde, la portavoz del ministerio aclaró: “No se trata de un reconocimiento de que lo que ha ocurrido en Bolivia ha sido un proceso legal”.
En el otro extremo, EEUU. “Seguro que han visto declaraciones de Morales y sus seguidores afirmando que es una víctima de un golpe, a pesar de que lo que demuestran todos estos acontecimientos es que el pueblo boliviano simplemente ha tenido suficiente de un gobierno que ignora la voluntad de sus votantes”, afirmó un alto cargo del Departamento de Estado en una rueda de prensa celebrada el pasado lunes. “[El Gobierno] continuó la agitación para alimentar esta falsa narrativa que simplemente está dañando la democracia boliviana”, añadió.
Unos de esos a los que se refiere el Departamento de Estado es Bernie Sanders, candidato demócrata a la presidencia. “Al fin y al cabo fueron los militares los que intervinieron en ese proceso y le pidieron que se fuera. Cuando interviene el Ejército, en mi opinión, eso se llama golpe”. Más tarde, Mike Pompeo, el secretario de Estado, celebró la proclamación de Áñez como nueva mandataria boliviana: “EEUU aplaude a la senadora Jeanine Áñez por dar un paso adelante como presidenta interina”.
“España condena que el proceso abierto ayer hacia una nueva convocatoria electoral se haya visto distorsionado por la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía sugiriendo a Evo Morales que presentara su renuncia a la Presidencia, lo que hizo más tarde”, afirmó el Ministerio de Exteriores en un comunicado el pasado lunes recordando que el expresidente había anunciado una repetición electoral. “Esta intervención retrotrae a momentos ya pasados de la historia latinoamericana”, añadió en referencia a los golpes de Estado y juntas militares que han gobernado durante décadas en el continente.
España también ha condenado el decreto del nuevo Gobierno que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal tras el golpe si actúan “en legítima defensa o en estado de necesidad”. “Las labores de orden público a cargo de la Policía y de las Fuerzas Armadas deben realizarse dentro de la legalidad boliviana y del derecho internacional”, sostiene el ministerio en un comunicado de este lunes. España ha solicitado la apertura de una investigación independiente sobre las muertes durante las protestas.
La UE, en una equidistancia habitual, se limitó a pedir nuevas elecciones, aunque ello se ha traducido en un apoyo implícito a la presidenta autoproclamada. “La UE apoya una solución institucional que permita a un liderazgo interino preparar nuevas elecciones y evitar un vacío de poder”, afirmó la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, horas después de la proclamación de la presidenta.
El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamamiento a las partes “para que se comprometan a lograr una solución pacífica de la crisis actual y a garantizar elecciones transparentes y creíbles”. Poco antes de conocerse la dimisión de Morales, la Oficina de las Naciones Unidas en Bolivia publicó un comunicado en el que se unía “a las voces de la sociedad boliviana por restablecer el orden y la paz social”.
Por su parte, China ha solicitado que el conflicto se resuelva en el marco de la Constitución. “China espera que todas las partes en Bolivia puedan resolver sus discrepancias en el marco de la Constitución y la ley para restablecer lo más temprano posible la estabilidad política y social”, señaló el portavoz de la cancillería china, Geng Shuang.
Condena desigual en Latinoamérica
Una de las reacciones que más han resonado ha sido la del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien protagonizó uno de los momentos más tensos del Consejo Permanente de la organización el pasado martes. En su declaración, sostuvo que quien ha cometido un golpe fue Morales, acusándolo de fraude en las elecciones del 20 de octubre. “La sangre en la manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral, la OEA no dio un golpe de Estado, dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección declarando un triunfo en primera vuelta”, aseveró el diplomático uruguayo.
Aquel mismo día, más de una decena de países de la OEA pidieron la convocatoria de nuevos comicios en Bolivia “lo más pronto posible”, al mismo tiempo que evitaron calificar de golpe de Estado la salida de Morales de la presidencia. Respaldaron la declaración 15 de los 34 países miembros: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela [representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó].
Tras la renuncia de Evo Morales se sucedieron una cascada de declaraciones por parte de los líderes aliados del mandatario boliviano condenando abiertamente el golpe de Estado. Es el caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de Nicaragua, Daniel Ortega o de Cuba, Miguel Díaz-Canel. También se ha sumado esta condena Uruguay, cuyo canciller ha asegurado que el país solo reconoce “a presidentes surgidos de elecciones”, en referencia a Jeanine Áñez.
Especial papel ha tenido México, uno de los Estados más contundentes en denunciar un golpe en Bolivia que, además, ha concedido asilo a Evo Morales. “En Bolivia hay una operación militar en curso, la rechazamos, es similar a aquellos trágicos hechos que ensangrentaron nuestra América Latina el siglo pasado. México mantendrá su posición de respeto a la democracia y las instituciones. Golpe no”, ha dicho el canciller mexicano Marcelo Ebrard. También han evitado dar su respaldo a Áñez porque, dicen, el Gobierno mexicano “no reconoce gobiernos” extranjeros. “Se está en una compleja transición en Bolivia. Queremos que se respete la voluntad del pueblo boliviano y que debe manifestarse por los cauces constitucionales”, aseguró la embajada del país norteamericano en Bolivia.
Tanto el Gobierno del presidente saliente Mauricio Macri en Argentina como el de Jair Bolsonaro, en Brasil, han rehusado calificar lo ocurrido como un golpe, a diferencia de los líderes políticos Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva, que se sumaron a la ola de denuncias. Mientras el canciller argentino aseguraba que “no están los elementos para definir como un golpe de Estado”, el presidente ultranacionalista brasileño se desmarcaba alegando que “la palabra golpe es usada mucho cuando la izquierda pierde. (...) Yo no voy a entrar en esa narrativa”. Macri ha reconocido como “ referencia de autoridad” en Bolivia a Áñez, pero evitó apoyarla como presidenta provisional. Bolsonaro, por su parte, se apresuró a felicitar a la senadora opositora tras su proclamación.
A pesar de subrayar la “relación estrecha, cordial, incluso de amistad con el presidente Evo Morales”, el Gobierno peruano también ha esquivado referirse a lo ocurrido en Bolivia como un golpe de Estado. “Nosotros quisiéramos que pronto se normalice la situación en el hermano país de Bolivia, que logre estabilizarse cumpliendo las leyes y la Constitución”, ha dicho el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien ha asegurado que respeta “las decisiones que toma Bolivia para lograr normalizar su situación”.
Tampoco se ha posicionado el Ejecutivo de Colombia, aunque sí ha reconocido a Áñez como Presidenta interina de Bolivia y, dicen “la acompaña en su propósito de avanzar hacia una pronta realización de elecciones libres, transparentes y con observación internacional”, señaló un comunicado de la cancillería. Ecuador, que se había limitado a reclamar el “restablecimiento de la paz” y a subrayar “serios errores” en las elecciones, posteriormente “auguró éxitos” al nuevo Gobierno “en especial en su cometido de restablecer la paz en todo el territorio boliviano, en el marco de la Constitución y las leyes nacionales”.