Si uno firma cumplir unas reglas para entrar en un club y, cuando está dentro, dice que las reglas no le incumben, ¿qué alternativas hay? O decides cumplirlas, aunque no te gusten, o te marchas. En esa tesitura se ha colocado el Tribunal Constitucional de un país, Polonia, cuyo sistema judicial cuestiona la propia Comisión Europea y la Justicia europea por su falta de independencia.
Así, un Constitucional cuya independencia del poder Ejecutivo está en entredicho ha decidido que la Justicia europea no tiene competencias para juzgar el sistema judicial polaco. Es decir, que las leyes europeas no están por encima de las estatales; es decir, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no está por encima del sistema judicial polaco. Es decir, que Polonia dice que las normas de la UE son inconstitucionales y, por lo tanto, no deben cumplirse. Así, se sitúa al borde del Polexit.
Así, en un fallo judicial, los jueces polacos han sacado a Polonia del ordenamiento jurídico de la UE, y han dejado al país en un callejón con muy pocas salidas.
¿Quiere decir que Polonia ya no es de la UE?
No. Polonia se ha levantado dentro de la UE y se acostará dentro de la UE. Pero se ha convertido en un cuerpo extraño en un ecosistema singular, en el que está previsto el mecanismo para marcharse de la UE –el artículo 50 que activó Reino Unido con el Brexit–, pero no está previsto el mecanismo para expulsar a nadie del club.
Eso sí, se le puede hacer la vida muy difícil dentro.
¿Cómo se puede presionar a Polonia?
Hay varios caminos. El primero es el económico, y la Comisión Europea ya lo ha explorado: Polonia tiene bloqueados los fondos europeos de recuperación –23.900 millones de euros– y los de cohesión en Bruselas por la cruzada de su Gobierno –comandado por Ley y Justicia (PiS), principal aliado europeo de Vox– contra los colectivos LGTBI y la independencia judicial.
“Tengo que leer la decisión antes de analizar todos los detalles”, ha dicho el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, tras conocer la sentencia. “Es una situación que nos preocupa. Ya lo dije en los últimos meses: hay una serie de principios de la UE, que están en el núcleo creador de la UE, como las sentencias del TJUE, vinculantes para todos, que el derecho comunitario prima sobre el derecho nacional. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta y vamos a seguir usando todos los instrumentos a nuestro alcance para que se respete todo esto. Queremos ser firmes y utilizar todo lo que tenemos a mano para proteger nuestros principios, porque son el núcleo fundacional de la UE. Estamos discutiendo los fondos europeos y vamos a seguir con el proceso de condicionalidad. Quiero que quede claro que no queremos desviarnos en absoluto de estos principios”.
Reynders ha añadido: “Estos principios son el núcleo fundacional de la Unión”. Es decir, presión económica y judicial.
El Ejecutivo comunitario dio un paso más hace un mes en la medida en que el Gobierno polaco mantiene su asalto al poder judicial del país y a su desafío de la preeminencia de la legislación comunitaria sobre la estatal, y solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que imponga sanciones económicas a Polonia para garantizar el cumplimiento de la orden de medidas cautelares del Tribunal, que se refería al funcionamiento de la Sala Disciplinar del Tribunal Supremo de Polonia, y la suspensión de otras disposiciones de la legislación polaca que afectaban a la independencia judicial.
Si Bruselas mantiene cerrado el grifo de todos los fondos, incluidos los programas del Marco Financiero Plurianual (MFF, presupuesto de la UE para 2021-2026), Polonia se resentirá.
En paralelo, Polonia tiene abierto un procedimiento –artículo 7– por las violaciones del Estado de Derecho y los valores de la UE que podría concluir en que perdiera su voto en el Consejo –reuniones de los Gobiernos de los 27 miembros de la UE–. Pero para eso ocurra, hace falta unanimidad de los otros 26, algo improbable mientras estén en la sala el húngaro Víktor Orban o el checo Andrej Babis, por ejemplo.
Y si Polonia pierde los fondos y pierde el voto, pierde muchos de los beneficios de formar parte de la UE, sobre todo si tenemos en cuenta que el Consejo funciona muchas veces por unanimidad, y el voto polaco, por ejemplo, siempre fue un freno para una de las grandes prioridades de la UE, como la transición ecológica.
¿Qué puede hacer el Gobierno polaco?
De momento, ha celebrado la sentencia. No en vano, suscribe las tesis del Ejecutivo conservador del PiS. Pero le pone ante varias opciones, ninguna de ellas sencilla.
La primera, si el Constitucional dice que algunas partes del Tratado de la UE son inconstitucionales, se podría cambiar la Constitución para que entraran en ella. El problema es que, en tanto que el recurso al Constitucional fue ejercido por el Gobierno, difícilmente ese mismo Gobierno animaría un cambio constitucional para contradecirse a sí mismo. Pero es una opción.
Otra opción es pedir un cambio en los Tratados para que sean compatibles con la Constitución polaca, algo que parece imposible.
Una tercera posibilidad sería decir: como el Constitucional dice que los Tratados son inconstitucionales y no se van a cumplir, Polonia se va de la UE. Pero esto genera muchos problemas: requeriría un referéndum, que no está claro que pueda ganar el PiS y dejaría a Polonia fuera del paraguas de la UE y más cerca de la sombra de Moscú, algo que el PiS teme profundamente, a través de Bielorrusia.
¿Entonces?
Negociar. Si no se rompe, si los 26 no pueden echar sin más ni más a Polonia y Polonia no activa el artículo 50 para hacer su Polexit, solo queda buscar una vía a través de la negociación. Por ejemplo, que se busque una forma para cumplir con el TJUE sin airar al Constitucional polaco; por ejemplo, que se aplaque a Bruselas deshaciendo reformas judiciales.
Pero la presión va a ser grande. Porque si el fallo del Constitucional polaco se contagia, estalla la Unión Europea. Ya hubo un amago con los fallos del Constitucional alemán en relación con las compras de deuda por parte del Banco Central Europeo. Pero, por mucho que irriten los fallos de Karlsruhe por su desafío a la ley europea, nadie duda en Bruselas de la independencia de los jueces alemanes. De la misma manera, nadie duda en Bruselas de la poca independencia de los jueces polacos.
Y la otra posibilidad: dar tiempo a que en las próximas elecciones legislativas polacas, previstas para 2023, haya un cambio de fuerzas en Polonia que arrojen una nueva mayoría con otro rumbo político.