“Las detenciones y arrestos arbitrarios de periodistas se han convertido en un lugar común en Europa”. Es una de las conclusiones que extrae la Plataforma de Defensa del Periodismo de la institución en su informe de 2022 en el que recoge que un total de 95 reporteros pasaron por la cárcel, lo que supone un incremento del 60% respecto al año anterior. Entre los casos que cita el Consejo de Europa está el del español Pablo González, en prisión desde hace un año acusado en Polonia de espiar para Rusia.
Durante todo este tiempo, las pruebas que supuestamente existen contra él para demostrar ese espionaje o la investigación que se ha llevado a cabo no se han hecho públicas mientras permanece en prisión provisional a la espera de juicio. El Consejo de Europa advierte en su informe de los efectos negativos de la prisión preventiva. “El Tribunal Europeo de derechos humanos estableció que la detención provisional debe ser excepcional cuando periodistas u otros actores de los medios están siendo investigados”, recoge el texto.
El informe se basa en las alertas que realiza, en colaboración con las asociaciones, la plataforma del Consejo de Europa que promueve la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas. En base a las alertas que han detectado sobre la situación de los periodistas, el informe concluye que los cargos de los que se les acusa van más allá de infracciones relacionadas con la prensa: sospechas de sobornos, fraude y extorsión, organización terrorista o financiación de actividades extremistas, desobediencia, incitación al odio, conspiración, o participación en actividades de los servicios de inteligencia de terceros países, como es el caso de Pablo González.
Desde su encarcelamiento en febrero de 2022, el Gobierno se ha limitado a decir que González recibe auxilio consular y a expresar el respeto a su presunción de inocencia. “El Gobierno de España lógicamente lo que hace es respetar el Estado de Derecho de Polonia y, por lo tanto, a la Justicia polaca, igual que pedimos siempre respetar a la Justicia española y la de cualquier país de la UE”, dijo Pedro Sánchez el pasado mes de julio.
El grueso de las encarcelaciones se produjeron en Turquía (52) y Rusia (22), además de 14 en los territorios ocupados de Ucrania. A los 95, hay que sumar los 32 que se detectaron en Bielorrusia, país al que el informe dedica un apartado concreto. En total, el Consejo de Europa cifra en 156 los arrestos producidos en el continente -la mayoría de ellos en Rusia (89 más doce en los territorios ocupados de Ucrania) y Turquía (36)-. En España recoge dos: de la colaboradora de El Salto Joanna Giménez y una fotoperiodista que fueron detenidas cuando filmaban protesta de activistas de Futuro Vegetal en el Museo del Prado de Madrid.
El informe también recoge la muerte de doce reporteros que estaban desempeñando su trabajo en el marco de la guerra de Ucrania. Otros 21 han resultado heridos desde la invasión rusa en febrero de 2022. En total, más de 11.000 periodistas han sido acreditados por las autoridades ucranianas para informar del conflicto sobre el terreno. “Cubrir la guerra ha sido un gran desafío en vista de los bombardeos indiscriminados, los ataques dirigidos a las infraestructuras de radiodifusión y comunicaciones, los cortes de energía y los intentos de atacar y capturar periodistas en las zonas ocupadas”, recoge el informe.
Aparte de las muertes de los corresponsales de guerra, el informe recoge el asesinato a tiros de Güngör Arslan en Turquía.
“Hemos visto un perturbador incremento de los ataques y las amenazas contra los periodistas en los últimos años. Muchos periodistas han mostrado su coraje y otros han pagado con sus vidas por el derecho a informar sobre la guerra en Ucrania. El hecho de que muchos de esos ataques queden impunes amenaza la base de nuestras sociedades. Pido a los estados miembros que se tomen el asunto en serio y respeten y protejan los derechos de los periodistas, aseguren su seguridad, protejan sus fuentes y prevengan la censura y otras formas de interferencia en su trabajo”, señala la secretaria general, Marija PejÄinović Burić.
En total, el Consejo de Europa lanzó 289 alertas sobre amenazas o ataques a la libertad de información a lo largo del pasado año en 37 estados del continente. En esa cifra se incluye a Rusia dado que las organizaciones del sector asociadas a la institución decidieron seguir monitorizando la situación a pesar de la expulsión de Rusia en marzo de 2022. La mayoría de los avisos (94) estaban relacionados con el acoso y la intimidación a los informadores y un 26% fueron ataques a la integridad física, aunque descendieron las relativas a la violencia o las amenazas en las protestas debido al descenso en las manifestaciones relacionadas con el Covid, según el informe.