Poco después de conocerse los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas de Francia, Emmanuel Macron fue uno de los primeros en reaccionar, reclamando la creación de un “frente republicano” para impedir la llegada de la extrema derecha al gobierno. “Contra Agrupación Nacional [partido de Marine Le Pen], ha llegado el momento de una gran unión, claramente democrática y republicana, de cara a la segunda vuelta”, afirmó esa misma noche el jefe de Estado, a través de un breve comunicado de prensa.
El pacto electoral entre los candidatos de centro y de izquierda –en el que no quiso participar el partido del actual primer ministro, Los Republicanos– consiguió impedir la mayoría de diputados de extrema derecha que pronosticaban las encuestas. La coalición progresista, el Nuevo Frente Popular, logró más escaños (193) que los otros bloques. Pero días después, Macron afirmó que “ningún partido había ganado las elecciones”, ya que ninguna tendencia política había alcanzado la mayoría absoluta y se negó a nombrar a la candidata consensuada por la alianza progresista, Lucie Castets, como jefa de Gobierno.
“Un gobierno sobre la única base del programa y de los partidos del Nuevo Frente Popular sería inmediatamente censurado por el conjunto de los otros grupos de la Asamblea Nacional”, afirmó entonces el Elíseo mediante un comunicado. “De acuerdo con su deber constitucional, el presidente se está asegurando de que el primer ministro y el gobierno reúnen las condiciones para ser lo más estables posible y ofrecer el máximo de posibilidades de agrupar tanto como sea posible”, explicó.
Macron ligó esta idea de estabilidad a la capacidad del futuro primer ministro para resistir una moción de censura, factor en el que aseguró basar la decisión. En ningún momento, el presidente francés mencionó el hecho de que el partido que él mismo fundó, hoy llamado Juntos por la República (que cuenta con 95 diputados) hubiese permitido la supervivencia de un gobierno del NFP con su abstención en caso de moción de censura. Ni que figuras del ala izquierda de su propia formación, como el eurodiputado Pascal Canfin, le reclamaban que diese a la coalición progresista la oportunidad de intentar formar gobierno.
“Sumisión a la extrema derecha”
En septiembre, tras varias semanas de incertidumbre, Macron decidió nombrar primer ministro al conservador Michel Barnier, a pesar de que su partido se había negado a participar en el cordón sanitario a la extrema derecha y a que solo logró un 5% de los votos (y menos de 50 diputados). Con su designación, el mandatario rompió la tradición de nombrar primer ministro a una figura de la mayoría parlamentaria. La justificación esgrimida entonces por el presidente francés fue que Barnier tendría el respaldo de los diputados de centro y derecha (que sumarían unos 220 escaños) y que la líder ultra Marine Le Pen había aceptado no votar inmediatamente a favor de una moción de censura.
“En realidad lo que vemos es la voluntad de Emmanuel Macron de proteger su propio legado”, resumía el politólogo Olivier Rouquan en un análisis para Public Sénat. “Con Barnier no existen inquietudes sobre Europa, sobre el presupuesto o sobre la reforma de las pensiones, que la izquierda quería suprimir”.
No obstante, en público, la estabilidad ha sido el principal argumento que Macron ha esgrimido para poner la supervivencia del gobierno en manos de la extrema derecha, la fuerza política contra la que había pedido al resto de partidos –incluido a la formación de izquierdas Francia Insumisa– unirse.
“Hay una negación democrática en el rechazo al frente republicano: las fuerzas de centro e izquierda se aliaron para marginalizar a Agrupación Nacional, Macron la vuelve a poner en el centro del juego”, afirmaba recientemente profesor de ciencias políticas de la Universidad de París Panthéon-Sorbonne Bastien François en una entrevista para el semanario Le1.
El partido de extrema derecha celebra esta posición decisiva como una victoria. “No vamos a votar una censura porque ahora mismo es inútil”, afirmaba hace unos días en la Asamblea Nacional el diputado de Guillaume Rigot. “Un tuit de Marine Le Pen ha sido suficiente para cambiar la posición del primer ministro sobre la desindexación de los salarios”.
“En la tribuna de la Asamblea Nacional, el partido de Le Pen humilla a Barnier y presume de mover al Gobierno a golpe de tuit y de ser obedecida de inmediato”, reaccionó Jean-Luc Mélenchon en un mensaje en X. “Asistimos al momento de la historia parlamentaria en el que el macronismo paga vergonzosamente la sumisión a la extrema derecha”.
Futuro incierto
La secuencia política que ha llevado a Barnier a la jefatura de un Gobierno formado por macronistas y miembros de la derecha y la postura de Marine Le Pen y su partido, que presumen de tener la llave de la continuidad del Ejecutivo, han dejado al NFP como principal fuerza de oposición, al menos de momento. El bloque progresista mantiene además su unidad en contra del nuevo primer ministro y, sobre todo, del presidente que les ha negado la posibilidad de entrar en el gobierno y que hasta ahora concentra las críticas de los partidos de izquierda.
Pero, además, ha abierto grietas en el bloque central, en el que una parte de los diputados –en su mayoría procedentes de formaciones de izquierda– han mostrado su malestar por ser el apoyo de un gobierno de derecha, que se encuentra bajo supervisión de la extrema derecha. Las declaraciones diarias del nuevo ministro del Interior amenazando con un abanico de medidas represivas a los inmigrantes amenazan con provocar la salida de nuevos diputados de las filas macronistas.
“Ustedes, que creo, sinceramente, se comprometieron con la política detrás de un hombre [Emmanuel Macron] que tenía un proyecto, el de ir más allá de la división izquierda-derecha, de hacer avanzar el liberalismo económico pero también el liberalismo societal. Ustedes, que se sentían unidos por la idea del progreso y del humanismo, aquí están hoy, aguantando la vela entre la derecha radicalizada y la extrema derecha”, señaló en la Asamblea Nacional la ecologista Cyrielle Chatelain a los diputados macronistas.
De momento, bajo la dirección del ex primer ministro Gabriel Attal, el partido presidencial ya critica abiertamente a Barnier, aunque más por la subida de impuestos a grandes empresas que por la retórica del nuevo titular de Interior. En todo caso, los macronistas siguen invocando la estabilidad como principal elemento para seguir apoyando al Ejecutivo.
“En un momento en que Francia necesita estabilidad, ustedes construyen el desequilibrio”, acusaba el diputado Mathieu Lefevre a los parlamentarios del NFP durante la sesión parlamentaria de la moción de censura. “En un momento en que los franceses necesitan una dirección, ustedes abogan por la deriva. En un momento en que el mundo necesita la voz fuerte de nuestra nación, ustedes están debilitando nuestras instituciones”.
En los mismos términos se expresó Barnier, que, para defenderse del primer intento de hacer caer su Gobierno, afeó a la izquierda que quiera censurar a su Ejecutivo “a priori”, antes de que empiece a actuar. Pero, tras conocerse los resultados electorales, su propio partido y los macronistas movieron ficha anunciando que, en caso de moción de censura, votarían en contra de un potencial primer ministro salido del Nuevo Frente Popular.
Solo un voto conjunto del NFP y la extrema derecha puede hacer caer al gobierno de Barnier. Y nadie está en disposición de decir cuándo podría producirse. Pasada la primera moción de censura, Barnier ha entrado de lleno en la negociación de la ley de finanzas, los presupuestos para 2025.
Como ya ocurrió el año pasado, ante la fragmentación de la Asamblea –y la impopularidad de unos presupuestos de austeridad– es probable que tenga que aprobarse por decreto y que provoque una nueva moción de censura. El partido de Le Pen ha declarado que no votará los presupuestos en su actual estado, sin precisar si eso supone votar a favor de hacer caer al Gobierno. La estabilidad del Ejecutivo de Michel Barnier volverá entonces a ponerse a prueba.