La corrupción acecha a la familia Bolsonaro en su debut internacional en Davos
Jair Bolsonaro ha estrenado el Airbus A319CJ presidencial, designado como VC1-A por la Fuerza Aérea Brasileña, rumbo al Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza). El primer vuelo internacional salvando el Atlántico en tan ilustre aparato le alejará durante cuatro días de unas máquinas que le incordian de verdad: los cajeros automáticos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. El Ministerio Público y el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) investigan las huellas de sospechosos depósitos de su hijo mayor, Flávio, y de uno de los asesores parlamentarios de este, Fabrício Queiroz.
El denominado Caso Queiroz era el principal estorbo que frenaba la euforia de la familia Bolsonaro el día de la toma de posesión de hace tan solo tres semanas, y según ha ido creciendo y salpicando a Flávio Bolsonaro –exdiputado estatal de Río, y hoy senador– se ha ido convirtiendo poco a poco en la primera crisis de gobierno de la legislatura.
Los investigadores del Consejo de Control de Actividades Financiera, siguiendo las pistas de una operación sobre compra de diputados, lavado de dinero y organización criminal en la Asamblea Legislativa de Río, y mientras analizaban anomalías bancarias de más de una veintena de diputados estatales y sus equipos, se toparon con los llamativos datos de las cuentas de Queiroz, primero, y de Flávio Bolsonaro, después.
Esos cajeros automáticos de la Asamblea Legislativa eran capaces de encadenar depósitos de dinero en metálico, en su cuantía límite (2.000 reales), durante varios minutos consecutivos en diferentes tandas. La actividad fue incansable en 2016 y 2017: primero con Queiroz, el asesor, que llegó a mover más de un millón de reales, y luego con Flávio Bolsonaro, del que el informe destacaba un depósito de 1,16 millones de reales, y 48 depósitos sucesivos a sí mismo, todos de 2.000 reales. Demasiado dinero en metálico como para no llamar la atención.
La relación de amistad y trabajo de la familia Bolsonaro con Queiroz ha pasado de padres a hijos, pues fue Jair Bolsonaro el que la inició en 1984. Más de tres décadas después, el nuevo presidente, mientras se sucedían los movimientos en el gobierno de transición al final del año pasado, tuvo que salir a dar explicaciones ante la prensa ya que varios de los movimientos bancarios anormales de Queiroz tuvieron como destino la cuenta de su esposa, Michelle Bolsonaro.
El argumento utilizado por el presidente fue que los 40.000 reales ingresados por Queiroz a su mujer en diez depósitos de 4.000 cada uno estaban relacionados con la devolución de una antigua deuda. “No los coloqué en mi cuenta porque tengo dificultad para ir al banco, para andar por la calle”, aclaró Jair Bolsonaro. “Cuestión de movilidad, porque ando atareado todo el tiempo”.
En una entrevista en el canal SBT, preguntado por otras actividades económicas que esclarezcan sus exagerados movimientos bancarios, Queiroz sentenció que es “un tipo de negocios”, desde siempre. “Hago dinero. Compro y revendo. Compro un coche y lo revendo”. Flávio Bolsonaro también se ha visto obligado a salir a dar la cara. Sus movimientos en metálico desde los cajeros de la Asamblea los explica aludiendo a la compra y venta de un apartamento y a ingresos propios de su actividad empresarial.
Flávio Bolsonario presiona al Tribunal Supremo
La imagen de la familia Bolsonaro no está siendo todo lo transparente que hubieran deseado sus votantes, sobre todo tras el preocupante episodio que ha tenido lugar en el Tribunal Supremo (STF). El senador Flávio Bolsonaro ha intervenido para que la investigación sobre su asesor, que en definitiva está conectada con la suya, fuese anulada. “No he pedido foro privilegiado”, aclaraba en una entrevista en el canal Record el pasado domingo, resumiéndolo todo en “una reclamación” en la que aprovechó para protestar por “las atrocidades” que según él le están sucediendo: “Han roto mi secreto bancario, sin autorización judicial”.
Provocando sobresalto y indignación en parte de la opinión pública, el juez Luiz Fux, encontrándose de guardia, suspendió la investigación sobre Queiroz abierta por el Ministerio Público de Río de Janeiro. Ante tal influencia en el Supremo por parte de la familia Bolsonaro, muchos se acordaron del momento álgido de otro de los hijos del clan, Eduardo (diputado federal), durante la campaña electoral: “¿Sabes qué tienes que hacer si quieres cerrar el Tribunal Supremo? No hace falta ni que mandes un jeep: envía un soldado y un cabo”.
Le restan más puntos de credibilidad si cabe a Flávio Bolsonaro algunas de sus actuaciones como parlamentario. El 7 de octubre, en plena jornada de votaciones en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, estuvo propagando denuncias falsas en sus redes sociales durante horas, apoyándose en vídeos manipulados respecto a inventadas irregularidades en las urnas electrónicas.
Jair Bolsonaro, agobiado por este primer bache, dedicará la semana entera en Davos a intentar ir haciendo más amigable su figura, anunciando medidas económicas y alentando a los mercados. Articulará esfuerzos para conseguir “que el mundo restablezca su confianza” en Brasil. Las dudas sobre él y su familia, en cambio, dificultan el objetivo. Las explicaciones de todos ellos son tan tenues que recuerdan a las del ahora presidente cuando la empresa cárnica JBS depositó en su cuenta 200.000 reales para las elecciones de 2014.
La suma recibida fue luego a parar a la cuenta bancaria de su partido para terminar retornando a Bolsonaro camuflada de donación del Fondo Partidario, instrumento del Tribunal Superior Electoral. Aquellos fueron los últimos comicios en los que se permitieron donaciones empresariales, sin embargo, la lectura parece ser otra. Según uno de los dueños de JBS, Joesley Batista, fundamental en las delaciones premiadas de la Operación Lava-Jato, cada donación de su empresa esperaba “una contrapartida”. Eran, como ha definido en los interrogatorios, “sobornos enmascarados”.
Todas las sombras, las actuales y las pasadas, han desembocado ya en concentraciones de repulsa, como la organizada en Río de Janeiro bajo el nombre de “Queiroz, ¡investigación ya!”, con una naranja como símbolo, pues así denominan en Brasil a todo aquel que cede su nombre para ocultar operaciones monetarias ilícitas.
