La Corte Penal Internacional (CPI) concluyó hoy que puede ejercer su jurisdicción sobre la supuesta deportación del pueblo rohingya de Myanmar a Bangladesh, según informó el tribunal en un comunicado.
Myanmar no acepta la jurisdicción de la CPI, pero los jueces han manifestado que los supuestos crímenes se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, país que sí ha ratificado el Estatuto de Roma, carta fundacional de este tribunal de La Haya.
Con esta decisión, adoptada por una de las salas de cuestiones preliminares, la CPI responde a la solicitud de la Fiscalía, que había pedido investigar las transferencias forzosas y las deportaciones como crímenes de lesa humanidad.
La Oficina de la Fiscal había recabado datos de diversos organismos de la ONU, medios de comunicación y diversas ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch para documentar los supuestos abusos padecidos desde agosto de 2017 por esta minoría étnica musulmana, que no es reconocida por las autoridades birmanas.
“Un elemento de este delito, el cruce de una frontera, tuvo lugar en el territorio de un Estado parte del Estatuto de Roma, Bangladesh”, dijo el tribunal, que tomó su decisión por una mayoría de dos votos contra uno.
Queda por ver cómo reaccionará Myanmar, pues sus autoridades acusaron en febrero al tribunal de “anular” su principio de soberanía con la posible investigación, pues al no ser signataria del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, considera que no tendría obligación de acatar su jurisdicción.
Unos 700.000 rohingyas han huido de Myanmar a la vecina Bangladesh desde el 25 de agosto de 2017, a raíz de una campaña militar en respuesta a un supuesto ataque de un grupo insurgente contra puestos policiales y fronterizos.