La crisis institucional en Polonia por la suspensión del presidente del Constitucional abre una fractura política y desata protestas

Polonia vive este sábado una jornada de incertidumbre institucional tras una noche de tensión en torno al Tribunal Constitucional (TC), cuyo control está disputado entre los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria que ostenta el primer ministro, Donald Tusk, y la dirección respaldada por su rival político, el presidente Karol Nawrocki. Los incidentes comenzaron el viernes por la tarde, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión inmediata del presidente del TC, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański, y asumió la dirección del organismo.

La Policía entró después en la sede a petición de la propia magistrada y desde última hora del viernes impide el acceso al recinto al presidente y vicepresidente suspendidos, mientras cientos de manifestantes permanecen concentrados en la verja de entrada al edificio. Durante la noche se registraron tumultos y enfrentamientos entre agentes antidisturbios y un grupo de diputados de la oposición y manifestantes en la entrada del TC.

Según informó la policía de Varsovia, tres personas fueron detenidas por saltar la valla e irrumpir en el recinto, mientras los agentes contenían a los manifestantes. La Comandancia de la Policía de la capital precisó que sus agentes no han ingresado en la sede del edificio ni actúan contra la guardia interna, y han aclarado que el operativo se puso en marcha a petición del Fiscal General y de una jueza de la corte ante el riesgo inminente de agresiones contra el personal y alteración del orden público.

Nawrocki que interrumpió su viaje oficial a Senegal y regresó a la capital polaca debido a la situación, entró pasada la medianoche en el TC junto al primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński. El presidente Nawrocki, que había emprendido una visita oficial a Senegal y regresó de urgencia, apareció frente al tribunal pasadas la una de la madrugada y logró atravesar el cordón policial. Un video muestra al presidente forcejeando con la seguridad y otros jueces para entrar al edificio. A las 4 de la madrugada, el presidente permanecía dentro del edificio.

Horas después, ya este mismo sábado, Nawrocki ha convocado consultas urgentes con todos los partidos parlamentarios. “Esta noche se ha producido una violación del orden constitucional de la República de Polonia y una toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado”, declaró en la puerta del Tribunal Constitucional. “Ante la amenaza a la seguridad interior de la República de Polonia, convoco consultas urgentes con representantes de las fuerzas parlamentarias para estabilizar la situación política y restablecer el orden constitucional”, añadió el jefe del Estado, quien exigió además la retirada de los agentes de policía desplegados en el tribunal.

Korwin-Piotrowska, que no reconoce la legitimidad del Święczkowski al considerar que ha violado la ley por bloquear de forma sistemática a los jueces elegidos por el actual Parlamento, se apoya en el artículo 12.4 de la ley de 2016 sobre el TC, según el cual, si el presidente de este organismo no puede autorizar a otro juez a dirigir el Tribunal, asumirá esa función el magistrado con mayor antigüedad.

Precisamente este es uno de los puntos en disputa, pues la jueza -que interpreta que al haber suspendido al presidente, éste quedó imposibilitado para delegar- insiste en contabilizar los años de actividad jurídica previa a su nombramiento como miembro del TC, mientras que otro juez del TC Wojciech Sych, lleva más tiempo como integrante de ese Tribunal. La legitimidad de la jueza es muy discutida: Nawrocki nunca le tomó juramento, requisito que, según la Presidencia y la dirección del TC, es necesario para que un juez electo asuma el cargo.

Según algunos juristas polacos, una jueza individual no puede suspender al presidente de su propio tribunal y que esa decisión corresponde a la Asamblea General de dicho Tribunal.

A pesar de ello, la magistrada sostiene que Święczkowski y Sochański han violado la ley al impedir que algunos de los jueces elegidos por el actual Parlamento ejerzan, por lo que se arrogó la presidencia del TC y ordenó suspender la autoridad del presidente y el vicepresidente de ese organismo por un mes.

Por su parte, Tusk afirma que los nuevos magistrados del TC fueron elegidos “conforme a la Constitución” y que Nawrocki “abdicó” de su deber constitucional al negarse a prestarles juramento. Además, aseguró el viernes que “no hay otro camino” tras “años de ilegalidad” bajo el anterior gobierno de Ley y Justicia (PiS), y advirtió que, aunque el proceso sea doloroso, exige una “acción decidida”. Para el jefe del Ejecutivo, la parálisis provocada por Święczkowski al bloquear la Asamblea General y la incorporación de magistrados es la verdadera causa del colapso del órgano.

De conflicto legal a crisis institucional

La crisis que estalló el viernes hunde sus raíces en la reforma judicial del anterior Gobierno, dirigido por el partido ultraconservador y nacionalista PiS (siglas de Ley y Justicia, en polaco) entre 2015 y 2023, que mediante controvertidas reformas jurídicas llenó el TC de jueces afines a su ideología.

Esas reformas fueron cuestionadas por organismos jurídicos internacionales, como la Comisión de Venecia, y duramente criticadas por Bruselas y por el Tribunal de Justicia de la UE, que cuestionó la independencia del Poder Judicial polaco.

Bruselas activó en diciembre de 2017, por primera vez en la historia de la Unión Europea (UE), el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión al considerar que existía un “riesgo claro de violación grave del Estado de derecho” por el control político sobre el Poder Judicial polaco.

Además, el Tribunal de Justicia de la UE impuso a Polonia una multa diaria de un millón de euros por mantener la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, que consideró como un instrumento del Gobierno para controlar y destituir jueces a su antojo.

El actual Gobierno intenta renovar el Tribunal y restablecer su legitimidad, pero ha chocado con la resistencia del presidente y de la dirección saliente. Tusk presentó en febrero de 2024 un plan de Estado de derecho, la Comisión Europea desbloqueó los fondos europeos retenidos y anunció el cierre del procedimiento del artículo 7 en mayo de 2024, al estimar que ya no existía un riesgo claro de violación grave.

Sin embargo, la herencia institucional del PiS —incluida la composición del Tribunal Constitucional— ha llenado de obstáculos legales los planes de Tusk. Así, hace años que el TC se encuentra en un punto muerto y en una situación en la que sus integrantes se deniegan mutuamente la legitimidad, lo que ha dado lugar a una crisis institucional de consecuencias inciertas.