Las cuentas y acciones del diario La Prensa de Panamá han sido secuestradas por orden judicial tras una demanda del expresidente panameño Ernesto Pérez Balladares, que presentó una demanda ante los tribunales tras unas informaciones publicadas por La Prensa en 2011 que detallaban investigaciones de la fiscalía contra él por presunto blanqueo de capitales. En concreto, según expuso entonces el periódico, en las cuentas implicadas se movilizaron más de 176 millones de dólares desde mayo de 2009 hasta junio de 2010. El Segundo Tribunal de Justicia de Panamá ratificó el sobreseimiento de la causa en agosto del 2017.
La retención de los bienes a La Prensa también afecta a la empresa Inmuebles Industriales S.A., propietaria del terreno y del edificio donde están las salas de redacción de los periódicos La Prensa y Mi Diario, así como las rotativas y las oficinas administrativas de Corprensa, Corporación La Prensa S.A.
“La acción judicial es un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información que tienen todos los ciudadanos ya que oprime la continuidad operativa de la empresa. Con ella se congelan los fondos utilizados para cumplir con nuestras obligaciones contractuales, y realizar el pago de bienes y servicios y, sobretodo, los salarios de los 240 asociados de la corporación”, ha afirmado el presidente de Corprensa, Diego Quijano.
En una rueda de prensa celebrada este martes, Quijano afirmó que están buscando un mecanismo para que la corporación pueda seguir operando pese a las restricciones impuestas por el secuestro de los activos. Además, aclaró que presentaron una fianza y una petición del levantamiento del secuestro de los activos. “No tenemos garantizado el resultado, pero confiamos en que el derecho prevalecerá ya que la ley está de nuestro lado”, aseguró el presidente de Corprensa. El caso se encuentra todavía en primera instancia en el Juzgado Décimo Quinto Civil y está pendiente que se fije la fecha para la práctica de las pruebas aducidas por las partes. Quijano aprovechó la rueda de prensa para pedir una reforma legal que evite medidas de secuestro de activos cuando no hay una sentencia firme, como ya existe para los medios audiovisuales panameños.
Por su parte, el expresidente Ernesto Pérez Balladares declaró en su perfil oficial de Twitter y en su página web que él está “ejerciendo su derecho constitucional de acudir a los tribunales” y que la ejecución del secuestro “no coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodista”.
Sin embargo, las reacciones al secuestro no se han hecho esperar. El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco Inostroza, considera que la decisión judicial “atenta directamente contra la libertad de expresión y la democracia”.
La columnista del periódico estadounidense The Wall Street Journal Mary Anastasia O´Grady ha manifestado en su cuenta de Twitter: “Si los reportajes de investigación se convierten en un crimen, la democracia está en problemas”.
El vicepresidente adjunto de Nuevas Iniciativas e Impacto del International Centre for Journalist (ICFJ), Luis Botello, también ha condenado el hecho y aboga por la libertad de prensa como garante de la democracia en Panamá.