Este martes arranca el juicio en Managua contra los líderes opositores nicaragüenses Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, que aspiraron a ser candidatos a la presidencia en las elecciones generales del pasado mes de noviembre, en las que fue reelegido Daniel Ortega en medio de las críticas de la comunidad internacional.
Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, los opositores son juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la Ley de seguridad soberana y el Código Penal de Nicaragua.
“Serán procesados por menoscabar la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, dice el Ministerio, que los tacha de “criminales y delincuentes” y de “promover y dirigir los actos terroristas de la agresión del fallido intento golpe de Estado de 2018”.
Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009, fue el segundo candidato opositor arrestado el pasado junio y el primero en ser acusado bajo la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, aprobada con carácter urgente en diciembre de 2020.
Después fueron detenidos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Maradiaga es el líder del grupo de oposición Unidad Nacional Azul y Blanco y ocupó el cargo de Secretario General del Ministerio de Defensa de 2002 a 2006, durante la presidencia de Enrique Bolaños. Chamorro es sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y también fue viceministro de Hacienda y Crédito Público y secretario de Coordinación y Estrategia en el Gobierno de Enrique Bolaños.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las “graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua”, y ha pedido la liberación inmediata de todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018.
Ante la reanudación de estos procesos, que se suspendieron “arbitrariamente por más de tres meses”, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre graves afectaciones al derecho penal y falta de garantías judiciales, según afirma la CIDH.
“Particularmente, dichas audiencias se están realizando en las instalaciones de El Chipote, de manera privada y sin permitir el acceso a medios de comunicación independientes, lo cual sería contrario a la propia legislación nacional”, ha puntualizado. En algunos juicios, indica la CIDH, “se niega el ingreso de familiares; mientras que las personas acusadas son presentadas en el juicio sin previo aviso”.
Además, han advertido que representantes legales han denunciado hostigamiento, acoso policial, despojo de pertenencias necesarias para participar en las audiencias, así como registros y revisiones desproporcionadas que derivaron en tocamientos indebidos a mujeres abogadas y familiares.
19 opositores condenados en 14 días
La defensora de los derechos humanos María Oviedo y el banquero Luis Rivas han sido hallados culpables este lunes del delito de conspiración para menoscabar la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, informó la defensa y un organismo humanitario.
Con Oviedo, coordinadora del equipo especial jurídico de la organización no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), y Rivas, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), se eleva a 19 el número de dirigentes opositores o críticos al Gobierno del presidente Daniel Ortega declarados culpables en los últimos 14 días.
“Declaran culpable a la defensora de derechos humanos María Oviedo por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas” a través de las tecnologías de la información y la comunicación, ha informado su abogado defensor, Eber Acevedo. La Fiscalía ha pedido ocho años de prisión para Oviedo, según su representante legal.
Oviedo, defensora de los denominados “presos políticos” en Nicaragua, y que se encuentra en prisión desde julio pasado, fue arrestada por primera vez en 2019 tras darle una bofetada a un oficial de la Policía Nacional, “porque éste se negó a entregarle unos documentos que pertenecían a su defendido, el excarcelado Cristian Fajardo”, ha recordado, por su lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que da seguimiento a los casos.
Rivas, presidente ejecutivo del Banpro del grupo financiero Promerica, ha sido hallado culpable de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y de portación o tenencia ilegal de arma de fuego, fabricación, tenencia ilegal y uso de armas restringidas, según ha reseñado el diario nicaragüense Confidencial.
Para el banquero, un economista que ocupó cargos en la Administración del expresidente nicaragüense Enrique Bolaños (2002-2007) y quien se encuentra detenido desde el 15 de junio pasado, la Fiscalía ha pedido 13 años de prisión, de acuerdo con la información.