Sudán y la subida del precio del pan como símbolo para la caída de otro régimen
Sudán amanecía inquieto el jueves tras la advertencia de la televisión pública de que “un importante anuncio” estaba a punto de suceder. Corrían ya los rumores de que Omar al Bashir había sido puesto bajo arresto en el palacio presidencial, así como de la detención de otros altos cargos de su partido, el Congreso Nacional. Y las calles, encendidas desde el inicio de las protestas el pasado diciembre, anticiparon la derrota del dictador. “Ha caído, hemos ganado”, cantaban los manifestantes alrededor del Ministerio de Defensa en Jartum, la capital.
Así, cinco meses de reivindicaciones y más de medio centenar de muertos después, Omar al Bashir ha dejado de ser el presidente de Sudán. Tras el anuncio oficial, el pueblo se lanzó a quitar carteles con la figura del dictador cantando proclamas que recuerdan a las que ya gritó su vecino Egipto en 2011 de “Pan, libertad y justicia social”. Y es que las multitudinarias manifestaciones que han recorrido el país comenzaron tras la entrada en vigor del decreto que multiplicó por tres los precios del pan.
La medida formaba parte de un paquete más grande dirigido a poner freno a la inflación galopante y la crisis económica que asedia el país desde la escisión de los dos sudanes en 2011. El hartazgo prendió la mecha de las protestas, que rápidamente colocaron la caída del dictador en el centro de sus reclamos. La represión fue tan dura que hasta el propio al Bashir pidió públicamente en febrero a las fuerzas de seguridad que rebajaran sus niveles de violencia, reconociendo como “legítimas” las demandas del pueblo de mejores condiciones de vida. En ese momento, la oposición cifraba en 45 el número de muertos.
Las reivindicaciones ganaron fuerza y simbolismo el sábado seis de abril, aniversario de la revuelta pacífica que logró derrocar al entonces dictador Jaafar Nimeiri en 1985. Con el tobe blanco de Alah'a Salah como guía y los ánimos calientes por la reciente caída de Buteflika, miles de ciudadanos acamparon frente al complejo presidencial y la sede del Ejército. Cuando la policía antidisturbios trató de despejar las plazas y descongestionar las calles, las fuerzas armadas dispararon al aire munición real como advertencia: estaban dispuestos a proteger a la población civil. El miércoles, el cuarto día de la sentada, el Comité Central de Médicos de Sudán elevó a 22 el número de muertos, entre los que habría al menos un soldado.
Ni el desgaste de décadas de corrupción y revueltas internas, ni la independencia de Sudán del Sur y las manifestaciones masivas de 2013 habían logrado echar al mandatario, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional de La Haya. Sobre él pesan varios delitos cometidos durante la guerra de Darfur, en la región oeste del país, que estalló en 2003 y en la que según Naciones Unidas murieron al menos 500.000 personas y cerca de tres millones tuvieron que huir de sus hogares. Hasta ahora al Bashir se ha paseado con impunidad por diferentes países de África.
Pese a que el pueblo ha recibido con júbilo el anuncio, existe recelo frente a las medidas anunciadas por el Consejo Militar, que suspenderá la constitución y controlará las instituciones durante los próximos dos años y, sobre todo, la imposición de un toque de queda desde las diez de la noche hasta las cuatro de la madrugada por, al menos, un mes.
La prohibición de permanecer en las calles desde la puesta de sol es una medida directa contra los miles de manifestantes que desde el fin de semana ocupan las carreteras y acampan frente al complejo presidencial y la sede del Ejército, símbolos del poder del dictador caído. Todavía es pronto para predecir cómo será la reacción en las calles, pero según el diario británico The Guardian se corre el riesgo de enfrentamientos violentos si una parte de la población se niega a cumplirlo.
De hecho, la Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA), organización entorno a la que se agrupan los principales partidos opositores e intelectuales del país, ya ha criticado el “golpe militar” que va a mantener en el poder a “las mismas caras e instituciones” y ha llamado a continuar las manifestaciones. Amnistía Internacional también ha puesto la atención sobre este aspecto y ha pedido que “las leyes de emergencia no se utilicen para socavar derechos”.
