La ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina está ahora mismo en duda, con muchas opciones de ser rechazada por el Senado, tras haber superado en junio el complicado primer trámite en la Cámara de Diputados. Por el momento, la mayoría de los senadores están en contra (entre ellos un histórico como el expresidente Carlos Menem), y los que están a favor (incluida otra histórica, Cristina Fernández Kirchner, y todo su bloque) han querido sacar adelante un dictamen con algunas modificaciones antes de la votación del próximo 8 de agosto, para convencer a la otra parte, pero no han podido certificar el documento.
Los tres posibles desenlaces para la votación en el Senado son los siguientes: que se apruebe directamente la nueva ley –para ello será necesaria una mayoría de síes, y sin modificaciones–, que se apruebe pero que en el debate se propongan modificaciones –en ese caso la ley volvería a la Cámara de Diputados, para aprobarse definitivamente allí–, o que se rechace –hasta el año que viene no se podría volver a tratar esta ley.
En la segunda opción, si la ley vuelve a la Cámara de Diputados con modificaciones, se pueden votar las modificaciones y aprobarse, o ratificar la media sanción original –con la misma proporción con la que el Senado ha aprobado esa ley con modificaciones. Con el mencionado rechazo al dictamen de modificaciones oficializado la noche del miércoles en el Senado, esas modificaciones podrían aparecer directamente durante la sesión del día 8.
Este regreso a la Cámara de Diputados significaría la gran victoria para todos los que están a favor de la despenalización. La Cámara de Diputados no podría rechazar la ley. De una forma u otra, se aprobaría definitivamente.
La Cámara Alta cuenta con 72 senadores. Se ha confirmado una abstención (la senadora Lucía Crexell), y posiblemente se consume una ausencia (la senadora María Eugenia Catalfamo, en avanzado estado de gestación). En una votación entre 70 senadores, la opción de la despenalización debería reunir una mayoría de 36 votos a favor. Si empatan a 35, decidiría el voto de la presidenta del Senado, vicepresidenta del Gobierno, Gabriela Michetti, que es contraria al aborto incluso en casos de violación –famosa es su frase “lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé”.
Las cuentas no salen para que la ley consiga los síes necesarios. Por el momento, suman 32 votos –5 de ellos piden modificaciones a la ley. Los votos en contra son 35 –uno de ellos sería el de la senadora que seguramente no acudirá a la votación por baja médica. Hay cuatro senadores indecisos a día de hoy: Omar Perotti (Partido Justicialista), José Alperovich (Partido Justicialista), Eduardo Costa (Unión Cívica Radical) y Juan Carlos Romero (Partido Justicialista). Este último está sufriendo en las últimas horas las presiones de los grupos antiabortistas.
En San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de la que fue gobernador durante doce años, han aparecido carteles con su imagen junto a fetos ensangrentados y la frase: “¿Indeciso ante esto? No al holocausto prenatal”. El senador no ha tardado en manifestarse a través de sus redes sociales: “En el medio del tratamiento de esta ley, repudio enérgicamente la nefasta acción de la utilización de la palabra HOLOCAUSTO para intentar presionarme sobre mi voto, más aún sabiendo que pertenezco a la religión judía”.
Presiones y movilizaciones a favor y en contra
El caso de Alperovich en Tucumán no es más que otra muestra de la escalada de tensión que se vive en las últimas semanas en la Argentina. El senador Omar Perotti también es objetivo de las coacciones. Hace unos días fue publicado en un periódico de la provincia de Santa Fe (región de la que quiere ser gobernador el próximo año) un anuncio a toda página dedicado a él: “Más de 86.000 ciudadanos le han pedido que cuide de la vida de todos desde la concepción. Hoy la decisión está en sus manos, en 2019 estará en las nuestras. Vamos a votar a un gobernador que defienda la vida de los dos”. Firmado: Citizen Go –la organización ultraconservadora ha llegado a entregar un documento con cien mil firmas en el Senado para el rechazo de la ley.
Al mismo tiempo, desde que en junio el Papa Francisco calificó el aborto como una moda y lo comparó con prácticas nazis, la Iglesia argentina ha aumentado el nivel de presión. Hace unas semanas reunió a miles de personas en una misa por la vida, y para el día 8 de agosto, mientras los senadores estén votando esta ley, está programada otra gran ceremonia en la Catedral de Buenos Aires presidida por el Cardenal Mario Poli, Arzobispo de Buenos Aires. El Senado es la Cámara que representa por igual a todas las provincias argentinas. En el interior del país, la Iglesia tiene mucha más fuerza y una influencia muy grande en la vida cotidiana de la población.
En el otro lado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha seguido su camino, sin detenerse ni una sola semana en los últimos meses. Los martes verdes han sido su buque insignia. María Alicia Gutiérrez, una de sus líderes, ha comentado su parecer a eldiario.es: “La situación en senadores está pareja, con un pequeño margen a favor del rechazo. Sabemos que un grupo de senadores esta trabajando en hacer algunas modificaciones para que se pueda sumar indecisos y así pasar a diputados. Parece ser que esta opción es la mas fuerte”. Esas modificaciones a las que la activista hace referencia, podrían reaparecer y volver a negociarse en el mismo debate de la votación del 8 de agosto.
De las actividades organizadas a favor de la despenalización del aborto, la Campaña Nacional ha llegado incluso a publicar un poemario, con una selección de textos leídos en los actos reivindicativos. Alguno de ellos, como el que firma Paz Garberoglio, hace referencia a todos los años de lucha que acumulan ya: “Este grito no es nuevo/ se hamacó muchas veces/ en la nieve feroz./ Este grito que es nuevo/ está escrito en palabras/ más viejas que la sombra/ de un pájaro.”
Miguel Ángel Pichetto, del Partido Justicialista, favorable a la despenalización, confirmó ante los medios la procedencia de la propuesta de modificaciones que se debatirá hasta el última segundo –incluido el día 8, en la sesión de votación– y que pueden ser claves: “Tienen que ver con la posición que han mantenido los senadores por Córdoba, que son los que han hecho llegar la propuesta”.
Los senadores cordobeses que han abierto esta vía son Carlos Caserío, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez. Las propuestas de modificaciones a la ley pasan por reducir el plazo legal de la semana 14 a la semana 12, y por permitir la cláusula de conciencia a los médicos contrarios a la práctica del aborto –y cancelar las penas a este respecto–, como puntos más determinantes.
“Hemos hablado con los colectivos de mujeres y hay una comprensión, un entendimiento, de que hay que hacer un esfuerzo para obtener la mayoría”, ha comentado el peronista. “Acá lo peor es que la ley se pierda. Es importante que la ley subsista en el paso del Senado y que podamos avanzar a que finalmente la Cámara de Diputados consolide la votación”.
Desde el entorno de las senadoras y los senadores que apoyan la despenalización del aborto, la esperanza está en poder convencer a los cuatro indecisos que quedan a estas alturas, o intentar que algún voto en contra se convierta en un sí pero con modificaciones, o se ausente a la hora de la votación. Las negociaciones llegarán hasta la misma sesión del 8 de agosto, igual que ocurrió en junio cuando la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados.
Las organizaciones feministas que vienen trabajando durante todo este tiempo para sensibilizar a la clase política argentina en torno a la necesidad de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, confían también en que las movilizaciones de los últimos tiempos ayuden a que por lo menos se acepten algunas modificaciones para refrendar la aprobación de nuevo en la Cámara de Diputados. De lo contrario, el clima en las calles sería incontenible, y el Gobierno de Mauricio Macri ya tiene a la calle suficientemente en contra con la nueva era de recortes que llega tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.