EEUU sanciona a la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, en plena masacre israelí en Gaza

Con Israel y en contra de Palestina, El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha anunciado este miércoles, cuando Netanyahu aún está en Washington, que impone sanciones a Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Las sanciones emanan de un decreto del presidente de EEUU, Donald Trump, en respuesta a las pesquisas de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes contra la humanidad cometidos desde el 7 de octubre de 2023.
“Albanese ha colaborado directamente con la Corte Penal Internacional (CPI) en iniciativas para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ambos países. Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, lo que convierte esta acción en una grave violación de la soberanía de ambos países”, afirma Rubio. En efecto, la Corte Penal Internacional persigue a la cúpula de Hamás y del Gobierno de Israel, con Benjamín Netanyahu al frente, por delitos de genocidio y de lesa humanidad.
Las sanciones suponen el bloqueo de los bienes y activos que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. Además, se prohíben las transacciones con las personas sancionadas, ya sea por parte de ciudadanos estadounidenses o dentro del territorio de EEUU, salvo autorización expresa de la OFAC. Esto incluye el envío o recepción de fondos, bienes o servicios.
“Estados Unidos ha condenado y objetado reiteradamente las actividades sesgadas de Albanese”, dice Rubio, “que la han incapacitado durante mucho tiempo para ejercer como Relatora Especial. Albanese ha expresado un antisemitismo descarado, su apoyo al terrorismo y su abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente. Este sesgo ha sido evidente a lo largo de su carrera, incluyendo la recomendación de que la CPI, sin fundamento legítimo, emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant”.
Lo que ha hecho Albanese durante años es denunciar la ocupación de los territorios palestinos y, desde el 7 de octubre, la masacre de Israel en Gaza, con más de 56.000 muertos.
“Recientemente”, dice Rubio, “ha intensificado esta iniciativa escribiendo cartas amenazantes a decenas de entidades en todo el mundo, incluyendo importantes empresas estadounidenses de los sectores financiero, tecnológico, de defensa, energético y hotelero, formulando acusaciones extremas e infundadas y recomendando a la CPI que investigue y procese a estas empresas y a sus ejecutivos. No toleraremos estas campañas de guerra política y económica, que amenazan nuestros intereses y soberanía nacionales”.
A lo que se refiere Rubio es a las llamadas de atención hechas a empresas y corporaciones que colaboran con el genocidio y la ocupación de Palestina.
“Estados Unidos seguirá tomando las medidas que considere necesarias para responder a la batalla legal, controlar y prevenir las extralimitaciones y el abuso de poder ilegítimos de la CPI, y proteger nuestra soberanía y la de nuestros aliados”, asegura Rubio.
Informe de empresas
Las sanciones de EEUU vienen días después de publicarse un informe reciente de la relatora Albanese en el que detalla cómo las empresas han contribuido y se han beneficiado de la ocupación israelí, de la expulsión de la población palestina de sus tierras y, en última instancia, de la limpieza étnica.
“En Palestina, históricamente, las empresas han impulsado y facilitado el proceso de desplazamiento y reemplazo de la población árabe”, dice el informe. Pero este fenómeno se ha acelerado desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su brutal guerra de castigo contra Gaza –en la que ha matado a más de 57.000 personas–. En los pasados 21 meses, empresas de distinta naturaleza, tamaño y procedencia “han contribuido a acelerar el proceso de desplazamiento y reemplazo” de los palestinos tanto en la Franja como en la Cisjordania ocupada.
“Las entidades que anteriormente permitieron y se beneficiaron de la eliminación y el borrado de Palestina dentro de la economía de la ocupación, en lugar de desvincularse, ahora están involucrados en la economía del genocidio”, sostiene el documento.
El informe elaborado por Albanese identifica ocho sectores clave que han estado operando de forma separada o interdependiente, primero “a través de los pilares centrales de la economía colonial de desplazamiento y reemplazo”, y que, desde el 7 de octubre, se han adaptado a “las prácticas genocidas”.
Sanciones a juezas
Hace un mes, Trump también decidió imponer sanciones a cuatro juezas por las “acciones ilegítimas de la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos e Israel”. La medida, según Washington, responde a lo que considera una “politización y abuso de poder” por parte del tribunal con sede en La Haya.
Pero lo cierto es que el tribunal internacional, que vio la luz a finales de la década de los 90, tiene como objetivo que los crímenes más graves que se pueden cometer no queden impunes. Esta idea central de la Corte, evitar que quienes se consideran los peores criminales del mundo salgan impunes, asomó tras las palabras del fiscal del tribunal, Karim Khan, cuando, el 20 de mayo de 2024, pidió arrestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su entonces ministro de Defensa y tres líderes de Hamás: “Hoy subrayamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil, nadie, puede actuar con impunidad”.
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