Miles de anuncios de televisión, la enorme mayoría negativos y engañosos. Dos largos años de campaña política, incluyendo elecciones primarias para los Demócratas y los Republicanos. Tres debates encorsetados por un contrato secreto entre ambas partes. Más de 1.600 millones de dólares gastados por ambas campañas y por los “super PACS”: organizaciones políticas con financiación secreta y sin límite de gasto que han saturado los espacios televisivos en los últimos meses. Y un huracán devastador que deja tras sí una enorme destrucción en la Costa Este y múltiples consecuencias políticas.
A tan solo dos días de las elecciones presidenciales, los norteamericanos están agotados por la larga campaña y apabullados con tanta información. Pero como suele ocurrir en un país en el que el dinero y los intereses de los poderosos lobbies definen el espectro del debate político, la mayoría irá a las urnas con una información muy limitada acerca de sus verdaderas opciones, de los dos candidatos principales, el demócrata Barack Obama y el republicano Mitt Romney, y de las ideas que representan.
“¿Qué sabe la mayoría de los estadounidenses sobre lo que harán Obama o Romney para atajar el calentamiento global, o para sacar de la pobreza a millones de personas, o para mejorar el acceso a la educación para los jóvenes?” se pregunta Amy Goodman, presentadora y productora ejecutiva del programa multimedia Democracy Now!, una de las pocas fuentes de información independiente del país. “No saben nada porque estos temas no se han tocado o no se han explorado en profundidad.”
El programa de Goodman, creado en 1996 para dar cobertura a temas sociales y políticos y ampliar el espectro de voces en el panorama nacional e internacional, ha producido una serie llamada “expandiendo el debate” para dar voz a otros candidatos presidenciales que aparecerán en las papeletas. Los debates organizados por Democracy Now! emitieron las preguntas y las respuestas de Obama y Romney, seguidos de las respuestas de otros candidatos como Rocky Anderson del Justice Party y Jill Stein del Partido Verde, que fue detenida por la policía y encadenada a una silla durante ocho horas el pasado 16 de octubre cuando intentó acceder al segundo debate presidencial en la Universidad de Hofstra, en Nueva York.
Gracias a los programas de Democracy Now! se pudo saber que Stein promovería la universidad gratuita, o que Anderson retiraría los incentivos que reciben las empresas que se deslocalizan a China. También que los debates presidenciales se rigieron por un contrato secreto entre los partidos Demócrata y Republicano que prohibía a ambos candidatos participar en cualquier otro foro de debate durante toda la campaña, excluía a candidatos de otros partidos y prohibía al moderador pedir aclaraciones o hacer preguntas adicionales a los candidatos. En plena crisis económica y con varios conflictos armados en curso, el público estadounidense fue privado de un verdadero debate sobre los temas más apremiantes como el desempleo, las guerras , el calentamiento global y la desigualdad social, limitándolo a una serie de preguntas y respuestas enlatadas.
“Los partidos políticos más pequeños no tienen dinero para emitir anuncios por televisión pero merecen ser escuchados,” asegura Goodman. “Stein aparece en las papeletas de 32 Estados y los votantes tendrían que saber quien es y qué representa”. La política de Stein, muy centrada en las energías renovables y en políticas de desarrollo sostenible, es especialmente relevante, asegura Goodman, tras el devastador huracán Sandy y otros fenómenos metereológicos extremos causados por el calentamiento global.
Pero estas ideas no interesan a los que controlan los debates. La comisión de debates presidenciales está presidida por el Republicano Frank Fahrenkopf, principal representante del lobby del juego (es decir, de los casinos), y por el Demócrata Mike McCurry, que representa los intereses de las empresas de telecomunicaciones. La cervecera Anheuser-Busch y la tabacalera Philip Morris patrocinaron los debates, pagando 250 mil dólares para poder colgar una pancarta gigante de sus productos.
Esto no fue siempre así. Hasta 1984 los debates los organizaba la Liga de Mujeres Votantes, una organización independiente que permitía flexibilidad y libertad al público y a los moderadores a la hora de hacerles preguntas a los candidatos. “Cuando los candidatos intentaban controlar o manipular el proceso la Liga se resistía y en alguna ocasión lo hizo público,” asegura George Farah, director de la organización Open Debates. “En 1980, Jimmie Carter se negó a debatir a John Anderson, un candidato independiente al que las encuestas daban posibilidades. Así que la Liga celebró el debate con una silla vacía, poniendo en evidencia la negativa de Carter a participar.”
La implicación de la Liga en los debates terminó cuando en 1984 los partidos Demócrata y Republicano vetaron la lista de moderadores y la mayoría de las preguntas propuestas por esta organización de mujeres. “Entonces la Liga dio una rueda de prensa advirtiendo que los partidos ejercían un control desmesurado sobre los debates y diciendo que no participarían más en ese espectáculo,” explica Farah. Desde entonces, la comisión de debates presidenciales ha estado controlado por los dos partidos principales.
En cuanto a los super-PACS, es prácticamente imposible saber quien está detrás de los 612 millones de dólares que se han gastado este año en intentar influir en el resultado de las elecciones, y que en el Estado decisivo de Ohio han desembolsado ocho veces más que la campaña de Obama en anuncios. Gracias a una decisión del Tribunal Supremo en 2010, estas organizaciones pueden recaudar fondos ilimitados sin revelar sus fuentes.
Organizaciones como Open Secrets, que investigan el dinero en la política, calculan que las elecciones de 2012 podrían costar un total de 6.000 millones de dólares.