Guatemala empieza la cuenta atrás para las elecciones presidenciales del 25 de junio inmerso en una deriva que analistas y organizaciones internacionales califican de debilitamiento de la democracia. A eso se le añade un desencanto general de la población y un sentimiento colectivo de desinterés y falta de esperanzas en un cambio real. Una combinación que puede traer consecuencias muy negativas para la ya dañada democracia guatemalteca.
La cita electoral del domingo es “la más pesimista y con menos esperanzas de cambio de los últimos 30 o 40 años”, según el analista político y miembro de la asociación de Analistas Independientes de Guatemala (AIG) Luis Fernando Mack.
También el último 'Latinobarómetro' de 2020 indica que Guatemala presenta uno de los índices de confianza y apoyo a la democracia más bajos de la región: tan solo el 37% de los ciudadanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno y el 65% no está satisfecho con el funcionamiento de la misma. En términos de derechos políticos, únicamente el 9% de los guatemaltecos considera que sus derechos a participar en política están completamente asegurados, frente al 51% que considera que están poco o nada garantizados.
Una muestra de ello son los jóvenes: de 4,5 millones de ciudadanos de entre 18 y 30 años censados, sólo 2,6 millones se han registrado en el padrón electoral para ejercer su derecho a voto. A diferencia de lo que ocurrió en las elecciones de 2015 y 2019, cuando la esperanza de que se diera un cambio movilizó al electorado, ahora se está produciendo un distanciamiento respecto al proceso político.
El politólogo y antropólogo Ricardo Sáenz de Tejada lo atribuye a que muchos de los jóvenes que tienen derecho a votar por primera vez sólo han vivido “la degradación del sistema político, la criminalización de los opositores, la imposición de la corrupción y la aceleración de la autocracia”.
No vivieron, en cambio, la llamada primavera de 2015. Sáenz de Tejada se refiere al ciclo de movilizaciones más importantes que han tenido lugar en Guatemala desde los acuerdos de paz de 1996, fruto de la indignación por los graves casos de corrupción contra el Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Así, 2015 fue un periodo marcado por un clima de optimismo, de un sentimiento generalizado de “ahora sí, se puede” y de las posibilidades de un cambio real. Estas esperanzas pronto se desvanecieron con la elección como presidente del comediante Jimmy Morales en 2019, quien expulsó de Guatemala a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), organismo que había llevado ante la justicia 120 casos de corrupción.
Diferentes analistas sostienen que la sensación de derrota y de pesimismo no afecta únicamente a los jóvenes, sino que es generalizada y se ha agudizado en los últimos cuatro años con la presidencia de Alejandro Giammattei, quien ha “cooptado todas las instituciones del Estado y se ha encargado de matar toda posibilidad de cambio”, en opinión de Mack.
Exclusión de candidatos y acusaciones de fraude
La campaña electoral arrancó el pasado 27 de marzo entre críticas y acusaciones de fraude contra las autoridades. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó inscribir las candidaturas de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), y la de Roberto Arzú García-Granados y David Pineda, del partido Podemos. Ambas eran críticas con el sistema y se proyectaban como fuertes aspirantes en la contienda electoral.
La candidatura encabezada por Arzú fue rechazada supuestamente porque el candidato hizo campaña electoral anticipada. Mientras que en el caso de la líder maya Thelma Cabrera, el tribunal rechazó inscribir el binomio por una denuncia interpuesta contra el candidato a vicepresidente, Jordán Rodas, antiguo procurador de Derechos Humanos. Esa denuncia se basa en una acusación contra Rodas por no haber presentado el finiquito, un documento que demuestra la ausencia de cualquier reclamo a nivel administrativo. Sin embargo, el analista Sáenz de Tejada considera que la decisión está ligada a la ola autoritaria que vive el país y supone una violación grave del derecho a elegir de los electores.
El MLP, un partido de izquierdas y “antisistema”, está conformado por movimientos sociales y campesinos indígenas provenientes de las comunidades y pueblos originarios de Guatemala. Encabezado por Cabrera, el Movimiento había conseguido por primera vez en la historia reciente aglutinar el voto indígena, que representa alrededor del 42% de la población. En las elecciones de 2019 logró obtener el cuarto lugar. La líder de origen maya mam asegura que su exclusión se trata “de un fraude electoral anticipado orquestado por las oligarquías del país, las cuales tienen miedo” a su propuesta política.
Al mismo tiempo, el TSE ha permitido la inscripción de candidatos con claras prohibiciones constitucionales como es el caso de Zury Ríos, hija del dictador acusado de genocidio Efraín Ríos Montt, ya que en Guatemala existe una norma que prohíbe la participación a parientes de golpistas. También se han inscrito narcotraficantes confesos, como Exadillas Dionel Ramos Aguilar, u otros candidatos con causas judiciales abiertas.
Mack atribuye esta situación a la actual ley electoral, que, según el analista, tiene “vacíos legales y contradicciones”, lo que lleva al TSE a actuar estableciendo reglas propias que, en muchas ocasiones, son “discrecionales y contradictorias”. En consecuencia, asegura, “se agudiza la percepción ciudadana de que ya está todo cocinado y de que las elecciones no son un instrumento útil”.
El último candidato que fue arrestado es Juan Francisco Solórzano Foppa, de la coalición Semilla-Winaq-URNG para la alcaldía de la capital. Era crítico con el sistema y, según las últimas encuestas, tenía opciones reales de lograr la alcaldía.
Las encuestas también daban una clara victoria al empresario Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana, un candidato outsider y crítico con el oficialismo. Pero pocos días después de la publicación de los sondeos, la Corte Constitucional suspendió su candidatura alegando irregularidades en la asamblea donde se proclamó a los candidatos del partido.
Después de su descalificación y según las últimas encuestas, los candidatos con mayor ventaja son Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos; Sandra Torres, candidata conservadora de la oposición pero afín al oficialismo, y Edmond Mullet.
Persecución política de periodistas y jueces
La Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras, ha mostrado su preocupación por la exclusión de candidatos y por la situación política que vive Guatemala. Los analistas no se ponen de acuerdo para definir el actual sistema político del país, pero todos ellos coinciden en señalar un progresivo debilitamiento de la democracia y los tintes autocráticos que está adquiriendo.
En el contexto de la región centroamericana, en Guatemala no existe un líder carismático como Bukele o una dictadura tradicional como la de los Ortega en Nicaragua. Sáenz de Tejada la define como una “democracia de fachada” o una “dictadura en la que se realizan elecciones”. En su opinión, existe una coalición de redes económicas y políticas ilícitas que incluye a funcionarios, políticos, militares, empresarios y estructuras criminales que ha colonizado el sistema de partidos para su propio interés.
Mientras, Mack sostiene que se trata de una “democracia híbrida”, con el Estado controlado por el Ejecutivo de Giammattei, que ha cooptado los poderes legislativo y judicial, persiguiendo a los opositores y protegiendo a los aliados del presidente. “Si todo está cooptado y todos responden a los mismos intereses, no hay posibilidad de que surja una oposición real; si la hubiera, la van a perseguir y la van a eliminar”, explica.
El primer analista agrega que, “más allá de la deriva autoritaria, se añade otra línea de acción: el ataque y la persecución a los medios de comunicación y los periodistas”.
Una muestra de ello es el caso de José Rubén Zamora, periodista y director de El Periódico, quien lleva 10 meses encarcelado por acusaciones de obstaculizar la acción penal. Zamora fue arrestado en su casa el pasado julio, tan solo cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción contra el presidente Giammatei y su círculo íntimo. Zamora, principal crítico del Gobierno, fue condenado la semana pasada a seis años de prisión por un supuesto caso de blanqueo de capitales en un proceso plagado de irregulares, según ha denunciado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), entre otras organizaciones.
El pasado 15 de mayo se publicó la última edición de El Periódico, que, después de casi 30 años de existencia, decidió cerrar tras denunciar persecución, presiones políticas y económicas. Cuatro de los abogados que se encargaban de la defensa de Zamora han sido detenidos por acusaciones infundadas y un quinto ha tenido que abandonar el país.
“La condena y el encarcelamiento vergonzosos del periodista guatemalteco José Rubén Zamora son un crudo testimonio de la erosión de la libertad de expresión en el país y de los esfuerzos desesperados del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei por criminalizar el periodismo”, dijo tras el anuncio de la sentencia Carlos Martínez de la Serna, director de programas de CPJ en Nueva York. “Las autoridades guatemaltecas deben acabar con esta farsa absurda de procesos penales contra él. Es hora de liberar a José Rubén Zamora, cuyo único ‘crimen’ ha sido el ejercicio audaz de su profesión”.
Desde 2018, más de 30 abogados, fiscales, jueces y periodistas que denunciaron la corrupción en el país centroamericano han tenido que exiliarse señalando una persecución política en su contra.