Elecciones en Venezuela: claves de unas presidenciales decisivas para el chavismo tras 25 años en el poder

Venezuela celebra este domingo unas elecciones presidenciales que podrían cambiar el rumbo político del país. Algunos sondeos muestran que Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición por la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), tiene opciones de imponerse a Nicolás Maduro, el actual presidente, que busca renovar su mandato por tercera vez este 28 de julio.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) lleva gobernando el país desde 1999, primero con Hugo Chávez y, tras su muerte en 2013, con Nicolás Maduro.

Sanciones y crisis

Venezuela lleva más de una década sumergida en una profunda crisis. Comenzó con la caída del precio del petróleo en 2014, al inicio del Gobierno de Maduro. Las sanciones de países como Estados Unidos y de la Unión Europea y la inflación –que ahora se sitúa en el 8,9%– han hecho que la vida en el país sea muchas veces complicada.

Hoy, Naciones Unidas calcula que 7,7 millones de venezolanos se han marchado del país. De ellos, menos de 70.000 podrán votar en estas elecciones. La situación socioeconómica, sumada al encarcelamiento de críticos con el Gobierno, ha llevado a un alto porcentaje de su población —más del 19%— a marcharse, y según algunas encuestas hasta un tercio de las personas que siguen en Venezuela aseguran que migrarán si no se produce un cambio político. 

Cierre de filas de la oposición

Un segundo factor, y quizás más decisivo, es la capacidad de reformularse de los partidos opositores: la oposición antichavista ha conseguido formular una propuesta política que, por primera vez, parece tener una oportunidad de medirse con el oficialismo en Venezuela.

La Plataforma Unitaria Democrática, una coalición que reúne a los 11 partidos de la oposición, volcó esa confianza en la política de derechas María Corina Machado, líder de la agrupación política Vente Venezuela, exdiputada de la Asamblea Nacional y una de las caras más visibles contra el chavismo.

En octubre de 2023, Machado ganó con el 92,6% de los votos unas elecciones primarias que se celebraron para elegir quién representaría a la oposición. Pero no pudo ser la candidata. En enero de este año, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó su inhabilitación política durante 15 años, sumándose a una lista en la que también está el excandidato a la presidencia Henrique Capriles. El escrito justificaba esta medida por haber “sido participe de la trama de corrupción orquestada” por el exjefe del Parlamento y presidente autonombrado Juan Guaidó, así como por incumplir normas venezolanas –antes, la Contraloría General le recriminó haber defendido las sanciones contra la nación caribeña–.

Aunque Machado decía en un principio que no habría elecciones sin ella, dos meses después, en marzo, delegó su candidatura en Corina Yoris, una académica y filósofa de bajo perfil político a la cual el Consejo Nacional Electoral tampoco dejó inscribirse. Así que, en el límite para presentar la propuesta, el exembajador Edmundo González Urrutia entró en la jugada: cumplía los requisitos administrativos, por lo que, en un principio, entró de forma provisional. Finalmente, con el espaldarazo de María Corina Machado, González fue nombrado candidato opositor.

Hoy, lidera varias encuestas. El lunes de esta semana, la consultora ClearPath Strategies mostraba una intención de voto del 59% para González, frente al 33% de Maduro. Otro sondeo, realizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB con la encuestadora Delphos, pronostica una distancia aún más amplia: 59,1% frente a 24,6%.

“Hoy en día hay un resultado muy amplio a favor de la oposición, que no se había visto hasta ahora y que no se entendería sin el endoso de los votos de María Corina Machado a González”, dice a elDiario.es Benigno Alarcón, director de este centro de estudios. También es vital el apoyo de los demás partidos de la oposición. “Se generó una imagen de unidad, que aumenta las expectativas de que puedan ganar”, añade Alarcón.

El Gobierno venezolano ha argumentado que compite con “desventaja” en las presidenciales debido a las sanciones internacionales que “limitan o generan distorsiones en la capacidad de hacer gestión”.

Tanto el chavismo como la oposición han sacado a miles de simpatizantes a la calle como una demostración de sus fuerzas en la recta final de la campaña electoral.

“Estoy preparado para una gran victoria y sé que nuestro pueblo lo va a volver hacer. No pudieron con nosotros y no podrán jamás y el domingo se lo demostraremos a los fascistas, al imperialismo”, dijo Nicolás Maduro el pasado jueves frente a una multitud de simpatizantes: “El domingo, pásales la cuenta a los fascistas, a la extrema derecha, y vamos a darle una pela (paliza) para que no se levanten más nunca y no le echen más vaina a esta patria”.

Y después, ¿qué?

Maduro ha usado palabras como “guerra” o “hecatombe” para referirse a una victoria de la oposición. En un mitin llamó a la población a votarle “si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil”, ante la perspectiva de un gobierno de la oposición.

Referentes de la izquierda latinoamericana han recalcado la importancia de que se respeten los resultados. El brasileño Lula da Silva, que en un principio había preferido tomar distancia, esta semana hizo hincapié en el respeto a “valores democráticos” y se mostró preocupado por las declaraciones del mandatario. “Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va, y se prepara para otras elecciones”, enfatizó. El presidente de Chile, Gabriel Boric, mostró su respaldo a su homólogo brasileño. “No se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre. Lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos y esos baños de votos representan la soberanía popular, que debe ser respetada”, dijo el mandatario chileno.

“Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión, el que se asustó que se tome una manzanilla porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo”, respondió el mandatario en un acto de campaña.

Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha insistido en su propuesta de un acuerdo nacional que “busque las máximas garantías a la oposición respetando el resultado electoral próximo”. En abril, Petro calificó la inhabilitación electoral de María Corina Machado como un “golpe antidemocrático”.

Otros países de la región, en concreto Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay, han cuestionado el “hostigamiento y la persecución sistemática contra dirigentes y partidarios de la oposición venezolana”.

Los expresidentes iberoamericanos de derechas, entre los que están José María Aznar y Mariano Rajoy, han dicho que “cualquier intento de fraude debe ser castigado con las máximas sanciones”.

Analistas políticos consultados por este medio creen que no aceptar los resultados sería un tiro en el pie para Maduro, por lo que confían en que no tomará esa vía. “Hay un cierto nerviosismo, pero yo espero que las instituciones respeten el resultado. Si Maduro no lo hace, abriría una caja de Pandora difícil de cerrar”, señala Benigno Alarcón.

El próximo presidente de Venezuela asumirá el cargo en enero de 2025, así que habría casi seis meses por delante para llevar a cabo el traspaso de poderes. “Si Maduro pierde las elecciones, el Gobierno debería ser el principal interesado en negociar. Si no lo hacen, va a haber una situación complicada para ellos. Después, nadie va a querer negociar con ellos”, dice Alarcón.

En una entrevista reciente con El País, Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente venezolano, asegura que, llegado el caso, reconocerían una derrota, aunque asegura que confía en un triunfo del chavismo. “Si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición, listo. No nací en la presidencia, mi papá no nació siendo presidente. Yo nací en el Valle, estudié en un colegio público. Y si todo acaba para ser oposición, somos. Yo no sé si nos aguantan de oposición, somos un fastidio”, dice.

Amnistía Internacional ha dicho que el “compromiso con los derechos humanos” es “imperativo” tras un periodo electoral “marcado por la represión” y ha recordado que la Corte Penal Internacional investiga al Gobierno de Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad por la represión de protestas en 2017, algo que también ha denunciado una misión de la ONU.

Por ahora, quedará por ver qué sucede este domingo en Venezuela, en las que se prevé sean unas elecciones históricas y masivas, que anticipan hasta un 70% de participación.