Elon Musk declara la guerra a Reino Unido y Europa le mira con miedo

En su campaña a favor de la extrema derecha europea, Elon Musk ha recordado que tuvo una abuela británica. Evidentemente, tenía que contarlo a los 211 millones de seguidores que tiene en su red social. Nació en una familia pobre en la época de la Gran Depresión y salió adelante limpiando casas. “Mi abuela era una de las chicas pobres de clase trabajadora que no tenía a nadie que la protegiera y que podría haber sido secuestrada en la Gran Bretaña de hoy”, escribió. Es poco habitual que el hombre más rico del mundo –por el valor en Bolsa de sus empresas– se preocupe por la clase trabajadora. No hay que alarmarse. Sólo la utiliza para denunciar una conspiración basada en una evidente manipulación de los hechos conocidos hace mucho tiempo.

Musk y personajes de la extrema derecha con cuenta en Twitter han descubierto un escándalo de abusos sexuales a menores del que todo el mundo supo en Reino Unido hace trece años. Recibió una amplia cobertura en los medios de comunicación, empezando por una exclusiva de The Times en enero de 2011, y fue el origen de un documental de BBC e incluso de una serie televisiva de tres capítulos emitida por esa cadena pública en horario de prime time. Fue motivo de debates parlamentarios y de varias comisiones de investigación. A pesar de todos estos hechos, el dueño de Twitter y Tesla sostiene que el escándalo se enterró y, entre otros, acusa al actual primer ministro, Keir Starmer, de ser responsable del encubrimiento.

En los últimos años, la Comisión Europea ha lanzado varios avisos, con mayor o menor credibilidad, sobre el peligro que supone la interferencia rusa en las elecciones en Europa. Ha llegado a imponer la prohibición del acceso por internet a los medios de comunicación gubernamentales rusos.

Ahora se encuentra ante un dilema más grave. El lunes, un portavoz de la Comisión afirmó que Musk tiene derecho a apoyar al partido que quiera, pero que vigila la neutralidad del funcionamiento y de los algoritmos de su red social. La declaración no significa mucho, porque las autoridades europeas no conocen cómo funciona ese algoritmo y cómo ha sido alterado por Musk, más allá de lo que ha contado él y los medios de comunicación. “Es necesario asegurarse de que la plataforma no se utiliza indebidamente ante riesgos sistémicos relacionados, por ejemplo, con los procesos electorales o el discurso cívico”, dijo el portavoz.

Musk se ha declarado a favor de la ultraderecha alemana (AfD) y de Reform UK, el partido de Nigel Farage. “Sólo AfD puede salvar a Alemania”, anunció. Luego, pasó a ocuparse del Reino Unido, al que llamó “Estado policial”, y comparó a Starmer con Stalin. Por el camino, pidió la excarcelación de Tommy Robinson, un conocido dirigente de la extrema derecha más fanática y xenófoba. Robinson fue condenado en octubre a 18 meses de prisión por desacato a un tribunal al negarse a dejar de publicar mentiras sobre un refugiado sirio menor de edad que sufría acoso escolar.

El 5 de enero de 2011, la portada de The Times destacó sobre todas las demás en los quioscos. Denunció “una conspiración de silencio” en los catorce años anteriores sobre grupos de hombres que vejaban o violaban a menores de edad en el centro y norte de Inglaterra. La mayoría de los culpables eran británicos de origen paquistaní. Ni la policía ni la justicia prestaron la ayuda debida a las víctimas. De algunas se dijo que su testimonio no era lo bastante creíble como para llevar el caso a los tribunales. La actitud displicente de la policía ante las denuncias de mujeres por delitos sexuales, un hecho constantemente denunciado por organizaciones feministas y de ayuda a las víctimas, permitió que muchos criminales no fueran juzgados.

Eso no quiere decir que ninguno lo fuera. The Times identificó ese año al menos 17 procesamientos, catorce de ellos en los tres años anteriores. El periódico citaba fuentes policiales anónimas que afirmaban que la pasividad de las autoridades se debía a que no querían ser acusadas de racistas por la comunidad de origen paquistaní. Las fuerzas policiales lo negaron por completo. La responsabilidad también recayó sobre los ayuntamientos, que tenían capacidad legal para reclamar la intervención de la policía, en especial el de Rotherham, una ciudad de unos 109.000 habitantes en esa época.

Una comisión de investigación independiente ofreció la cifra de 1.400 menores que habían sido violadas o sufrido abusos de distinto tipo entre 1997 y 2013 en Rotherham. Sumadas otras localidades, la cifra total sería quizá de varios miles. Algunas víctimas sólo tenían once años. En su mayoría, vivían en casas de acogida o en familias desestructuradas. El tipo de personas de clase baja de la que la policía desconfiaba o mostraba un interés mínimo por defender sus derechos, como quedó claro en otras pesquisas posteriores.

47 policías en activo o retirados fueron investigados. De ocho de ellos, se dictaminó que eran culpables de negligencia y otros seis de negligencia grave. Como algunos de ellos ya estaban retirados, sólo cinco sufrieron sanciones menores, sólo anotaciones críticas en su expediente personal. Ninguno perdió el empleo.

Una de las víctimas, Sammy Woodhouse, que sufrió abusos con 14 años, denunció mucho tiempo más tarde que los agentes nunca le tomaron en serio cuando les comunicó ya con 16 años lo que estaba sufriendo. La policía no dio importancia a su denuncia ni detuvo al agresor, que fue condenado años después a 35 años de prisión por todos sus delitos. “La policía me dijo en varias ocasiones que yo era responsable de mis actos y que yo estaba dejando que me convirtieran en una víctima”, dijo otra de las mujeres que sufrió abusos cuando era menor. Todos estos casos no fueron realmente investigados y no llegaron a la Fiscalía de la Corona.

Frente a la imagen positiva que existe sobre la policía británica fuera del país por su funcionamiento operativo independiente del Gobierno, lo cierto es que hay numerosos ejemplos de la impunidad de la que goza cuando se cuestiona su conducta. Quien sí pagó con el puesto fue el jefe de policía del condado de South Yorkshire y casi todos los responsables implicados en el Ayuntamiento de Rotherham. Finalmente, el Gobierno nombró una gestora para que se ocupara del consejo local.

No es cierto, como se ha leído en redes sociales en los últimos días, que los agresores escaparan de cualquier castigo. En España, cuentas de Twitter con decenas de miles de seguidores anunciaron que las agresiones sexuales fueron encubiertas desde entonces. “Lo llevan escondiendo diez años para no parecer racistas”, dijo uno que recibió 12.000 'likes' por la mentira. Iván Espinosa de los Monteros, exdiputado de Vox, retuiteó un artículo de Hermann Tertsch en ABC de septiembre de 2014, cuando ya se sabía lo que había pasado, en el que el hoy eurodiputado de ese partido decía que en el escándalo “no había detenidos”.

Algunos ya habían sido procesados y condenados antes de que The Times publicara la exclusiva. No los suficientes. Por ejemplo, en noviembre de 2010 cinco hombres de Rotherham fueron condenados a penas de prisión por delitos sexuales contra menores de edad.

Tras el escándalo inicial, otros muchos fueron condenados a largas penas de prisión. Los casos más graves se juzgaron en 2016. 35 años de prisión a un violador por 23 acusaciones por violación y otros abusos. 25 años por 15 cargos a otro. 19 años por cargos de violación y daños físicos a otro. Las condenas por numerosos delitos de violación superaban con mucho los diez años de prisión.

Apoyado en hechos falsos presentados por cuentas de Twitter, Elon Musk ha pedido “justicia para centenares de miles de niñas británicas que fueron atacadas sin compasión por bandas y a menudo asesinadas de forma horrible”. La cifra de centenares de miles –algunas cuentas mencionan la cifra de 800.000– es una pura invención. No está confirmada por ningún documento oficial. Lo de que fueron “a menudo asesinadas” es falso.

Musk acusó a Keir Starmer de ser uno de los encubridores y reclamó que sea juzgado “por su complicidad en el peor crimen masivo de la historia de Gran Bretaña”. De paso, pidió al rey Carlos III que lo destituyera y convocara elecciones, una medida que la ley no permite al monarca.

El primer ministro fue el director de la Fiscalía de la Corona entre 2008 y 2013. No hay pruebas de que Starmer interviniera directamente en ninguno de esos casos, ni siquiera el que se produjo en 2009, cuando llevaba nueve meses en el cargo, cuando la Fiscalía no llevó un caso de Rochdale a juicio porque la declaración de la víctima no le parecía creíble.

Ese caso de 2009 fue revisado por la Fiscalía dos años después. Reconoció su error y nueve hombres fueron procesados y condenados. “Keir (Starmer) estaba cien por cien a favor de admitir en público que nos habíamos equivocado en el pasado”, dijo el fiscal que llevó la acusación. Cuando Starmer abandonó el cargo, la Fiscalía “había pasado de ser terrible a tener la mayor tasa de condenas de su historia”, según ese fiscal.

La líder de los tories, Kemi Badenoch, se ha subido al carro de Musk, lo que es una apuesta arriesgada. Le puede pasar lo mismo que a Nigel Farage, líder de Reform UK, que pasó de ser el favorito del dueño de Twitter hasta que este exigió su dimisión por no apoyar al ultra Tommy Robinson. Badenoch ha aceptado la reclamación de Musk de que se ponga en marcha una comisión independiente para volver a estudiar el escándalo de 2011.

En uno de sus arrebatos de furia, Musk llamó a la ministra laborista Jess Philips “apologista del genocidio y la violación”. Sólo por no estar a favor de una nueva comisión. Es una acusación difamatoria que podría ser definida como incitación a la violencia. Un asunto serio en un país que ha visto en la última década cómo dos diputados –la laborista Jo Cox y el conservador David Amess– fueron asesinados por personas de ideas extremistas.

Para los conservadores, el asunto es delicado, porque gobernaron el país desde 2010 hasta 2024 y en teoría serían más responsables que los laboristas. Starmer ha acusado a la oposición y a su líder de “subirse a la polémica sólo para recibir atención” y de “amplificar lo que dice la extrema derecha”. Farage aspira a que la ofensiva de Musk termine debilitando a sus dos rivales.

Alexis Jay, la presidenta de la investigación independiente iniciada en 2014, ofreció su informe final en octubre de 2022 (siete años y un presupuesto superior a 180 millones de libras) sobre los abusos sexuales en la infancia y lo entregó al ministro de Interior. Badenoch fue nombrada ministra de la Mujer e Igualdad ese mismo mes de 2022. Lo más dañino para los tories es que ellos estaban en el poder y no llegaron a poner en práctica ninguna de las recomendaciones más importantes que aparecen en el informe. El actual Gobierno de Starmer ha prometido ponerse a ello.

Jay ha dicho este lunes que no es necesaria una nueva comisión. Sólo serviría para retrasar muchos años más las medidas necesarias. Lo que hay que hacer es poner en marcha las conclusiones de la comisión que ella presidió.

La respuesta del portavoz de Justicia de los tories, Robert Jenrick, consiste en alegar que la comisión se centró en los hechos ocurridos en seis ciudades y que se debería ampliar la investigación a cincuenta. Es el mismo político que fue ministro de Vivienda y Gobierno Local en el Gabinete conservador y que no se molestó en reunirse con la comisión de investigación, que entre otras cosas debía tratar la responsabilidad de los servicios sociales de las administraciones locales. “El Estado de derecho fue abandonado para sostener el mito que la diversidad es nuestra fortaleza”, ha dicho, lo que ha hecho que se le empiece a comparar con el diputado Enoch Powell que vio acabada su carrera política en los tories por un célebre discurso de contenido claramente racista en 1968.

Todo eso le da igual a Elon Musk. En perfecta simetría con la extrema derecha, cree que Europa está condenada a “una guerra civil” en el futuro por su tolerancia hacia la inmigración, la caída demográfica o la pérdida de lo que él considera que son los valores occidentales. Afirma que solo partidos como AfD, Reform UK y las formaciones de Le Pen y Meloni pueden “salvar” el futuro de los países europeos. No le importa que los medios de comunicación británicos informaran de forma extensa del escándalo a partir de 2011. Sus seguidores en Twitter se limitarán a repetir sus proclamas, decenas de ellas al día si es necesario. Lo que quiere es sembrar el caos y que sus partidos favoritos sean capaces de aprovecharse de él.