El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado con devolver a Suecia y Finlandia a la casilla de salida si no se produce la extradición de 73 individuos que Ankara califica de terroristas. “Primero tienen que cumplir sus promesas. Cuando lo hagan, enviaremos el memorándum firmado para su ratificación [en el Parlamento], pero si no lo hacen, no será posible”, ha afirmado el presidente en la última rueda de prensa de la cumbre de la OTAN de Madrid.
“Si las promesas que están en el acuerdo no se cumplen, actuaremos en consecuencia. Si prometes la extradición, hay que cumplir y si no, Turquía no cumplirá las suyas”, ha dicho el presidente, que ha recordado que Macedonia tardó 20 años en entrar en la OTAN por el bloqueo griego. “Este no es un proceso que se puede finalizar rápido”.
Se avecinan problemas en la interpretación del texto. Para Erdogan, el memorándum es una promesa de extradición. Para Suecia, no. El texto del acuerdo trilateral –Finlandia, Suecia y Turquía–, que ha permitido levantar el veto turco en primera instancia, señala únicamente que Suecia y Finlandia “abordarán” estas peticiones “de forma rápida y exhaustiva”. Sin embargo, Erdogan tiene su propia lectura: “Lo importante es lo que nosotros entendemos y lo que hemos discutido”. “Suecia nos ha hecho promesas sobre estas 73 personas. Dijeron que harían lo necesario y esperamos que lo hagan”.
“En primer lugar, nunca extraditamos a nadie que sea ciudadano sueco y sé que algunos de los que han mostrado su preocupación son suecos, así que no tienen que preocuparse”, ha afirmado este jueves la primera ministra sueca, Magdalena Andersson. “En segundo lugar, seguiremos la legislación sueca e internacional. Por último, esto significa que si uno no está llevando a cabo actividad terrorista, no tiene que preocuparse”. “El acuerdo con Turquía no cambia [el proceso de extradición]”, aseguró la ministra de Exteriores, Ann Linde.
Turquía ha enviado decenas de solicitudes de extradición por toda Europa contra personas a las que acusa de pertenecer a organizaciones terroristas que no son consideradas como tal en los países miembros –como por ejemplo el Movimiento Gülen (FETÖ)– y que, en consecuencia, han sido rechazadas. Países europeos, incluido España, no solo no han autorizado estas extradiciones, sino que en muchas ocasiones les han concedido asilo y protección internacional. “En términos de terrorismo, hemos entregado muchas pruebas. Hablamos de gente que ha matado. Si el Estado no lo considera así, no podemos depender de sus legislaciones”, ha dicho Erdogan.
Secuestros internacionales
Ankara ha llegado a lanzar operaciones secretas e ilegales para detener a opositores en el extranjero y llevárselos a Turquía. “Cuando las autoridades turcas no logran la extradición a través del proceso legal, recurren a operaciones encubiertas en cooperación con agencias de las fuerzas de seguridad de terceros países, incluidos los servicios de inteligencia y la policía”, denunciaban en un documento de 2020 varios relatores especiales de la ONU especialistas en el tema. “Esto incluye acciones ilegales rápidas para situar a individuos vulnerables fuera de la protección de la ley y el subsiguiente traslado. En algunos casos, estos actos han violado órdenes judiciales contra la deportación ilegal”.
El documento se refiere a “lo que parece ser una práctica sistemática de secuestros extraterritoriales promovidos por el Estado y la devolución forzosa de nacionales turcos desde múltiples Estados a Turquía”.
En 2018, por ejemplo, seis ciudadanos turcos con permiso de residencia (a uno de ellos se le había caducado y estaba en proceso de renovación) fueron detenidos por la policía kosovar, trasladados al aeropuerto y enviados ilegalmente en jet privado a Turquía, donde fueron condenados a prisión. Fue una operación conjunta de los servicios secretos de ambos países y el grupo de trabajo en detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó una resolución sobre el caso el 25 de septiembre de 2020, calificando los hechos de “secuestro” y acusando tanto a Kosovo como a Turquía de llevar a cabo detenciones arbitrarias.
El episodio se repitió unos meses más tarde en Moldavia. Siete ciudadanos turcos que trabajaban en una escuela afiliada al movimiento Gülen desaparecieron sin dejar rastro y reaparecieron semanas después detenidos en Turquía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró ilegal la operación y condenó a Moldavia a pagar a cinco de los secuestrados 25.000 euros. Estas operaciones se han repetido en otros países como Mongolia, Kirguistán y Camboya, entre otros muchos.
Unos días antes de lo ocurrido en Moldavia, el portavoz del presidente, Ä°brahim Kalın, había sido muy claro en este sentido: “Nuestras unidades e instituciones pertinentes continuarán sus operaciones en los países en los que opera FETÖ, sea en EEUU u otro país. Podéis estar seguros de que sentirán el aliento de Turquía en su nuca. No puedo compartir ningún detalle, pero puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar. El presidente ha dado instrucciones muy claras sobre el asunto y operaciones similares a la realizada en Kosovo pueden llevarse a cabo en otros países. Todos deben saber que Turquía no permitirá a FETÖ ni un suspiro de alivio”.
Incluso Turquía se ha planteado este tipo de secuestros en EEUU, según denunció el exdirector de la CIA, James Woolsey. En 2016, el propio Woolsey fue invitado en Nueva York a una reunión de alto nivel en la que participaban varios ministros de Erdogan. Llegó unos minutos tarde, pero cuando entró, se encontró a los participantes discutiendo ideas para sacar a Fethullah Gülen de EEUU, donde reside legalmente.
Según declaró más tarde, el objetivo era una operación “encubierta para llevarse rápidamente a este tipo”. “Hubo una discusión seria para encontrar alguna forma de sacar al señor Gülen de EEUU y llevarlo a Turquía”, dijo en declaraciones al Wall Street Journal. “Si quieres extraditar a alguien, vas a los tribunales y te sometes al procedimiento normal”, añadió.