De la esperanza a la rabia: Ecuador rechaza por cinco votos despenalizar el aborto en casos de violación
Si hubiera que elegir una palabra para describir el sentir de las organizaciones feministas en Ecuador sería, sin duda, indignación. El Parlamento ha rechazado este martes despenalizar el aborto en todos los casos de violación y malformación del feto. Los colectivos lamentan que el Estado continúe así “criminalizando” a las mujeres, sobre todo a las jóvenes y a las que disponen de escasos recursos económicos.
Un total de 65 parlamentarios votaron a favor de la reforma del Código Penal que proponía ampliar los casos en los que se habilita el aborto, mientras que 59 se opusieron y seis se abstuvieron. Tan solo cinco votos más habrían bastado para aprobar la reforma legislativa.
“Es indignante; tanto los asambleístas que votaron en contra como los que se abstuvieron o decidieron no estar en la Asamblea no nos representan. Tuvieron un momento histórico para el avance de los derechos de las mujeres y, sin embargo, no les interesó. Lamentablemente retrocedimos diez años en los derechos de las mujeres”, cuenta a eldiario.es la psicóloga Cristina Cachaguay, presidenta de la organización ecuatoriana Mujeres por el Cambio.
El rechazo de esos diputados a la despenalización del aborto en determinados casos responde, según la activista, a “un cálculo político” de cara a las elecciones presidenciales de 2021, ya que si hubieran votado a favor de esa reforma “no serían reelectos en los próximos comicios”, afirma.
Tampoco hay que olvidar que Ecuador es un país conservador, con un 80% de población católica, y, al igual que en otras naciones de la región como Brasil, Argentina y Colombia, “también aquí ha habido un fortalecimiento de una ultraderecha a la que no interesan los temas relativos a los derechos”, añade Cachaguay.
Abortar en Ecuador es ilegal excepto en dos casos: cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada. Se trata de una legislación vigente desde 1938 y establece penas de cárcel de seis meses a dos años para las mujeres que deciden abortar.
Según datos de la organización feminista ecuatoriana Surkuna, un total de 435 mujeres fueron criminalizadas por aborto entre enero de 2013 y enero de 2019 en el país. Este mismo colectivo cifra en 20.632 los abortos registrados a lo largo de 2016 en adolescentes de 15 a 19 años, o dicho de otra manera: 56 adolescentes interrumpen su embarazo cada día poniendo en riesgo su salud, pues en su mayoría se someten a prácticas inseguras. Asimismo, Surkuna sostiene que en 2016 hubo 1.102 abortos en niñas de 10 a 14 años, si bien la ley ecuatoriana considera violación toda relación íntima con menores de 14.
“La decisión que tomó el martes la Asamblea Nacional fue lamentable, una medida que contribuye al retroceso de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas porque continuar con un embarazo producto de una violación es un acto de tortura, un trato cruel y degradante”, indica a eldiario.es Mayra Tirira, abogada de este colectivo encargado de defender a mujeres que han sido criminalizadas por abortar en el país latinoamericano.
Desde las organizaciones feministas también recuerdan que la mayor parte de las mujeres que en Ecuador “son ultrajadas y violentadas” provienen de los sectores más populares. “El Estado sigue criminalizando la pobreza. Las mujeres ricas abortan fuera del país, mientras que las pobres lo hacen de forma clandestina y mueren”, sostiene Cachaguay.
Aunque el proyecto para legalizar el aborto en caso de violación y malformación del feto haya fracasado esta vez –y otra más en 2013–, los colectivos de mujeres en Ecuador ya han advertido de que “esto recién empieza” y de que continuarán “posicionando el tema en la agenda” con el objetivo de poder decidir sobre sus propios cuerpos.
América Latina es una de las regiones del mundo con leyes más restrictivas en cuanto al aborto. En El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia. El aborto en la región solo está despenalizado en Uruguay, Cuba, Guyana, Puerto Rico y Ciudad de México, lugares donde las mujeres siguen enfrentándose a numerosas dificultades para acceder a estos servicios.
