“Estamos muy preocupados por la situación de plena indefensión de Pablo González, ciudadano europeo que ha visto sistemáticamente violados derechos básicos”. Es la queja que ha llegado al despacho del ministro de Justicia de Polonia, Zbigniew Zobro, de 14 eurodiputados, que forman parte de los socialdemócratas, verdes y la izquierda. En una carta, denuncian las condiciones en las que el periodista está detenido en ese país desde hace más de un año y medio y reclaman al Gobierno polaco que “pueda regresar a España en situación de libertad provisional, cerca de su familia y con garantías de respeto a sus derechos como ciudadano de la Unión Europea y el apoyo del Gobierno Español para que esto sea posible”.
Entre los firmantes de la misiva, impulsada por Miguel Urbán (Anticapitalistas) se encuentra el eurodiputado del PSOE, Nacho Sánchez Amor, y representantes integrados en Sumar, como María Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego y Manu Pineda (Izquierda Unida); e Idoia Villanueva (Podemos). Exigen que “se celebre a la mayor brevedad posible un juicio con las debidas garantías jurídicas y procedimentales” y ponen el énfasis en las “vulneraciones de derechos que se están produciendo dentro de un Estado Miembro de la Unión Europea, como es el caso de Polonia”, que está en el punto de mira de Bruselas por su deriva autoritaria.
En la carta, los eurodiputados recuerdan que González fue detenido en febrero de 2022 “bajo acusaciones tan graves como la de participar en actividades de inteligencia extranjera contra Polonia y de ser un agente del Departamento Central de Inteligencia ruso” que “pueden suponer una condena de hasta 10 años de cárcel según el Código Penal de Polonia”. “Durante los últimos 18 meses en prisión ha permanecido incomunicado, pasando 23 horas al día en una celda sin luz solar y sin otras visitas que las de ”obligado cumplimiento“ del cónsul de España en Polonia. Además, su familia solo ha podido visitarle en dos ocasiones”, reprochan: “Consideramos que esto se trata de una violación de la Carta Europea de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales por parte de un Estado Miembro como Polonia”.
“No puede haber ningún tipo de connivencia con el gobierno de extrema derecha polaco. No podemos ignorar que no existe una acusación firme sobre él, es una situación kafkiana. Debemos seguir haciendo presión internacional, por lo que seguiremos dando pasos hacia adelante”, expresa Urbán, que recrimina la actitud que ha mantenido el Gobierno de Pedro Sánchez ante el caso de González.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, siempre ha sostenido que los derechos de González se estaban cumpliendo en lo que se refiere a la defensa y a la asistencia consular, aunque en sus declaraciones también pide a Polonia que tenga un “juicio público lo antes posible”.