Son 800 pesos (algo más de 50 euros), que no pueden cambiarle la vida a nadie, pero que en Argentina han resultado casi una revolución. La Asignación Universal por Hijo –el ingreso que reciben los menores con padres desempleados o con empleos informales o muy precarios– es uno de los hitos del gobierno de Cristina Kirchner y una medida que, en plena puja electoral, no es cuestionada por ningún partido político. Hasta el liberal Mauricio Macri (al que las encuestas dan por ganador en la segunda vuelta del 22 de noviembre) la ha respaldado y ha prometido su ampliación.
No es la primera medida que se ensaya en América Latina para apuntalar los ingresos de los más pobres. México lleva años con Progresa-Oportunidades y Brasil con Bolsa Família. Pero la AUH argentina, creada en 2009, tiene características excepcionales que le han valido reconocimiento internacional: más que una simple transferencia de capital, supone una ampliación de derechos.
“La diferencia con lo que se hace en otros países es que aquí se cambió la concepción restringida de la seguridad social en la niñez. En Argentina los hijos de padres trabajadores ya tenían sus beneficios (asignaciones familiares o desgravaciones fiscales), así que lo que se hizo fue ampliar esa cobertura a aquellos que vivían en familias con empleos informales o precarios”. No se puede discriminar a los menores por la situación laboral de los padres“, explica Roxana Mazzola, especialista en desigualdad y autora del libro Nuevo paradigma. La Asignación Universal por Hijo, que ya va por su tercera edición.
Este cambio no es menor en un país en el que la mitad del trabajo en 2002 no estaba en negro (ahora la tasa de empleo informal ronda el 34%). El programa ha sido destacado por Unicef y hasta por el Banco Mundial, que coloca a Argentina entre los países con “mayor performance” por destinar más de 50% de las transferencias al quintil más pobre de la sociedad, gracias sobre todo a la AUH y a los comedores escolares.
¿Renta básica ciudadana o asignación infantil?
Esa integración bajo el paraguas de la seguridad social y no como un plan de asistencia fue de algún modo revolucionaria pero no inesperada. Argentina llevaba tiempo inmersa en el debate que también se plantea en España de garantizar o no –y en todo caso, de qué manera– una renta básica o ciudadana que amortigüe los efectos de la crisis en los sectores más vulnerables.
“Aquí la discusión sobre la renta básica y los posibles efectos económicos adversos de la universalidad se zanjó poniendo el foco en la infancia. Tomando la carta de Derechos del Niño y haciendo un uso efectivo y no retórico de ella”, sostiene Mazzola. Porque el de los menores es el segmento más afectado por la desigualdad. Mucho más en en una región, Latinoamérica, que tiene el triste privilegio de ser la más desigual del planeta.
En 1997 el 35% de los niños tenía cobertura de la seguridad social. Hoy es más del 80% de los 12 millones de menores de 18 años de Argentina. La AUH atiende a unos 3,5 millones de menores y embarazadas. De acuerdo con la evaluación realizada por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, la AUH representa el 24,5% de la totalidad de los ingresos de los hogares receptores y el 36% en las familias más pobres.
“Es un complemento que hay que establecer mientras no se crean nuevos empleos. No garantiza salir de la pobreza, sino que los pobres no estén tan mal”, opina Agustín Salvia, responsable del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), criticado por el gobierno por destacar en sus informes un alto porcentaje de pobreza: el 28% de la población, según el último de ellos.
Para Salvia, “los programas no resuelven el problema de las personas en situación de pobreza. Eso se resuelve con mejores trabajos y mejores condiciones de socialización y de hábitat. Con políticas más integrales de desarrollo”, defiende. Pero reconoce el peso de estas medidas: “Hoy tenemos 10 millones de pobres, y sin las ayudas habría dos millones más. Y de los dos millones de indigentes actuales pasaríamos a cuatro”, señala.
“Muy difícil de erradicar”
Ese dinero de la AUH se usa principalmente para comprar alimentos, ropa, calzado, material escolar y también material de construcción para mejorar las viviendas. “Los prejuicios que se extendieron al principio y que todavía algunos repiten, como que los beneficiarios son unos vagos y que la plata se va en juego y drogas, quedan más que desmentidos en las evaluaciones de impacto de la AUH”, sostiene Mazzola, que menciona otro de los supuestos con los que la medida fue atacada en un primer momento: “tampoco desincentiva el empleo, porque precisamente es un complemento”, defiende la especialista.
Salvia plantea más dudas, porque explica que el magro salario de un empleo de baja cualificación muchas veces no consigue igualar la suma de las asignaciones con los ingresos de la economía informal. “El problema es que Argentina no está creando empleo y eso hace a estas medidas muy difíciles de erradicar”, asegura.
Con todo, los estudios –incluido el de la UCA– muestran que a partir de la AUH hay un descenso del trabajo infantil y de labores femeninas en condiciones de explotación. Otro efecto positivo es el del aumento de los controles sanitarios y de la permanencia en la escuela. Es que los beneficiarios de la AUH reciben un 20% del total de la asignación a finales de año, cuando presentan la constancia de que los niños están recibiendo los cuidados de salud necesarios (incluida la vacunación) y de que concurren a clase.
Para Mazzola el desafío consiste en generar condiciones para la inserción laboral de la mujer y una red de cuidados (guarderías, centros de día para ancianos) que mejore la empleabilidad de las mujeres y así ampliar el porcentaje de cotizantes. “Pero sobre todo es una inversión a largo plazo, en materia educativa y social, para que quienes hoy son beneficiarios de la AUH tengan mejor formación y más oportunidades en el futuro”. La cuestión es si un gobierno de corte más liberal tendría entre sus prioridades mantener esta apuesta en una época de vacas flacas como la que se prevé en la región en los próximos años.
“La AUH no es una medida cara, supone un 0,8% del PIB”, tercia Salvia. Se calcula que el estado invierte al año unos 28.000 millones de pesos (1.750 millones de euros aproximadamente). En todo caso, Salvia no cree que todos los partidos sean “necesariamente partidarios ideológicamente de la medida, sino que han adherido a ella porque es necesario”, remacha. En todo caso, sino por convicción por simple pragmatismo, es poco probable que un gobierno de la alianza opositora Cambiemos elimine la AUH. “En un panorama económico de ciertos ajustes, quitarla produciría un shock muy fuerte. Las familias no tendrían con qué reemplazar ese ingreso y se multiplicaría la protesta social”.