Es mediodía y el sol pega con fuerza. Delante se sienta César (nombre ficticio), un exmilitar colombiano que fue condenado a 40 años de prisión por delitos cometidos durante el conflicto armado entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Mientras bebe un refresco sin bajar la mirada, asegura que se considera una víctima más de la guerra que se extendió en Colombia por más de medio siglo. Tras siete años de cárcel, ahora se encuentra en libertad tras acceder a colaborar con la justicia, pero su futuro aún está en juego.
Enfundado en una camisa blanca impoluta, que sujeta una tez morena y sus ojos oscuros, admite que “hubo cosas que las Fuerzas Armadas hicieron mal” y que no son justificables, pero también insiste en que “muchas veces se ha querido decir que el Ejército era una banda criminal que llegaba y mataba a los civiles, y eso no es cierto”, dice a eldiario.es.
César fue detenido en 2011 por su participación en tres casos de “falsos positivos”, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por el Ejército para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Por esos asesinatos de (falsos) guerrilleros los militares conseguían recompensas en forma de dinero o ascensos. Este fin de semana se ha hecho público el hallazgo de una fosa común en un cementerio a 200 kilómetros de Medellín con 50 posibles víctimas del que es uno de los peores capítulos del conflicto colombiano.
No es muy habitual que un exmilitar involucrado en estos delitos conceda una entrevista y 'César' lo hace bajo la condición de no revelar su verdadera identidad.
Una de las ejecuciones extrajudiciales por las que fue condenado ocurrió en 2004 en el departamento de Antioquia, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Según señala la investigación, varios militares abordaron a un hombre cuando estaban patrullando y lo mataron, haciéndolo después pasar como un insurgente muerto en combate. Por su rango, César era el encargado de supervisar a esos militares.
Él sostiene una versión diferente a la que se señala en la investigación. “Íbamos patrullando en una zona en conflicto y unos días antes uno de mis soldados requisó el bolso a un civil y este sacó una pistola y lo mató de un disparo en la cabeza. Días después encontramos a otro civil con un arma y varios kilos de coca, la situación se salió de control y los soldados lo mataron por la rabia”, sostiene. Defiende que fue una situación enmarcada dentro del conflicto armado y deja claro que él no ordenó matar a ese hombre, pero asume la responsabilidad porque estaba al mando en ese momento.
Al ser cuestionado por los otros dos casos en los que estuvo involucrado, guarda silencio.
Aunque ya no lleve uniforme, en su forma de hablar y en sus gestos aún queda un poso castrense en la selección de sus palabras y el tono. Con solo 16 años dejó su ciudad natal, al norte de Colombia, y se trasladó a Bogotá para iniciar su formación en el Ejército. Allí estudiaría instrucción, liderazgo y cómo librar una guerra de guerrillas. César cumplía órdenes y aprendía a matar como cualquier otro militar.
Ascendió rápido y, con menos de 20 años, empezó a formar soldados. “Era un niño jugando a la guerra”, dice ahora que sobrepasa la treintena. Llegó a alcanzar un rango intermedio y define sus años de servicio como una carrera “brillante”.
Los miembros de las fuerzas armadas implicados en los “falsos positivos” reclutaban a jóvenes con falsas promesas de trabajo para después trasladarlos a otras zonas, asesinarlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Ese modus operandi del Ejército quedó demostrado en 2008 en uno de los casos de esta práctica más sonados del conflicto armado, cuando desaparecieron 19 jóvenes del municipio de Soacha y sus madres comenzaron a buscarlos sin descanso.
El Ejército colombiano se ganó una fama sanguinaria en las zonas rurales donde no llegaba Estado pero sí los militares, lugares que dominaban desplegando toda su fuerza y generando un fuerte rechazo entre la población.
César asegura que el hecho de que la Fiscalía de Colombia u otros cuerpos de investigación no pudieran realizar en muchas ocasiones levantamientos de cadáveres de los caídos en combate se debía a que se encontraban en zonas de difícil acceso como cumbres en montañas o la densa selva. “Son procedimientos que sí se hicieron mal, pero no era culpa de los militares”, argumenta.
Durante el Gobierno del presidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010) la orden estuvo clara desde el principio: había que terminar con los grupos guerrilleros del país hasta que no quedara ni un solo insurgente. Para ello el entonces mandatario desarrolló la denominada “política de seguridad democrática”, una cuestionada iniciativa que incluyó, entre otras medidas, el fortalecimiento del Ejército y la creación de una red de informantes civiles, que pretendían acabar tanto con los insurgentes como con otros grupos ilegales en Colombia. Sin embargo, la realidad fue que los “falsos positivos” se convirtieron en una práctica sistemática.
En concreto, fue la directiva gubernamental 029 de 2005 la que reglamentaba el pago de recompensas al Ejército por cada guerrillero detenido o abatido en combate, lo que propició las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes.
“Un militar no se adapta igual que un civil”
César fue condenado a 40 años de cárcel por los tres casos de “falsos positivos” en los que participó, pero solo cumplió siete entre rejas. Su condena se vio reducida al obtener el beneficio de libertad transitoria, condicional y anticipada en octubre de 2017, gracias a que se acogió a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), el tribunal creado en el marco del acuerdo de paz que juzga a los actores del conflicto armado, ya sean militares o exguerrilleros, a cambio de que estos cuenten la verdad de lo ocurrido. De hecho, una de las razones por las que César no quiere revelar su verdadera identidad es porque está a la espera de declarar ante ese tribunal.
Asegura que ese tiempo le sirvió para reflexionar y cree que tomó las decisiones correctas, aunque si hubiera tenido más experiencia y un mayor control de la situación, admite ahora, sus acciones habrían sido diferentes. Ya no hay vuelta atrás.
“La detención fue muy dura, me intenté suicidar. Fue un choque muy bravo porque tuve una carrera perfecta. Pasé de ser un héroe a un bandido detenido en la cárcel. Tenía que dar explicaciones, sentí que defraudaba a un ejército, a una nación y fue difícil enfrentar esa situación, pero pude superarlo a través de mi familia y de Dios, sanando muchas cosas en mi corazón y en mi mente”, cuenta tras su paso por la cárcel.
César ha tenido más recursos que otros militares para afrontar una mejor reinserción, pero asegura que otros soldados no tienen la misma suerte y que necesitarían programas de resocialización “al igual que los guerrilleros”.
“Hay compañeros que están sin trabajo. ¿Dónde van a terminar ellos si lo que saben es matar? ¿Otra vez abasteciendo el conflicto en Colombia? Un militar no se adapta de la misma manera que un civil, han pasado toda su vida en el ejército; debería haber una adaptación psicológica y social, y no la hay”, sostiene.
Justicia militar vs. justicia civil
La justicia penal militar consideró que los tres casos de “falsos positivos” en los que estaba involucrado César fueron homicidios en circunstancias de combate, por lo que no fue condenado. Sin embargo, esos casos pasaron después a la justicia ordinaria, con el objetivo de que hubiera una investigación independiente e imparcial, y fue ahí donde lo condenaron a 40 años de cárcel.
Ese traslado de casos de falsos positivos se produjo después de que en noviembre de 2007 el entonces ministro de Defensa del Gobierno de Uribe, Juan Manuel Santos, ordenara que todo hecho dudoso de estas características debía salir de la jurisdicción militar para ser analizado por la justicia ordinaria, algo que no gustó al Ejército.
El ministro había seguido las recomendaciones de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura. Pero hubo otros factores por los que Santos se vio obligado a tomar medidas para intentar combatir los “falsos positivos”: en 2004 y 2005 la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ya había alertado sobre las ejecuciones extrajudiciales del Ejército colombiano, a lo que se sumó el gran escándalo de las víctimas de Soacha.
Como parte de esas medidas para frenar los crímenes dentro del Ejército, Santos también decidió en 2007 premiar más las capturas y las desmovilizaciones que los muertos en combate, al tiempo que emitió una directiva que obligaba a que el levantamiento de cadáveres fuera realizado exclusivamente por fiscales, tal y como informó el portal La Silla VacíaLa Silla Vacía. Asimismo, destituyó a 27 militares, entre ellos generales y coroneles.
César describe a Uribe como “la persona que más daño ha hecho al Ejército” por haber tomado decisiones como congelar sus sueldos, y cree que la justicia ordinaria no debería encargarse de juzgar a los militares, pues “no tiene la capacidad técnica ni los conocimientos para poder entender realmente su situación en el campo de combate y en el conflicto”.
“Un fiscal o un juez considerará absurdo que un soldado gaste con una ametralladora 300 cartuchos del calibre 7,62 en menos de media hora, cuando no saben que una ráfaga de 100 cartuchos te dura entre unos 10 o 15 segundos”, pone como ejemplo mientras da pequeños golpes en la mesa reafirmando su postura.
Ocho millones de víctimas
En noviembre de 2016 Colombia firmó la paz con la guerrilla de las FARC tras 52 años de un conflicto que involucró a grupos rebeldes, paramilitares, agentes del Estado y narcotraficantes. Unos 7.000 guerrilleros entregaron entonces sus armas para regresar a la vida civil y las FARC se convirtió en un partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Sin embargo, la implementación del acuerdo de paz ha atravesado numerosas dificultades en estos tres últimos años. Mientras la población de zonas rurales sigue esperando las mejoras en infraestructura prometidas por el Gobierno y oportunidades de futuro, más de 500 activistas y líderes sociales y más de 100 excombatientes han sido asesinados en el país tras el acuerdo, según estimaciones de distintos organismos. Además, la restitución de tierras y la reparación de las víctimas continúan siendo una asignatura pendiente.
La guerra dejó ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados y fueron las fuerzas militares las principales responsables de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Los datos de la Fiscalía indican que de los más de 5.600 procesados por “falsos positivos”, la gran mayoría eran soldados, suboficiales y oficiales, mientras que los civiles fueron 133.
En ese sentido, César recuerda que “el colombiano es el único ejército en el mundo donde solo los oficiales subalternos están respondiendo por lo que pasó, porque en otros países serían los generales, el presidente y el ministro de Defensa” quienes también estarían siendo investigados.
De acuerdo a esos mismos datos de la Fiscalía, los “falsos positivos” dejaron 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, en su mayoría campesinos y personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, los casos aumentaron notablemente en el periodo comprendido entre 2002 y 2008, bajo el mandato de Uribe. Por su parte, organizaciones sociales aseguran que las víctimas fueron muchas más y que incluso podrían ascender hasta las 10.000.
La frágil paz colombiana
Lejos de que haya sanado la profunda herida que dejaron los “falsos positivos” en Colombia, el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales se revivió en Colombia el pasado mes de mayo, cuando el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje que reveló cómo el Ejército colombiano daba nuevas órdenes a sus comandantes para que duplicaran la cantidad de miembros de grupos armados organizados que matan, exactamente tal y como ocurrió años atrás.
Además, a principios de noviembre el ministro colombiano de Defensa, Guillermo Botero, se vio obligado a renunciar a su cargo tras ser acusado de ocultar la muerte de varios menores en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC, hecho que generó una gran indignación en el país.
La frágil paz colombiana también vivió uno de sus peores momentos a finales del pasado mes de agosto, cuando Iván Márquez, exlíder de la guerrilla de las FARC, y otros excombatientes anunciaron a través de un vídeo su intención de volver a la lucha armada al considerar que el Gobierno colombiano no había cumplido con el acuerdo de paz, si bien esta amenaza no significa el fin del proceso.
César incluso resta importancia al anuncio de Márquez al tratarse de un disidente prófugo de la Justicia acusado de narcotráfico, al igual que ocurre con otros excomandantes de la guerrilla. “Están inculpados en un proceso de narcotráfico y no han encontrado otra alternativa. Para mí son un grupo de narcotraficantes que deciden coger las armas para seguir traficando; son una veintena de hombres amenazando con fusiles a una nación y creo que no hay que prestarle demasiada atención”, concluye el exmilitar, confiando en que el acuerdo de paz pueda seguir adelante para que Colombia comience una nueva etapa alejada de la violencia.
Precisamente en estas últimas semanas la implementación del Acuerdo de Paz se ha convertido en uno de los principales reclamos de la sociedad colombiana, que desde el pasado 21 de noviembre se ha movilizado de forma multitudinaria en diferentes puntos del país para protestar contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque.
Ahora habrá que ver si el Gobierno está dispuesto a escuchar y atender los reclamos de la población o si Colombia continúa movilizándose, al igual que ocurre en otros países de la región, para reclamar, en definitiva, una mayor igualdad y una mejor democracia.