Akuanduba es una deidad de la mitología del pueblo indígena arara que vive en el estado de Pará, al norte de Brasil. Según cuenta la leyenda, si alguien cometía algún exceso, yendo contra las reglas, la deidad hacía sonar una pequeña flauta para restablecer el orden.
La Policía Federal de Brasil tomó prestado el nombre de esta leyenda para bautizar la operación de investigación lanzada en mayo de este año contra el exministro de Medioambiente Ricardo Salles, el expresidente del Instituto Brasileño de Medioambiente (Ibama) Eduardo Bim y otros funcionarios públicos y empresarios de la industria maderera sospechosos de cometer irregularidades en la exportación de madera.
Ahora, seis meses después de la Operación Akuanduba, Agencia Pública ha tenido acceso a nueva información sobre cuánta madera se exportó y qué países y empresas recibieron el producto durante 15 meses. La investigación indica que las exportaciones de madera se vieron facilitadas por la orden del Ibama (7036900/2020) que dejó obsoleta una Instrucción Normativa (15/2011). Esta norma establecía que las exportaciones de madera requerían una autorización específica del Ibama antes de salir del país. También preveía controles más estrictos como la inspección de la carga por muestreo.
Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó suspender en mayo la orden que dejó obsoleta la normativa previa. En la decisión, Moraes dijo que las investigaciones apuntaban “a la existencia de una trama para facilitar el contrabando de productos forestales”. Para Moraes, existe la sospecha de la participación del exministro de Medioambiente Ricardo Salles y del expresidente del Ibama Eduardo Bim en la supuesta trama.
Entre los investigados se encuentran también funcionarios nombrados por Salles en el Ibama, además de empresas del sector maderero, especialmente las vinculadas a las empresas madereras de la asociación paranaense Asociación de Industrias Exportadoras de Madera del Estado de Pará (Aimex), en el norte de Brasil, uno de los estados más afectados por la tala ilegal en el país.
174.000 toneladas para EEUU y Europa
Según una investigación de Agência Pública, sólo las empresas madereras asociadas a Aimex han exportado 174.000 toneladas de madera desde el inicio del Gobierno de Jair Bolsonaro –el 57% de estas exportaciones se produjeron durante la vigencia de la medida de Ibama–.
La investigación constata que, entre febrero de 2020 y mayo de 2021, las empresas vinculadas a Aimex comercializaron al menos 12.500 toneladas de madera de especies forestales consideradas en peligro de extinción por el Servicio Forestal Brasileño (SFB).
Los datos se obtuvieron en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) a partir de la plataforma Panjiva, una base de datos de información comercial e inteligencia de mercado mantenida por la empresa estadounidense S&P Global.
El volumen de madera comercializada, según los datos de la plataforma, fue mayor en los 15 meses de vigencia del decreto del Ibama (de febrero de 2020 a mayo de 2021) que entre 2016 y 2019, cuando las empresas comercializaron 11.000 toneladas de madera de especies consideradas en peligro de extinción.
Las especies encontradas, a pesar de estar en riesgo según la clasificación del Servicio Forestal Brasilero (SFB), pueden ser comercializadas legalmente. Para extraer madera legalmente en Brasil es necesario contar con un plan de gestión forestal aprobado por la secretaría estatal de Medioambiente.
En la base de datos consultada no es posible saber a qué planes de gestión está vinculada la madera vendida. Tras el lanzamiento de la operación Akuanduba, Aimex publicó una nota en la que afirma que la madera es legal.
Los destinos de la madera
Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania y Bélgica fueron los países que registraron el mayor número de envíos de madera considerados amenazados por el FSB mientras estuvo en vigor el decreto de Ibama.
La madera más enviada durante el período fue la angelim-pedra (Hymenolobium excelsum), la itaúba (Mezilaurus itauba), la garapeira (Apuleia leiocarpa) y el cerezo (Amburana acreana). Estas maderas, consideradas como especies vulnerables por la SFB, se utilizan principalmente en la construcción civil y naval, por su resistencia y durabilidad.
Sin embargo, las exportaciones de madera no se produjeron de forma homogénea entre las distintas empresas madereras, según se deriva del análisis de los datos. Seis empresas fueron responsables del 78,5% de los envíos de madera considerada en peligro durante la vigencia de la orden.
Entre las tres empresas madereras que más exportaron en este período están Ebata Produtos Florestais Ltda y Tradelink, implicadas en la investigación de la Policía Federal. Ambas comparten un pasado común: multas por infracciones ambientales, demandas en el área socioambiental en los tribunales federales y estatales y conflictos socioambientales con comunidades ribereñas de la Amazonia.
En cuanto a la Operación Akuanduba, Tradelink dijo que todas sus operaciones «fueron legales y siguieron las normas del IBAMA y la interpretación adoptada por la agencia medioambiental respecto a la legislación pertinente». El exportador afirmó que «se trata de una investigación y ninguna de las acusaciones ha sido probada».
Ebata Produtos Florestais Ltda y Aimex no han querido hacer declaraciones. En recientes declaraciones, Aimex criticó las decisiones judiciales y la labor de la Policía Federal en el operativo. En un comunicado hecho público, la asociación maderera dice defender “los intereses de sus miembros y del sector forestal de una manera firme pero absolutamente honesta, legítima y democrática”.
*Este reportaje forma parte del Especial Amazonia Sin Ley, de Agencia Pública - apublica.org y contó con la colaboración del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)