La portada de mañana
Acceder
Feijóo confía en que los jueces tumben a Sánchez tras asumir "los números"
Una visión errónea de la situación económica lleva a un freno del consumo
OPINIÓN | La jeta y chulería de Ábalos la paga la izquierda, por Antonio Maestre

Falciani destaca que la decisión de la Audiencia Nacional de no extraditarle en 2013 permitió a 28 países investigar fraude fiscal

Europa Press

El exinformático del banco suizo HSBC Hervé Falciani ha recordado este martes en la vista por su extradición a Suiza en la Audiencia Nacional que sin este tribunal español, que denegó hace cinco años su entrega al país helvético, no habría sido posible que “28 países” judicializaran el resultado de los datos de miles de defraudadores que él mismo extrajo de la entidad financiera en la que trabajaba. La Fiscalía se opone a la entrega.

“Hace cinco años se decidió (rechazar la petición de Suiza) y eso permitió la judicialización en múltiples países del conocido como caso HSBC y por eso, esta corte de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción han sido fundamentales en la ayuda a la justicia”, ha apuntado, para incidir en que si el tribunal le hubiese extraditado, “no se habría podido judicializar el caso, habría sido sólo administrativo”.

Falciani se ha expresado así al tomar la palabra ante el tribunal de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que este martes presidía María Riera, en una vista que no ha durado más de 20 minutos y en la que el exinformático ha destacado que “los últimos que se han beneficiado” de la decisión del tribunal que le permitió quedarse en España han sido las autoridades francesas, “que han pactado 300 millones de euros de multa a la banca” y las belgas, que investigan “3.000 millones de dinero del mercado de diamantes”.

“Hasta países como Francia tienen que dar las gracias y reconocer lo que se hizo aquí rechazando las alegaciones suizas”, ha comentado después en declaraciones a los medios, para destacar además que en un contexto de “guerra económica” global, para defender los intereses económicos de un país, a sus empresas y sus ciudadanos “se tiene que defender a los delatores” porque es su información “la que permite que estos casos no acaben sin consecuencias”.

En España no habría cometido “delito alguno”

Durante la vista, la fiscal María Sandoval ha expresado su posición contraria a la extradición del exinformático por entender que el caso ya fue juzgado y las razones por las que entonces se denegó siguen vigentes, ya que lo único que ha cambiado es que en aquel momento había sido imputado por la justicia helvética y ahora ya ha sido condenado (cuatro años y 195 días de cárcel) pero el caso es el mismo.

Según ha detallado, los delitos por los que ha sido allí sentenciado (espionaje económico con agravantes) no tienen equivalencia en el Código Penal y de hecho, que extrajese datos de potenciales delincuentes económicos y los pusiera a disposición de las autoridades judiciales y administrativas, que “no de particulares”, “no es constitutivo de delito alguno” en España.

“Lo único que ha habido aquí ha sido una revelación de información a las autoridades judiciales, provinciales y la Hacienda Pública con el fin de reprimir conductas delictivas”, ha resumido el abogado de Falciani, Juan Ballarat, quien al término de la vista se mostraba confiado en que prevalezca en la sala el criterio de la Fiscalía y Falciani, tampoco en esta ocasión, sea entregado a Suiza. Espera tener un auto de la sala en un plazo de unos quince días.

Falciani fue detenido por primera vez en territorio español el 1 de julio de 2012 en Barcelona debido a que pendía sobre él una orden de extradición emitida por Suiza en 2009. Sin embargo, la Audiencia Nacional aceptó la petición de la Fiscalía y rechazó extraditarle en mayo de 2013, al entender que su conducta había consistido en denunciar “actividades sospechosas de ilegalidad” que no debían ser objeto de protección.

Por su parte, Suiza condenó a Falciani en noviembre de 2015 a cuatro años y 195 días de cárcel y una vez la sentencia alcanzó firmeza, sus autoridades emitieron una nueva orden internacional contra él que fue renovada en mayo de 2017 e incorporada al sistema español que gestiona estos procesos en marzo de 2018. El pasado 4 de abril fue detenido en Madrid y puesto en libertad con medidas cautelares para garantizar que estuviese localizable.