El último proyecto de reforma fiscal del Gobierno colombiano no alcanzó a ser debatido en el Congreso cuando la indignación de los manifestantes que tomaron las calles del país el miércoles de la semana pasada, durante la primera jornada de paro nacional, lo dejó básicamente moribundo. El objetivo de la propuesta impulsada por el hoy exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, buscaba recaudar 23,4 billones de pesos (unos 5.600 millones de euros), equivalente al 2% del Producto Interior Bruto (PIB), para subsanar las profundas grietas dejadas por la pandemia en las arcas públicas.
Las manifestaciones del miércoles 28 de abril fueron un preludio que empató con las movilizaciones del Día del Trabajo y que se han repetido desde entonces. A pesar de que varias ciudades, entre ellas la capital Bogotá, atravesaban el pico más agudo de la pandemia, el impulso de la ciudadanía y de múltiples sectores sociales se mantuvo intacto. El ambiente fue pacífico en principio. En algunos puntos del mapa como Cali, sin embargo, la tensión fue en aumento. En ocho días de protestas, han muerto al menos 24 personas.
El presidente de derecha Iván Duque retiró el proyecto de reforma este domingo, y al día siguiente su ministro de Hacienda renunció, pero las protestas no han parado.
La irrupción del descontento surge como respuesta a la reforma que pretendía ampliar la base de recaudación, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. En concreto, supone aumentar impuestos a productos de consumo básico como el agua, la electricidad, el gas, la gasolina, o los servicios funerarios; o aumentar progresivamente la renta a quienes ganan un salario mensual de más de 551 euros (el salario mínimo es de 194 euros).
Para el profesor de la Universidad de Columbia José Antonio Ocampo, el texto de la reforma fue más “la chispa que la justificación real de la protesta”. El economista dice que la pandemia ha sido el dínamo de la insatisfacción social. Los problemas de desigualdad, empleo y pobreza se han agudizado y la respuesta del Estado ha sido limitada.
Pero su lectura es que había algunos elementos de proyecto que eran “socialmente aceptables”. Resalta nuevos impuestos y la reducción de beneficios tributarios que habrían afectado a los sectores de altos ingresos: “El Gobierno publicó un cuadro mostrando los efectos redistributivos de la reforma. Y la reforma no era una reforma con un defecto regresivo” (el que impone una carga más grande a los pobres que a los ricos).
Luis Carlos Reyes, director del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, señala por su parte que la indignación ciudadana partía de una paradoja. Por un lado, el Gobierno argumentaba que, para mantener la financiación de proyectos sociales destinados a las familias más pobres, era crucial gravar los servicios básicos ya mencionados y a los asalariados de clase media.
Por el otro, mantenía los “recortes de impuestos multimillonarios a las empresas concedidos en las reformas tributarias de 2018 y 2019”. En 2018, se renunció al recaudo de alrededor de 9 billones de pesos, más o menos un 1% del Producto Interior Bruto. Reyes apostilla que estas “cantidades son grandes para un Estado que recauda mucho menos como porcentaje del PIB que el promedio de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”.
El catalogo de beneficios a las empresas llega a más de 200 exenciones. Entre las corporaciones beneficiadas están las grandes multinacionales de bebidas azucaradas, entre otras, que han presionado durante años para retrasar la posibilidad de pagar más impuestos. Un hecho que ha causado desazón.
Más vidrioso resultaba el efecto en el campo. Lo explica el académico José Antonio Ocampo: “Esto iba afectar negativamente al sector agropecuario por varios lados. Por una parte le quitaban el régimen de exento a excluido, con lo cual no podrían deducir el IVA en los insumos (los materiales y recursos para producir algo) y lo ponía en desventaja con los productos importados. Y por otra parte, le ponían un IVA alto a maquinaria”.
Conviene recordar que el agujero fiscal colombiano no surge solo por la pandemia. Es una realidad acumulada durante muchos años y para comprenderlo habría que estudiar de cerca la estructura y prioridades de un Estado que lleva décadas inmerso en un conflicto armado interno.
El ejército colombiano es uno de los más costosos del continente. De hecho, el Ministerio de Hacienda anunció el martes que ya no invertirá los 14 billones de pesos, 3.000 millones de euros, presupuestados para comprar 24 aviones de guerra.
Tampoco sobra anotar que la corrupción en Colombia le cuesta 50 billones de pesos anuales al Estado (casi 11.000 millones de euros).
La economista Carmen Saldías considera un gran error pretender recaudar con impuestos a las clases medias en un momento en el que son cada vez mayores las limitaciones de ingresos para la población: “Cualquier medida que en este momento encarezca los bienes básicos, obviamente va en contra de la supervivencia fundamental y la dignidad de la vida humana. Por eso la ciudadanía reaccionó masivamente”.
Los sindicatos ven que el proyecto tenía “mucho palo y muy poca zanahoria”. Por eso el economista Daniel Castellanos lo etiqueta como muy “oneroso” y con un programa de “apoyo social muy débil”. “La propuesta tenía varios defectos. Creo que pensar que en una crisis económica como esta se iba a recaudar ese monto de 28 billones de pesos era equivocado”.
El camino, en definitiva, ha sido tan pedregoso que ni siquiera el oficialista Centro Democrático apoyó el proyecto de ley. A un año de los próximos comicios presidenciales, la iniciativa parlamentaria no resultaba una estrategia eficaz para la formación de derecha. Más de un analista coincide en que el contexto fue imprudente: la economía colombiana tuvo una contracción del 6,8% en 2020.
Incluso el expresidente Álvaro Uribe, líder histórico del partido, rechazó la medida y, contrario a su talante combativo, se mostró conciliador en un juego de equilibrio político y de disuasión con líderes de otros partidos.
Para completar, las formas poco pedagógicas con las que fue el proyecto de ley fue presentado despertaron desazón. El presidente Duque subrayó con insistencia que las ayudas sociales, como el llamado Ingreso Solidario destinado para más de tres millones de familias pobres o la posibilidad de educación universitaria gratuita para los jóvenes de renta más baja, estaban condicionados al éxito del proyecto.
Carmen Saldías lo etiqueta como un juego de chantaje a la ciudadanía: “Eso de: ‘o paga o no lo ayudo’, eso un trato poco decente con una ciudadanía bien formada, enterada, que ya no come cuento”.
Ahora la inquietud de los Integrantes del Comité Nacional del Paro, integrado por sindicatos, líderes políticos y movimientos sociales de izquierda, gravita en torno al diseño de la próxima reforma que tendrá que ser negociada. A cargo queda el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que ocupaba la cartera de Comercio Exterior. Un funcionario discreto que debería, en teoría, agilizar los acercamientos entre la sociedad civil y el Gobierno.
El exministro Carrasquilla, de 62 años, deja tras de sí la imagen de un funcionario tan técnico como poco conciliador. Algunas veces incluso arrogante y ciertamente esquivo con la prensa.
Cuando los detalles de la reforma tributaria se empezaron a filtrar, una reconocida periodista le preguntó a Carrasquilla por el precio de elementos básicos de la cesta de la compra. El ministro patinó. Entre sus respuestas espetó que una docena de huevos costaba alrededor de 39 centavos de euro, cuando en promedio cuesta algo menos de dos euros. Las enormes distancias entre los salones del poder y el coste de la vida en la calle quedaron como sello de un tiempo que se avizora revuelto.
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