Ana Lizbeth Polina Ramírez apenas tenía ocho años cuando alguien decidió asfixiarla. Bastó con que la pequeña saliera unos momentos a jugar afuera de las oficinas donde trabajaba su madre para que su familia la perdiera para siempre.
La pesadilla comenzó el domingo 15 de julio, en la colonia Vistas del Río del municipio de Juárez, Nuevo León. Las cámaras de seguridad de la empresa habían captado a un hombre robusto acercarse a la menor para llevársela del lugar. Tan pronto la madre denunció el hecho a la policía municipal comenzaron a buscarla, pero fue hasta la mañana siguiente que la Fiscalía estatal activó la Alerta Amber, un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos.
Para ese momento ya era demasiado tarde: el cuerpo inerte de Ana yacía abandonado en un terreno baldío en la misma colonia donde desapareció.
Al tiempo que ella era raptada y asesinada, otra menor sufría su mismo destino, pero en Altamira, Tamaulipas. Ahí, en una colonia llamada Arboledas, Estrella 'N', otra niña de 8 años, fue asesinada mientras se encontraba sola en su casa. Varios medios locales dieron a conocer que el lunes 16, un hombre, al parecer conocido de los padres, se metió a la casa y tras haber abusado de la pequeña, la mató de una herida en el cuello.
Estos dos casos de feminicidio infantil estremecieron a la opinión pública en solo una semana, en un país en el que la violencia de género se encuentra triste y fuertemente arraigada, y en el que el feminicidio de menores de edad (de cero a 17 años) ha crecido en los últimos años.
En diciembre de 2017, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) comenzó a recabar cifras sobre el perfil de las víctimas de este crimen en cada estado y logró crear un historial de los últimos tres años.
En 2015 se registraron 50 víctimas. Un año después, la cifra creció a 53. Para 2017 ya sumaron 61, y en los primeros cinco meses de este año, se habían contabilizado 30 casos. En total, estamos hablando de 194 feminicidios registrados de niñas y adolescentes en este periodo. Esto en números absolutos.
Pero incluso si consideramos el crecimiento de la población femenina menor de 18 años en el tiempo —según las proyecciones del Consejo Nacional de Población— la tasa del delito crece de 2.54 casos por cada millón de niñas y adolescentes en 2015 a 2.70 casos en 2016 y a 3.12 en 2017.
Esto dicen las cifras oficiales, pero es probable que el fenómeno sea mayor. De acuerdo con datos de la activista María Salguero —quien lleva un seguimiento detallado del fenómeno—, la cifra de feminicidios de este año ya suma 43 casos, contando los ocurridos en la tercera semana de julio.
Estos crímenes, según coinciden especialistas, ocurren en medio de un caos de marcos legales donde cada estado decide cómo atender e investigar sus casos. Y a esto, añaden expertos, se suman instituciones donde aún prevalece una cultura machista y misógina.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) evidenció en 2017 que las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. “La violencia machista que se ejerce desde las instituciones y por parte de servidores públicos afecta directamente la dignidad y la integridad e incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia en todo el país”, indicó Redim en un mensaje para las autoridades de los tres niveles de gobierno.
La ola feminicida contra niñas en México ha sido tan preocupante que desde 2015 la ONU pidió a las autoridades mexicanas implementar medidas concretas para frenar estos casos. El Comité de los Derechos del Niño expresó su “profunda consternación” acerca de las persistentes actitudes patriarcales y estereotipos de género que discriminan a las niñas y a las mujeres, “y que resultan en una extremada violencia contra ellas”. Por ello llamó al Estado a implementar acciones para erradicar estas actitudes.
También recomendó al país “velar por que se penalice el feminicidio (asesinato de una mujer por razón de su género) en todos los códigos penales de los estados, con objetivos que permitan su adecuada implementación de acuerdo con los estándares internacionales y estandarizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país. El Estado deberá garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones que penalizan el feminicidio en los códigos penales federales y estatales”, fueron las recomendaciones que hizo la ONU.
No hay acciones para el cambio cultural
Para Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el aumento de feminicidios de niñas y adolescentes se ha dado, entre otras razones, por la ausencia de un mandato federal que ha provocado que haya estados donde casi no se destinan recursos para prevenir y castigar estos delitos, lo que hace que sea más fácil cometerlos.
Además, señala el funcionario federal, las instituciones locales tienen marcos legales desiguales, es decir, cada estado investiga de manera distinta el feminicidio. A esto se suma que algunos casos de violencia de género contra menores son atendidos por las procuradurías [órganos que se encargan de investigar los delitos de orden estatal en México] y otros por institutos de mujeres e incluso por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
“Las acciones contra la inseguridad pública están adoleciendo de una perspectiva de género, pero también claramente no estamos haciendo el trabajo de cambio cultural. México ha avanzado muchísimo en el cambio legal a favor de la igualdad y ha avanzado en la creación de instituciones, pero no hay acciones para el cambio cultural. Esto nos deja en una situación donde la violencia de género no solo no puede disminuir, sino que aumenta”, agrega Bucio.
El titular del SIPINNA señala que existen más de 3 mil instituciones a nivel nacional para garantizar la seguridad de los menores, pero en muchas de ellas se minimizan los distintos tipos de violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Ricardo Bucio detalla que existe un compromiso por parte de gobernadores para mejorar sus instituciones con el fin de garantizar el bienestar de los menores, sin embargo, “no todos lo están haciendo”.
A finales de año, añade el secretario, todos los gobiernos locales tienen que asumir un marco legal contra el castigo corporal, “que es la puerta de entrada a las violencias expresas, que puede terminar en el peor de los casos en feminicidio”. Las procuradurías de atención a niños, niñas y adolescentes, asegura Bucio, ya cuentan con un mandato legal para tener mecanismos de atención diferenciada y evitar que casos como el de Ana o Marlene se multipliquen por todo el país.
El feminicidio de menores se pierde entre cientos de crímenes mal clasificados
Blanca Estela, una adolescente de 17 años de edad, fue agredida sexualmente, golpeada y asfixiada el 16 de junio de 2017. Su cuerpo fue abandonado en el interior de una cisterna en la delegación Iztacalco, Ciudad de México. El agresor fue detenido mes y medio más tarde, pero el caso no fue clasificado como un feminicidio, sino como un homicidio calificado, pese a que los trabajos periciales confirmaron la violencia de género.
“Se resolvió un caso de homicidio calificado ocurrido el pasado 16 de junio (de 2017), en agravio de una adolescente de 17 años, golpeada un sinnúmero de ocasiones, agredida sexualmente y privada de la vida por asfixia”, dijo el procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, durante una conferencia de prensa. “Creo que debe destacarse el profesionalismo de nuestra policía de investigación y la capacidad que tiene de respuesta”, presumió.
El caso de Blanca Estela evidencia la falta de perspectiva de género que existe en las instituciones en México. Ello tiene una consecuencia más grave aún, que es que el número real de feminicidios de menores está oculto tras los datos de los delitos clasificados como “homicidios dolosos”, coinciden en señalar especialistas consultadas por mexico.com, e incluso lo acepta un funcionario federal.
En este reportaje se había cifrado en 194 los feminicidios de menores de edad (clasificados como tal) que se cometieron entre enero de 2015 y mayo de este año, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Pero resulta que a estos casos habría que agregar el de “homicidios dolosos” y tenemos como resultado que en ese mismo periodo hubo 671 asesinatos de niñas y adolescentes (0 a 17 años). Es decir, muchos de estos últimos casos bien podrían ser como el de Blanca Estela.
Y, al igual que sucede en el caso de feminicidios, la estadística de homicidios dolosos contra menores ha ido creciendo: en 2015 se registraron 193 casos; en el 2016, 170; en el 2017 hay un incremento a 220, y en los cinco primeros meses de este 2018 hay 88 casos. Si hacemos el cálculo con relación a la población, el delito también ha crecido, pasando de 9.8 casos por cada millón de mujeres menores de 18 años en 2015, a 11.2 casos en 2017.
El problema de fondo y la consecuencia de esta falta de clasificación estricta, es que se invisibiliza a las víctimas y las aleja de acceso a la justicia. Reportar adecuadamente estos casos permite la implementación de medidas de carácter urgente que pongan freno al contexto de violencia feminicida, así como penas más severas para los culpables, acciones de prevención, atención, investigación con criterios metodológicos y presupuesto necesario, dice la CNDH respecto al tema en un caso de Puebla ocurrido en 2017.
“Las autoridades no está clasificando los casos”
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dice que dentro de la cifra de homicidios puede haber feminicidios que no fueron clasificados de forma adecuada. Esto lo sabe porque ha estudiado en profundidad los informes de autoridades federales que se han realizado para generar alertas de género en algunos estados.
Ella explica que las bases de datos disponibles no contienen detalles por separado de cada muerte de una menor. Esto ha dificultado demostrar cuántos feminicidios están dentro de la cifra de homicidios, y muchos de éstos últimos pueden ser potenciales feminicidios.
“Las autoridades no está clasificando los casos de niñas como feminicidios. Muchas veces en el imaginario de los operadores de justicia piensan que solamente se agrede, se discrimina a mujeres adultas y no ven el feminicidio en niñas. No cabe en la mente de la autoridad y lo invisibiliza”, opina Luz Estrada.
“Cuando ves que la autoridad oculta datos, puede ser que esté involucrada, ¿Por qué no podemos saber la verdad? ¿Por qué la autoridad no investiga? (...) No solamente se trata de discriminación, machismo, sino que debemos saber si existe corrupción o involucramiento de autoridades con la delincuencia”, agrega la integrante del OCNF.
El propio Ricardo Bucio Mújica, desde el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), lo acepta: “Sí puede haber (feminicidios que se investiguen como homicidios). Eso depende de la fiscalía e incluso de la decisión que tome el propio juzgador, y si no hay claridad de lo que implica la perspectiva de género y si no hay un marco legal adecuado acerca del feminicidio, esto podría estar ocurriendo claramente”.
Para la activista Verónica Villalvazo, mejor conocida como Frida Guerrera, quien ha generado su propia base de datos de feminicidios, existen más feminicidios infantiles, pero las autoridades no lo reportan por “corrupción, omisión o falta de preparación”.
En lo que va de 2018, ella ha documentado 46 feminicidios de menores de edad, mientras que la cifra oficial –con corte a mayo— es de 30 casos reportados. Para Frida, esto manda un mensaje de impunidad, y con ello “es más fácil” asesinar a una niña: “Hay un mensaje que mandan: ‘son niñas, no me importan, nadie las va a reclamar’”.
Cultura adultocéntrica
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, coincide en que hay “una alta probabilidad” de que la visión y cultura machista en el marco jurídico y en los funcionarios que atienden los casos imposibilite una clasificación apropiada de estos delitos violentos. El problema puede estar desde cómo las procuradurías conceptualizan el tipo penal hasta las evidencias que presentan para sustentar el caso y los elementos que el juez toma en cuenta al momento de emitir su sentencia.
Con todo, el especialista no puede afirmar que se trate de una práctica generalizada y particularmente intencional. Para ello, señala, se tendría que hacer una revisión caso por caso de todos los homicidios de niñas y adolescentes que no fueron investigados como feminicidios.
Si la ausencia de un marco con perspectiva de género ya es un problema al momento de investigar un feminicidio, las niñas y adolescentes quedan en mayor desventaja cuando además tenemos un sistema adultocéntrico que normaliza la violencia contra los menores. De acuerdo con el director ejecutivo de REDIM, el 80% del marco legal mexicano discrimina los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, esto en un país donde ocho de cada diez hechos de violencia sexual contra menores de edad son cometidos por alguien que tiene una relación directa y casi siempre de poder sobre ellos. Este trato desigual en la legislación –que ve a los niños como propiedad familiar– contribuye a que haya más casos de feminicidios contra mujeres menores de 18 años que además no son tipificados como tal.
La duda sobre si México está investigando de forma correcta los feminicidios ha ido creciendo. Tanto que recientemente la ONU emitió recomendaciones para que el Estado adopte “medidas urgentes” con el fin de prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas y desapariciones de mujeres. Entre otras cosas, la ONU recomendó a México unificar los protocolos de investigación policial sobre el feminicidio y crear bases de datos más detalladas.