Las relaciones entre Finlandia y Rusia nunca han estado tan deterioradas desde que empezó la guerra en Ucrania, lo que llevó al país nórdico a ingresar en la alianza militar de la OTAN. El último capítulo de esta tensión entre los dos países se ha producido tras la acción de la Autoridad Nacional de Ejecución de Finlandia (una agencia que depende del Ministerio de Justicia) de confiscar los activos inmobiliarios que el Gobierno de Moscú tiene en el país nórdico. La incautación de inmuebles empezó el pasado 24 de octubre y habría afectado a 40 propiedades que en total suman un valor de 35 millones de euros, según informa el periódico Helsinguin Sanomat.
La acción se ha llevado a cabo por orden de un tribunal de Helsinki en relación con una decisión tomada por el Tribunal Internacional de Arbitraje de La Haya en abril del 2023. Esta corte internacional condenó a Rusia a pagar a la compañía estatal ucraniana de energía Naftogaz más de 5.000 millones de euros como compensación por la invasión de la península de Crimea en 2014, en la que se destruyó buena parte de la infraestructura de la empresa.
Desde la empresa de energía ucraniana han celebrado en un comunicado la decisión tomada por el tribunal de Helsinki, alegando que “dado que Rusia se niega a pagar voluntariamente a Naftogaz los fondos estipulados por la sentencia de La Haya, seguimos utilizando todos los mecanismos disponibles para recuperarlos. Hoy estamos un paso más cerca de restablecer la justicia. Al mismo tiempo, estamos tomando medidas activas para hacer cumplir la sentencia jurídica en otras atribuciones que involucran activos rusos”, dijo el presidente y director general del grupo Naftogaz, Oleksiy Chernyshov.
La empresa Naftogaz también ha solicitado la confiscación de activos rusos en el resto de países europeos, pero de momento Finlandia ha sido el primer Estado en implementar las incautaciones, según informaba la prensa local. La reacción desde el Kremlin por la congelación de millones de euros en inmuebles no se ha hecho esperar. Desde la embajada de Rusia en Finlandia se ha enviado una nota de protesta al Ministerio de Asuntos Exteriores anunciando una acción judicial contra la decisión de Finlandia. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó: “Por supuesto, impugnaremos esto en los tribunales. Naturalmente, la Federación Rusa defenderá sus intereses inmobiliarios, por lo que utilizaremos todos los mecanismos legales para proteger nuestros intereses”.
La embajada rusa en Helsinki no se toca
Entre la lista de inmuebles incautados por el Gobierno finlandés destaca por su valor inmobiliario el edificio del Centro Ruso de Ciencia y Cultura, ubicado en el céntrico distrito de Töölö en Helsinki, además de otro edificio de oficinas de 10 millones de euros en la capital. En la cadena de televisión pública YLE ha trascendido la lista y la ubicación del resto de los 40 inmuebles rusos embargados por las autoridades, de los cuales la mitad son propiedades diplomáticas, incluidas las residencias de los trabajadores de la embajada en el país.
Sin embargo, se ha informado de que el complejo de la embajada rusa no ha quedado incautado, ya que por su uso diplomático está protegido por la Constitución finlandesa y las leyes internacionales. El resto de propiedades incautadas varían mucho y están repartidas por todo el país, como una parcela de 17 hectáreas de terreno situada frente el mar, que los diplomáticos rusos utilizaban como residencia de verano. Según los medios finlandeses, en la zona desmilitarizada de las islas Åland también se habrían expropiado varias casas, entre ellas una residencia de 1,78 hectáreas que habría sido propiedad del presidente ruso Vladímir Putin en el año 2009.
Una cuestión de seguridad nacional
En paralelo a la congelación de los bienes inmobiliarios rusos, el Gobierno de Helsinki prepara para este otoño una legislación para prohibir completamente que los ciudadanos y empresas rusas puedan comprar propiedades en Finlandia. Según un borrador de ley que se hizo público, Finlandia aplicaría la prohibición de comprar bienes inmobiliarios a los ciudadanos de Estados “cuyo territorio de origen haya sido considerado que viola la integridad territorial, la soberanía y la independencia de otro Estado y pueda amenazar la seguridad de Finlandia”.
Según el Gobierno, se considera que los bienes inmuebles en manos de propietarios rusos representan un peligro potencial para la seguridad del país y, por lo tanto, el Ejecutivo ve prioritario aprobar esta ley. En el mes de septiembre, desde el Ministerio de Defensa se informó de que se habían denegado seis permisos de transacciones inmobiliarias por parte de empresas y compradores particulares de nacionalidad rusa.
El ministro Antti Häkkänen justificó las decisiones afirmando que “no se puede descartar que las adquisiciones inmobiliarias en cuestión puedan amenazar la seguridad nacional y obstaculizar la organización de la defensa nacional o la vigilancia y salvaguarda de la integridad territorial”. Estas seis propiedades se encontraban en el este del país, cerca de la frontera compartida de 1.400 kilómetros con Rusia y que sigue con los puestos terrestres cerrados desde hace un año.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el Gobierno de Finlandia teme por la escalada de tensiones y por el impacto de una guerra híbrida llevada a cabo desde el Kremlin que amenaza a sectores estratégicos como las telecomunicaciones, las infraestructuras o la ciberseguridad. Por este motivo, desde el Ministerio de Defensa se ha informado recientemente que en los últimos años se han monitorizado 3.500 bienes inmobiliarios por todo el país vinculados a propietarios rusos.
“Vemos como una amenaza potencial a nuestra seguridad el hecho de que tengamos a propietarios rusos y de otros países adquiriendo terrenos cerca de infraestructuras críticas”, dijo el primer ministro, Petteri Orpo.
En los últimos años, de forma recurrente los medios de comunicación finlandeses han informado de varios casos de propiedades e inmuebles sospechosos adquiridos por propietarios rusos. Algunos casos llamativos han sido los de cabañas en el bosque inusualmente fortificadas, casas de verano equipadas con helipuertos o la adquisición de almacenes logísticos sin valor aparente, pero que se encontraban cerca de aeropuertos o de puestos de control de fronteras, por lo que se sospechaba que podrían ser utilizados para tareas de espionaje o para acciones de sabotaje. Desde el Ministerio de Defensa también se aclaró que hasta que no se apruebe la prohibición, la mayoría de compras inmobiliarias por parte de ciudadanos rusos han recibido su aprobación, sin embargo, el número de solicitudes ha disminuido claramente.
Para el investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales (FIIA) Arkady Moshes, estas acciones son una prueba más del “estado ruinoso de las relaciones entre los dos países, donde cualquier acción o decisión se puede justificar en favor de la seguridad nacional porque la opinión pública lo ve todo a través del prisma de la seguridad”. “La relación entre los dos países no podría ser peor”, concluye el experto.