Los recelos de varios países alejan la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE ante la reunión clave del martes

El camino del catalán, el gallego y el euskera para ser consideradas lenguas oficiales se va empinando. Cerca de una docena de socios europeos manifiestan dudas sobre la propuesta planteada por el Gobierno de España y alejan su aprobación, que requiere unanimidad. Países como Alemania o Francia, además de Suecia y Finlandia, han mostrado reticencias en la reunión de embajadores (COREPER) preparatoria del Consejo de Asuntos Generales del próximo martes en cuyo orden del día el Ejecutivo, como presidencia rotatoria, incluyó la discusión y adopción de la oficialidad en la UE del catalán, el euskera y el gallego para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado con Junts. España se ha comprometido a correr con los gastos que supondría hacer oficiales esos tres idiomas en términos de traductores e intérpretes, por ejemplo.

De la quincena de embajadores que han intervenido en la discusión, la mayoría han pedido un análisis más exhaustivo. “Ningún país se opuso de manera rotunda a la propuesta. Algunos países han pedido la opinión de los servicios legales y más información sobre las cuestiones administrativas, a ser posible en un grupo de trabajo”, explican fuentes diplomáticas. Eso supondría dar una patada hacia adelante a la petición de España, que requiere de la unanimidad de los 27 para aprobarse. Aún así, el tema se discutirá por los responsables de Exteriores en la cita del martes, a la que acudirá el jefe de la diplomacia, José Manuel Albares, para enviar un nítido mensaje de la importancia que le da el Gobierno a esa iniciativa.

Y es que se trata de un compromiso alcanzado con Junts en agosto a cambio de sus siete votos para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, además de la promesa de que las lenguas cooficiales puedan usarse en la Cámara Baja. Armengol ya se ha comprometido a que será posible en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Pero convertir el catalán, el euskera y el gallego en lenguas oficiales de la UE es más complicado. Depende de los gobiernos de otros 26 países. Por el momento Finlandia y Suecia, ambos gobernados por los conservadores, han sido los que más han expresado sus reticencias públicamente, pero en la reunión preparatoria del Consejo de Asuntos Generales lo han hecho varios embajadores, que piden más tiempo, como Alemania, Francia o Dinamarca, entre otros.

Finlandia ha emitido un comunicado en el que muestra “reservas sobre la petición de España de añadir sus tres lenguas regionales a las lenguas oficiales y de trabajo de la Unión”. “Aumentar el número de lenguas oficiales y de trabajo aumentaría la carga financiera y administrativa y probablemente también ralentizaría la toma de decisiones de la UE y retrasaría la entrada en vigor de las regulaciones de la Unión”, apunta el texto emitido este viernes, como antesala de la reunión del martes.

El gobierno finés ve “importante garantizar la diversidad cultural y lingüística” en la UE, pero considera que hay otras fórmulas de promover las lenguas cooficiales, según explica el comunicado.

Con la inclusión de esos tres idiomas, la UE pasaría a tener 27 lenguas oficiales. Actualmente tiene 24 y todas ellas tienen carácter estatal en los estados miembros. España no es el único país con lenguas cooficiales por lo que se trata de un tema sensible para otros estados miembro, como Italia, que tiene once.

La reticencias de Finlandia, que se suman a las ya expresadas por Suecia, chocan con el optimismo que había manifestado el Gobierno español.

La posibilidad de que la iniciativa fracase sería un varapalo para Sánchez teniendo en cuenta que Junts da mucha importancia a la cita del 19 así como a los avances en una ley de amnistía para el procés. “El gobierno español tiene todas las herramientas y argumentos para que el catalán, que tiene un número de hablante similar al sueco, sea oficial en la UE. Si no lo consigue, no sólo será humillante, sino que tendrá que dar muchas explicaciones”, dijo Aleix Sarri i Camargo, director de la oficina europarlamentaria de Junts, después de conocer la posición del Ejecutivo conservador sueco.