La Asamblea francesa aprobó este jueves un proyecto de ley contra las violencias sexistas y sexuales que recoge, entre otras cuestiones, multas para luchar contra el acoso callejero y una mayor protección contra la violencia hacia menores de edad. Por el camino ha quedado, sin embargo, la propuesta de fijar la edad mínima de consentimiento legal para tener relaciones sexuales en 15 años, que fue retirada durante la tramitación del proyecto.
El texto, aprobado con los votos a favor del partido que encabeza Emmanuel Macron y el partido de centroderecha Union des Démocrates Indépendants pero con el voto en contra de las formaciones de izquierda, todavía tiene que pasar por el trámite del Senado para su entrada en vigor. La nueva legislación, promesa electoral de Macron, estaba ya prevista antes de que estallara el caso Weinstein pero adquirió peso en el debate social en el contexto del movimiento #MeToo y ha generado un gran debate. Estas son las principales claves de la legislación presentada por la secretaria de Estado para la Igualdad, Marlene Schiappa:
Violaciones y agresiones sexuales a menores
Inicialmente, el Gobierno tenía la intención de establecer los 15 años como edad mínima en la que considerar válido el consentimiento para mantener relaciones sexuales. De esta forma, todo contacto sexual con alguien menor de esa edad podría castigarse como violación -si hay penetración- o agresión sexual -si no la hay-. El Ejecutivo respondía así a la indignación social ante dos casos en los que la justicia consideró que niñas de 11 años consintieron tener relaciones y por tanto no eran víctimas de violación. Sin embargo, las advertencias de que una normativa así podría considerarse inconstitucional por vulnerar la presunción de inocencia llevaron a suavizarla.
El derecho penal francés considera violación cualquier “acto de penetración sexual” cometido “con violencia, coacción, amenaza o sorpresa”. Si el contacto sexual es sin penetración, se clasifica como agresión sexual, un delito de menor gravedad. Lo que hace la reforma aprobada esta semana es añadir que, cuando los hechos se cometen contra una persona menor de 15 años, la coacción o la sorpresa necesarias para condenar por violación o agresión sexual se caracterizan por “el abuso de la vulnerabilidad de la víctima que no tiene el juicio necesario para dar su consentimiento”. Además, endurece las penas para las “ofensas sexuales” (atteinte sexuelle, en francés), un delito de menor gravedad que se puede aplicar a cualquier relación sexual con menores de 15 años aunque haya consentimiento.
Estos puntos de la reforma son los que más debate han generado. El paso atrás en cuanto a considerar violación o agresión cualquier relación con menores ha provocado decepción entre los colectivos feministas y de defensa de la infancia. Muchos también temen que el endurecimiento de las penas por ofensa sexual lleve a la justicia a optar por esta vía, más fácil de probar, en lugar de la de violación, tipificada como delito de mayor gravedad y juzgada en un tipo de tribunal diferente.
Plazo de prescripción de las violaciones a menores
El primer artículo del proyecto de ley del Gobierno de Macron recoge el aumento a 30 años del plazo para que los casos de violación a menores prescriban una vez han cumplido la mayoría de edad, con el objetivo de dar a las víctimas más tiempo para tomar la decisión de llevar a cabo la denuncia. En el Código Penal actual ese plazo era de 20 años.
Sanciones al acoso sexual en lugares públicos
El cuarto artículo quiere sancionar el acoso sexual en espacios públicos con la creación de una infracción por “ultraje sexista” (outrage sexiste). Según el texto, dentro de esta figura están los comentarios o comportamientos “con connotación sexual o sexista por razón de sexo, identidad de género y orientación sexual” que puedan atentar contra la dignidad de la persona “por su carácter degradante o humillante”, o que puedan crear “una situación intimidatoria, hostil u ofensiva”.
La cuantía de la multa por esta infracción oscilará entre los 90 y los 750 euros. En el caso de que existan agravantes -por ejemplo, por abuso de autoridad o porque la víctima es menor de quince años o especialmente vulnerable por una enfermedad, una discapacidad o su edad-, la cantidad será de hasta 1.500 euros, con la posibilidad de que ascienda hasta los 3.000 en caso de una persona ya condenada y reincidente. Ha salido adelante una enmienda para ampliar los cuerpos que podrán identificar y multar el delito: la policía nacional, la municipal y los agentes de seguridad de la red de metro y tren.
La medida ha sido acogida de forma diferente entre los partidos del espectro político francés. Desde Francia Insumisa, Danièle Obono se mostró crítica con el artículo al entender que supone desvirtuar el delito de acoso sexual (aunque, para la secretaria de Igualdad, el acoso conlleva una repetición de los hechos); mientras desde la extrema derecha se ha calificado de “caza al hombre”.
Protección contra el ciberacoso
Había menos discrepancia entre las formaciones con respecto a la modificación del Código Penal para incluir el acoso realizado en grupo, con especial hincapié en el ciberacoso. Se ampliará la definición del acoso sexual y moral para incluir aquel realizado por más de una persona, “de manera premeditada o instigada por uno de ellos, aunque no se haya realizado de forma repetida”.
Se castigará cuando un grupo de personas envíe mensajes -u otro tipo de acción- a una misma víctima, aunque no se hayan puesto de acuerdo para hacerlo, si saben que sus actos individuales “caracterizan una repetición”: es decir, por ejemplo, en ataques a través de redes sociales en los que el autor envía un único mensaje a la víctima, pero sabe que con su acto está contribuyendo a un ataque más general. Aunque no se limita a Internet, el Gobierno pretende de esta forma actuar contra el acoso grupal y coordinado en redes sociales. Actualmente se pena solo la repetición de esos actos por un mismo individuo.