El escándalo del año explotó en Brasil diez minutos antes de que comenzara la telenovela de máxima audiencia, la que Globo siempre programa después del “Jornal Nacional”, su principal informativo. Para ese último tramo del programa, cuando ya se han congregado millones de telespectadores ante la pantalla, suelen reservar noticias de alcance.
Poco después de las cinco y diez de la tarde del 14 de marzo de 2018, cinco horas antes del asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, y su chófer, Anderson Gomes, los presuntos autores materiales de la ejecución, los milicianos paramilitares Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz, se reunieron en el domicilio del primero, vecino de urbanización de Jair Bolsonaro y de su hijo Carlos. En doble declaración a los equipos de investigación del caso –Globo ha tenido acceso a los archivos–, el portero de la urbanización aseguró que, cuando Élcio de Queiroz llegó en su vehículo y se registró en el control de acceso de la urbanización Vivendas da Barra, en el barrio de Barra da Tijuca, Río de Janeiro, informó que se dirigía a la casa 58. La casa 58 es propiedad y primera residencia de Jair Bolsonaro.
El portero relata en su declaración que, siguiendo el protocolo habitual, llamó por el interfono a la casa 58 para confirmar si esa visita tenía permiso de entrada. Una voz que él reconoció como la del “señor Jair” dio el visto bueno. El paramilitar accedió a la urbanización, pero no se dirigió a la casa 58, sino a la 66, la de Ronnie Lessa. El portero narra que contactó de nuevo con la casa 58, la de Jair Bolsonaro, advirtiendo de este desvío. La misma voz le respondió que ya sabía a dónde iba ese visitante.
Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz están en prisión por, según las investigaciones, acribillar a tiros a la concejala Marielle Franco y su chófer esa misma noche, al término de un evento en el que la concejala participó en el centro de Río.
No todo cuadra, sin embargo, en la declaración del portero de la urbanización. Es improbable –y esta información formó parte del mismo reportaje que emitió Globo– que Jair Bolsonaro contestara al interfono de su residencia porque ese 14 de marzo de 2018 estaba presente en la Cámara de Diputados, en Brasilia. A partir de ahí se han abierto un gran número de conjeturas, empezando por quién estaba en la casa 58, y quién habló con el portero –si es que el portero realmente llamó a la casa de Bolsonaro–, y por qué ese interlocutor que habló desde la casa 58 conocía el verdadero destino y plan de los paramilitares.
La cólera del presidente contra el Grupo Globo
El presidente conocía las informaciones que ha divulgado Globo desde hace, al menos, veinte días. Fue el gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, el que se lo adelantó en un encuentro casual en el Club Naval de Río. “El proceso está en el Supremo”, le comentó el gobernador. “El portero ha citado tu nombre”. Aún así, manifestando sorpresa e incredulidad, Bolsonaro apareció pasadas las tres de la madrugada del martes al miércoles –hora de Arabia Saudí, donde se encontraba de viaje oficial– para, en una de sus habituales comparecencias a través de sus perfiles de redes sociales, insultar, atacar y amenazar a Globo.
El máximo mandatario brasileño dedicó más de veinte minutos a gritar calificativos como “canallas”, “infames” y “deshonestos”, intimidando al principal grupo brasileño de comunicación con la no renovación de su licencia de actividad, que caduca en 2022.
Bolsonaro arremetió también contra su exaliado, el gobernador del estado de Río, Wilson Witzel, al cual acusó de conocer los detalles de un proceso en secreto de sumario, y de coordinar contra su persona la actuación de la Policía Civil: “Quiere destruir mi familia para llegar a la presidencia de la República”.
La delicada situación en la que ha sido situado el presidente brasileño le ha llevado a tomar una decisión controvertida: articular la intermediación de su ministro de Justicia, el exjuez federal Sérgio Moro, en el proceso judicial. Tras su acalorada intervención, Bolsonaro declaró ante los medios que quiere que Moro, a través de la Policía Federal, consiga una nueva declaración del portero de la urbanización, “para aclarar totalmente este hecho, para enterrar ese fantasma que quieren colocarme de posible mentor de la muerte de Marielle”. Moro se ha puesto manos a la obra inmediatamente y el nuevo fiscal general ya ha recibido una solicitud ministerial.
Domingos Brazão, el principal sospechoso
El pasado mes de enero, eldiario resumía en un reportaje 15 años de defensa y legitimación de las milicias paramilitares por parte del ahora presidente brasileño. El artículo explica también que Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente, fue de los pocos diputados estatales en criticar la implantación de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre milicias paramilitares (2008), que coordinó el diputado Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Marielle Franco trabajó en los informes de aquella pesquisa como asesora de Freixo en la época. Otro de los diputados que se oponía era Domingos Brazão.
Una de las últimas acciones que llevó a cabo la exfiscal general de la República, Raquel Dodge –su mandato concluyó en septiembre– fue precisamente la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia implicando en el Caso Marielle a Brazão, que también era consejero del Tribunal Regional de Cuentas de Río de Janeiro –Flávio Bolsonaro fue uno de los que le votó para el cargo en 2015, cuando ya se conocían las acusaciones sobre sus relaciones con las milicias paramilitares–.
Según Dodge, Brazão fue quien “planificó el homicidio” e, intentando mantenerse impune, “planeó la difusión de noticias falsas sobre los responsables”. Entre otras cosas, el exdiputado estatal compró supuestamente los servicios de un falso testigo para implicar en el asesinato a un rival político, Marcelo Siciliano.
Brazão era uno de los políticos citados en el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación de las milicias paramilitares de Río de Janeiro. Su nombre aparecía como uno de los candidatos que hacía campaña en el barrio de Rio das Pedras –zona bajo control absoluto de las milicias paramilitares, que deciden los políticos pueden entrar a hacer campaña y los que no–, y también las comunidades de Fubá y Pedra Rachada. En la actualidad, Flávio Bolsonaro –que acogía en su gabinete a milicianos y familiares de milicianos, como asesores y personal de plantilla– es de los cargos públicos que más votos recauda en aquellas zonas.
El entorno de Marielle Franco siempre sospechó que la ejecución tenía que contar con alguien “muy influyente al mando”, y nunca ha descartado la línea de investigación que abrió el propio diputado Freixo: el asesinato de su exasesora era, en realidad, una manera de destruirle a él. Las políticas sociales y pro derechos humanos de Freixo y su equipo siempre han sido motivo de ataque del ala conservadora –y también ultraderechista– de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, donde las milicias paramilitares hacen y deshacen a su antojo.