El Gobierno francés teme que la huelga de las refinerías sea el detonante de un otoño de movimientos sociales

Largas colas ante las gasolineras, autobuses escolares que no pueden circular, miedo al desabastecimiento en los vehículos de urgencia y miles de franceses sin poder ir a trabajar por falta de combustible. En dos semanas, lo que comenzó como una disputa salarial en el seno de dos grupos privados, TotalEnergies y ExxonMobil, ha evolucionado hacia un conflicto social que amenaza con afectar a todo el país. Una crisis que ha alcanzado esta semana a la primera ministra, Élisabeth Borne, y a su Gobierno, que ven cómo las protestas pueden extenderse a los trabajadores del sector de la energía nuclear y al transporte público en varias regiones, incluida la parisina.

Todo comenzó el pasado 27 de septiembre. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó una huelga en las refinerías de la multinacional TotalEnergies. Reclamaban una subida salarial del 10%: 7% por la inflación y un 3% por el “reparto de la riqueza”. El sindicato señalaba los beneficios récord obtenidos por la empresa en el segundo trimestre de 2022 (5.700 millones de euros) y el hecho de que recientemente repartiese entre sus accionistas un dividendo excepcional de 2.620 millones de euros. Al día siguiente, varias instalaciones detenían su actividad, faltas de personal, incluida la refinería de Normandía, la mayor de Francia.

Ante la ruptura de las negociaciones y el bloqueo de las instalaciones, TotalEnergies trató de transmitir al público y a la administración un mensaje de tranquilidad. Los stocks de carburante permitirían asegurar el suministro “entre 20 días y un mes”. No había riesgo de interrupción importante, aseguró la empresa. En la misma línea, el Gobierno optó por relativizar: su portavoz, Olivier Véran, señaló en los primeros días de huelga que “sólo el 12% de las estaciones de servicio” se habían visto afectadas.

El problema es que esa cifra no reflejaba la realidad de varias regiones en las que el porcentaje de gasolineras sin al menos un tipo de carburante se elevaba al 30% o 40%. Especialmente en la región de París y en Altos de Francia, las más afectadas. El jueves 6 de octubre el presidente de esta última región, Xavier Bertrand, daba la voz de alarma en la televisión pública reclamando la movilización por decreto de unos servicios mínimos para el funcionamiento. “El lunes, las rutas de los autobuses escolares de la región no pudieron circular debido a un problema de abastecimiento”, denunció, “lo que esperamos del Estado no es que siga los acontecimientos, sino que se anticipe”.

El pasado fin de semana las imágenes de colas de coches en las gasolineras que desfilaban por las cadenas de televisión contradecían la comunicación optimista del Gobierno. Ese mismo día un tercio del Ejecutivo, incluyendo a la primera ministra y los titulares de Economía, Transporte e Interior partieron rumbo a Argelia en viaje oficial. También el domingo, la ministra de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, anunciaba que había dado positivo por COVID y un aislamiento que le obligaba a monitorizar la situación desde su domicilio.

Movilización por decreto

A principios de semana el ejecutivo todavía se aferraba a una resolución rápida que evitase la intervención en el conflicto. Se anunció el recurso a reservas estratégicas, suficientes para aumentar las entregas de combustible en un 20% para aliviar el desabastecimiento. El lunes, Macron, preguntado al respecto durante un desplazamiento a Mayenne, justificaba que “no es el presidente de la República el que debe llevar las negociaciones salariales en Esso o Total, eso no tendría ni pies ni cabeza”.

Un día después, el Ejecutivo cambiaba el discurso y tenía que asumir que la opinión pública estaba tensándose y la huelga se había convertido en un problema político. La reacción llegaba tarde, en una secuencia que muchos han relacionado con la acción gubernamental ante los chalecos amarillos. En la mañana del martes 11 de octubre, Élisabeth Borne anunció que ordenaba la movilización por decreto de una parte del personal de las refinerías. “Un desacuerdo salarial no justifica el bloqueo del país”, declaró ante la Asamblea Nacional.

Esa noche, la dirección de TotalEnergies anunció que invitaba a los sindicatos que “no participan en el movimiento de huelga” a una reunión de “consulta y discusión” para la tarde del miércoles. La invitación a la CGT quedaba condicionada al levantamiento de los “bloqueos”, un requisito inaceptable para el sindicato mayoritario en las refinerías de la empresa.

Aumento de las protestas

La reanudación de la huelga el miércoles por la mañana disipó cualquier esperanza de una salida inmediata a la crisis (una refinería tarda entre siete y diez días en retomar la actividad). Al contrario, el movimiento ganó fuerza. Los empleados de TotalEnergies votaron a favor de prolongar los paros en todos los centros implicados, incluido el depósito de combustible de Flandes, junto a la frontera belga, además de extenderse a la instalación de Donges, cerca de Nantes.

Por otro lado, la movilización de personal anunciada por Borne fue mal recibida por la mayoría de organizaciones sindicales y las protestas subieron de intensidad. En realidad, el anuncio del Gobierno sólo se aplicaba al personal de los depósitos de combustible del grupo Esso-Exxonmobil, que el lunes había cerrado un acuerdo salarial con dos organizaciones sindicales (que tienen mayoría en el grupo pero no en sus refinerías). No se aplicaba a los trabajadores de TotalEnergies, donde no había ningún avance.

En cualquier caso, la CGT anunció que se retiraba de todos los debates en curso a nivel nacional, en particular la espinosa concertación de las reformas de las pensiones y la de los subsidios de paro. Además, el movimiento en las refinerías evolucionó hacia una llamada a la movilización general. En la noche del jueves 13 de octubre cuatro sindicatos de trabajadores y cuatro organizaciones estudiantiles convocaron una huelga para el próximo martes, una jornada interprofesional de acción por “el aumento de los salarios y la defensa del derecho de huelga”.

En el sector nuclear, la amenaza de paros complicaría la disponibilidad de los 56 reactores de EDF -26 de los cuales están parados por revisiones-, especialmente sensible ante la llegada de un invierno que se antoja problemático. También en el sector del transporte, los trabajadores ferroviarios de la SNCF se han sumado al llamamiento, lo mismo que varias redes de trenes regionales.

Presión de la oposición

En un contexto de aumento de la inflación, con la consiguiente preocupación de los trabajadores por el poder adquisitivo, las reivindicaciones salariales en las refinerías podrían ser la chispa de una movilización general. Se trata de uno de los sectores más sindicalizados, con una federación nacional de industrias químicas de la CGT particularmente reivindicativa a pocos meses de su congreso federal. Además, es una actividad en la que un número relativamente pequeño de empleados es suficiente para bloquear el suministro energético de todo un país.

La llamada a la huelga llega además a pocos días de la ‘marcha contra la vida cara’ convocada para el domingo por los partidos de la oposición, al tiempo que las formaciones de derechas denuncian la “laxitud” del Gobierno. El Ejecutivo entra así en una situación complicada, especialmente si se tiene en cuenta que Total y Esso son la encarnación de grandes grupos con enormes beneficios que se reparten entre los accionistas y no los empleados, lo que puede beneficiar a los trabajadores ante la opinión pública. “El efecto boomerang de su negativa a gravar los superbeneficios se ha vuelto en contra del Gobierno”, resumía Libération en uno de sus últimos editoriales

Ante el riesgo de un otoño marcado por las protestas sociales, el Gobierno francés se apresura a resolver el conflicto y los problemas de abastecimiento de carburantes. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, pidió el jueves por la mañana a TotalEnergies que “aumente sus salarios”. “Tienen la capacidad, y por tanto el deber, de aumentar los salarios de todos sus empleados en las proporciones que negocien con los sindicatos”, afirmó el ministro ante los micrófonos de la radio RTL.

Este viernes, los representantes sindicales de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y de la Confederación Francesa de Directivos (CGC), dos de los principales sindicatos de la huelga, han anunciado que se había alcanzado un compromiso en las negociaciones salariales de TotalEnergies (aún sin firmar) para un aumento salarial del 7%. No obstante, la CGT mantiene su voluntad de continuar el paro. De las ocho refinerías que hay en Francia, cinco siguen cerradas, así como varios depósitos –la huelga se ha levantado este viernes en la refinería de Esso, en Port-Jérôme-Gravenchon, pero llevará varios días volver a ponerla en funcionamiento). Y mientras el Gobierno trabaja para sofocar la crisis de las refinerías, otras amenazan con aparecer en nuevos sectores.