La violencia sacude Senegal, país referente de estabilidad y democracia en África, desde que el pasado 2 de junio los procesos judiciales contra el líder opositor Ousmane Sonko culminaran con una condena a dos años de cárcel por el delito de “corrupción a la juventud”, que podría inhabilitarle para las elecciones presidenciales de febrero de 2024.
Desde el domingo 28 de mayo, el político de 48 años está retenido en su casa de la capital, Dakar, por las fuerzas de seguridad que, tras retirarle los teléfonos y ordenador, le mantienen junto a su familia, niños incluidos, incomunicado y no permiten que nadie salga, ni que le visiten sus abogados, compañeros de partido y otros parientes.
Miles de manifestantes protestan desde el día 2 en apoyo de Sonko en las calles, carreteras y universidades de Dakar, así como en Ziguinchor, del que Sonko es alcalde, en Saint-Louis y otras partes del país. Con la quema de neumáticos y el lanzamiento de piedras responden a la policía, que usa gases lacrimógenos, fuego real y jóvenes civiles como escudos humanos; los agentes uniformados así como los de paisano infiltrados están empleando la fuerza de forma contundente.
La represión estatal, de momento, se ha cobrado 16 muertos, que se suman a las, al menos, 12 víctimas (de entre 12 y 35 años) que se produjeron cuando empezó este conflicto en 2021.
Tanto el comité de abogados de Sonko como dirigentes de su partido, el PASTEF (Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad) piden, en comunicados y llamamientos por las redes sociales, a la comunidad internacional que exija el cese de la violencia y de los arrestos de civiles, y el fin de las restricciones a las libertades básicas, que incluye el corte de las comunicaciones por Internet. También el levantamiento del cerco de más de una semana en torno a la casa de Sonko, en Dakar, donde “están incomunicados Ousmane Sonko, sus dos esposas y cinco hijos de entre 8 y 15 años, con problemas incluso para alimentarse porque ni les dejan salir a comprar comida ni nadie puede entrar a dársela”, según informa la histórica coordinadora de PASTEF España, Seynabou Helene Seye, actualmente en Francia.
Protestas también en España
“Las protestas no van a parar, ni en Senegal ni en la diáspora”, asegura a elDiario.es Jo Mbaye, coordinador de PASTEF Madrid. “Macky Sall ya nos engañó dos veces con su sistema mafioso y la tercera no cuela”. Mbaye hizo esas declaraciones el lunes 5, tras una protesta ante el Consulado senegalés en Madrid. El pasado fin de semana, también hubo concentraciones en Zaragoza y Barcelona, y el martes volvieron a repetirse en Madrid, en la plaza Nelson Mandela, y en Bilbao, en la plaza Doctor Fleming, organizadas por Forces Vives du Sénégal (F24), agrupación de partidos y movimientos sociales en lucha por la democracia y justicia en Senegal. El miércoles 7 está convocada otra protesta en Málaga.
Por su parte, Momadou Diagne, portavoz en Madrid del grupo “Xalaat ak Xelli” (Reflexión y Acción) explica que se constituyeron hace tres meses “para sensibilizar sobre la situación de los senegaleses en España y sobre la de nuestro país, pero la crisis política que ha estallado nos obliga a dar el salto con acciones coordinadas por la geografía española para denunciar el grave ataque a la democracia y la gran represión en marcha”.
La comunidad senegalesa en España cuenta con alrededor de 80.000 personas, si bien la convocatoria de F24 llama a sumarse “a las hermanas y hermanos africanas/os y afrodescendientes” y “a las organizaciones y a la sociedad civil internacional”. Mbaye asegura que se manifestarán hasta que el presidente anuncie que renuncia al tercer mandato “porque esto no va ya de Sonko sino de nuestra libertad, seguridad y democracia”.
El activista aclara que, “aunque Sall y su familia se van a resistir por miedo a que bajo un mandato de Sonko se desvele, juzgue y condene su corrupción, los senegaleses sabremos evitar la guerra civil con cabeza”. Otra miembro de PASTEF Madrid, que prefiere permanecer anónima, apunta: “El gobierno ya está cortando los suministros, los mercados están cerrados, falta que comer y cuando la gente protesta la policía, los soldados y la secreta les pegan y matan. Ya son senegaleses atacando a senegaleses. Todo, hasta la guerra, puede esperarse de Sall, el peor presidente desde la independencia en los años 60”.
ElDiario.es se puso en contacto este lunes, por teléfono y correo electrónico, con la Embajada y el Consulado General senegaleses en Madrid, pero no obtuvo respuesta. Hoy, martes 6, la Embajada confirmó a este periódico que todos los consulados de Senegal quedan cerrados por orden del Ministerio de Exteriores en Dakar.
Deshacerse de los candidatos opositores
El país ha llegado a esta situación después de que el 3 de marzo de 2021, Ousmane Sonko, que quedó tercero en las elecciones de 2019 pero se está configurando como la gran esperanza de la oposición para 2024, fuera arrestado y acusado de “violación reiterada” y “amenazas de muerte” a la empleada de un centro de masajes.
Sonko admitió acudir a ese local para tratarse dolencias de espalda, pero negó cualquier relación sexual, forzada o consentida con la mujer. La gran movilización popular que se dio en aquel momento logró la liberación de Sonko el 8 de marzo 2021, aunque el coste fue muy alto: además de la quincena de fallecidos -por cuyas muertes nadie ha sido juzgado-, 500 manifestantes fueron arrestados, 350 personas puestas a disposición judicial y 150 encarceladas; se clausuraron dos cadenas de TV nacionales acusadas de promover la insurrección, se bloqueó Internet y se intervinieron teléfonos y redes sociales de políticos, activistas y defensores de derechos humanos.
Lo que desde entonces ha sido una tensa calma en Senegal ha estallado ahora por dos juicios consecutivos a Sonko, entre finales de mayo y principios de junio. El primero, promovido por el ministro de Turismo, Mame Mbaye Niang, quien acusó a Sonko de difamación por haberle responsabilizado de la mala gestión de 44 millones de euros, citando un informe de la Inspección General del Estado (IGE). Sonko reconoció que se había equivocado y que el informe era de la Inspección General de Finanzas (IGF), pero fue sentenciado el 30 de mayo a dos meses de cárcel y una multa de 305.000 euros.
En el segundo juicio, cuya sentencia se conoció el 2 de junio, el juez desestimó los cargos de “violación reiterada” y “amenazas de muerte”, pero condenó al opositor a dos años de cárcel y 900 euros de multa por “corrupción de la juventud”, delito que consiste en “inducir al libertinaje” a menores de 21 años (la denunciante tenía 20 años en el momento de los hechos).
Si las condenadas contra Sonko se han recibido con tanta indignación popular es porque se producen en un contexto donde el actual presidente no descarta presentarse a un tercer mandato en las presidenciales de 2024, pese a que él mismo aprobó la limitación constitucional de dos mandatos presidenciales.
Además, desde que Sall detenta el poder, Sonko es el tercer candidato opositor con visos de desbancarle que es inhabilitado en los tribunales, tras Karim Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade, acusado de “enriquecimiento ilícito” en 2013; y el que fuera alcalde de Dakar, Khalifa Sall, acusado de malversación sin que haya sido encontrado culpable.
Por otro lado, los procedimientos judiciales contra Sonko han estado trufados de impedimentos a su equipo de abogados, formado por letrados de Senegal y Francia: uno de ellos fue súbitamente suspendido para ejercer y al francés Juan Branco se le denegó la entrada a Senegal, en el aeropuerto de Dakar.
Controversia feminista
El juicio contra el opositor por “violación reiterada” y “amenazas de muerte”, cargos por los que no fue condenado, también ha levantado cierta controversia entre distintos sectores feministas senegaleses: mientras unas lamentan el escaso crédito concedido a la denunciante y el precedente que sienta, otras critican la instrumentalización de la mujer para deshacerse de Sonko como adversario político.
Todo ello, en un país donde este mismo mayo trascendió que veintisiete niñas, de entre 10 y poco más de 12 años, habían sido violadas por su maestro coránico (o marabout), quien se habría dado a la fuga tras hacerse público el caso, sin que las autoridades actuaran antes a pesar de las denuncian de las familias de las menores.
“Lo de la masajista es un montaje”, asegura la activista de PASTEF Madrid, de forma anónima. “Son mentiras para inhabilitarle”, agrega. Sin embargo, no está claro si la condena por “inducción al libertinaje” basta para invalidar a Sonko como candidato presidencial, como sí hubiera ocurrido en el caso de “violación reiterada”.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional instó a que “las autoridades detengan de inmediato la violencia y restauren las redes sociales”. La directora de la ONG para África Occidental y Central, Samira Daoud, precisó que “las restricciones al derecho a la libertad de expresión e información constituyen medidas arbitrarias contrarias al derecho internacional y no pueden justificarse con imperativos de seguridad”.
Por su parte, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a través de su portavoz adjunto, Farhan Haq, dijo el pasado sábado que “condena enérgicamente el uso de la violencia, llama a la calma e insta a todos los actores a actuar con moderación.”
Según Mbaye, “la comunidad internacional no está reaccionando como la situación merece”. “La UE y el resto del mundo no es que no hagan nada (...) tienen mucho que ver con lo que pasa, se inmiscuyen en nuestros países porque quieren nuestros recursos. ¡Que nos dejen a los senegaleses elegir!”.
Precisamente, esa es una de las razones detrás de la popularidad de Sonko, licenciado en Derecho por la prestigiosa Universidad Gaston Berger de Saint-Louis, que trabajó quince años como inspector de Hacienda antes de fundar el PASTEF en 2014 y comenzar a desvelar el mal uso de los recursos estatales por el gobierno de Sall, lo que le valió su despido en 2016. Un año después publicó el libro 'Petróleo y gas en Senegal. Crónica de un expolio', una reivindicación de la autodeterminación africana frente a las antiguas metrópolis coloniales, especialmente Francia, y de la reapropiación de sus recursos. Sonko se sitúa en la misma línea de una nueva generación de líderes panafricanistas.
España, importante socio de Senegal
En un comunicado, el Grupo de Reflexión y Acción de senegaleses en la diáspora Xaalat ak Xelli exige que “el Estado español active todos los mecanismos para denunciar la violación de los derechos humanos cometida por el presidente Macky Sall” dada la condición de España “de socio importante de Senegal, con múltiples y diversos intereses” en particular “en la explotación de nuestra pesca que empleaba a miles de jóvenes senegaleses pero que hoy, esquilmada por empresas extranjeras, les condena a emprender peligrosas rutas migratorias hacia España y Europa”.
Precisamente, más de 230 personas en una decena de cayucos han llegado a las Islas Canarias, a través de la ruta atlántica. Si bien el país de origen de los migrantes no se ha hecho público, fuentes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía confirman que por la ruta del Estrecho la llegada de senegaleses experimenta en los últimos dos meses un aumento significativo sobre el total de nacionalidades.
Esta misma semana, en un acto de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz con mujeres líderes de la Economía Social en España, se firmó una Declaración de Intenciones con la ministra senegalesa de Microfinanzas, Victorine Anquediche Ndeye, para “fomentar la cooperación en el ámbito de la Economía Social, al igual que también se ha hecho con otros países como Francia, Alemania o Colombia”, según un comunicado de Moncloa. El presidente Pedro Sánchez realizó una visita a Senegal en 2021, precisamente para abordar la cuestión migratoria e impulsar los intereses económicos de España en el país africano.