Desde hace semanas, Israel vive una de las mayores olas de protestas de su historia ante lo que medios de comunicación y críticos han calificado de “golpe judicial”. El Ejecutivo extremista del primer ministro, Benjamin Netanyahu, intenta debilitar la independencia y poder del Tribunal Supremo de Israel con una batería de proyectos de ley que subordinan la máxima instancia judicial del país a la agenda y dictados del Gobierno, otorgándole un poder sin precedentes.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, ha asegurado que lleva luchando por esta reforma dos décadas y espera completar el proceso para finales de marzo, ya que los proyectos de ley tienen que pasar por varias votaciones en el Parlamento, donde la coalición gobernante (formada por partidos conservadores, ultraderechistas y ultrarreligiosos) controla 64 de los 120 escaños.
Netanyahu ha dicho que los manifestantes son “radicales” que quieren “crear el caos en el país, derribar el Gobierno y provocar las sextas elecciones”: “No pueden hacerse a la idea de que los votantes nos eligieron a nosotros y no a ellos”. El pasado jueves, decenas de miles de israelíes también protestaron en Tel Aviv y llegaron a cortar el principal acceso al aeropuerto para evitar que Netanyahu pudiera viajar a Italia, quien tuvo que acudir en helicóptero a la terminal.
Qué dice la reforma
Las reformas tocan varios aspectos, como la capacidad del Tribunal Supremo de anular leyes o el nombramiento de los jueces, entre otras cosas. Una de las enmiendas del Gobierno pretende cambiar la composición del comité encargado de nombrar jueces, así como reducir la mayoría necesaria para esos nombramientos. Esta enmienda otorga a la coalición una mayoría automática en el proceso.
Actualmente, el comité se compone de nueve miembros (tres jueces, dos ministros, dos diputados y dos representantes del Colegio de Abogados) y se exigen siete para un nombramiento. La enmienda reduce la mayoría a cinco y elimina a los dos representantes del Colegio de abogados para introducir un diputado y un ministro más.
Otra de las medidas más importantes es reducir e incluso anular la capacidad del Tribunal Supremo de suspender y revisar leyes aprobadas por el Parlamento a través de varias propuestas que aún están por concretarse en el largo proceso legislativo. Hasta ahora, el Supremo puede revocar cualquier ley si considera que viola una de las leyes básicas del Estado. El nuevo proyecto de reforma contempla varias fórmulas posibles, como dar al Parlamento la capacidad de suspender el fallo del Supremo con una mayoría simple de tan solo 61 diputados o incluso concederles la facultad de decidir que determinadas leyes quedan fuera de la autoridad de revisión del Tribunal, entre otras.
El Ejecutivo también pretende evitar que el Supremo pueda inhabilitar a ministros y cargos del Gobierno, como ha ocurrido con el líder ultrarreligioso Aryeh Deri, cuyo nombramiento fue suspendido recientemente por estar condenado por varios delitos.
Conflicto entre jueces y Gobierno
El gobierno de Netanyahu sostiene que las reformas tienen el objetivo de reforzar la democracia, dando a los diputados la última palabra. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa visión. “Quienes afirman que la mayoría que eligió a sus representantes en la Knesset les dio un cheque en blanco para hacer lo que quisieran tergiversan la democracia”, dijo en enero la actual presidenta del Tribunal Supremo, Esther Hayut.
“El programa del nuevo ministro de Justicia asestará un golpe mortal a la independencia de los jueces. El significado de este plan es cambiar la identidad democrática del país hasta hacerla irreconocible”, indicó Hayut. “Las afirmaciones infundadas planteadas respecto al actual sistema de nombramiento de jueces pretenden ocultar los verdaderos motivos de quienes proponen estos cambios y es el deseo de politizar por completo los nombramientos judiciales en Israel”, añadió.
“¿Qué pretende cambiar el programa del ministro? En la práctica, pretende negar a los jueces las herramientas legales que utilizan para proteger los derechos individuales y el Estado de derecho”, concluyó la jueza.
El ministro de Justicia Levin respondió con críticas a la presidenta del Supremo: “Es la mejor prueba de que el sistema legal ha perdido su camino”. “No hay democracias occidentales que funcionen correctamente en las que los jueces se elijan a sí mismos e interfieran en las leyes básicas por voluntad propia”, añadió. Levin también acusó a los jueces de crear una “tiranía de la minoría que impone sus valores a la mayoría”. “El Gobierno de los jueces es lo opuesto a una democracia que funcione”, dijo.
Aharon Barak, expresidente del Supremo entre 1995 y 2006, también se ha expresado en contra del proyecto del Gobierno, que ha calificado de “guerra contra la democracia”. También lo ha hecho el exfiscal general y exjuez del Supremo Menachem Mazuz. “Israel es probablemente el único país democrático sin sistemas reales de división de poderes. En esta realidad, el único órgano que puede frenar la tiranía de la mayoría es el sistema judicial. Este poder es el que quieren anular”, indicó.
¿Tiene algo que ver con su juicio por corrupción?
Varios analistas e incluso antiguos aliados de Netanyahu, quien en el pasado había defendido la separación de poderes e independencia de los jueces, sostienen que la reforma judicial está directamente relacionada con el juicio que tiene pendiente el primer ministro por corrupción. Netanyahu está acusado de soborno, fraude y abuso de confianza en tres casos distintos que es probable que lleguen al Supremo.
Avichai Mandelblit, que fue secretario de gabinete del primer ministro entre 2013 y 2016 y que después fue nombrado fiscal general, ha señalado: “No es nuevo que la reforma es la posición de Yariv Levin, pero Netanyahu no le nombró ministro de Justicia durante años. ¿Por qué lo ha hecho ahora? Mi análisis y opinión es que Netanyahu quiere provocar una situación en la que su juicio no termine de manera apropiada”. Mandelblit fue quien procesó a Netanyahu en 2019.
Hace años, Netanyahu presumía de defender la independencia del Tribunal Supremo. “Ha habido propuestas para reducir los poderes del Tribunal Supremo, pero yo evité todas ellas”, declaró en 2012. Hoy, esas mismas reformas las justifica como una medida para fortalecer la democracia.