El gobierno de Bolsonaro acelera una reforma para abrir las tierras indígenas a la explotación minera

La Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano gubernamental que “coordina y ejecuta la política indigena” en Brasil, se está apartando de sus atribuciones legales para asumir un nuevo papel: el de mediadora en los proyectos de minería en tierras indígenas (TIS). Agência Pública ha confirmado la información con uno de los integrantes del grupo técnico interministerial que discute el borrador del nuevo proyecto de minería y confirmada con dos fuentes más. El funcionario ha pedido no ser identificado.

La legalización de las empresas mineras es parte de una ofensiva gubernamental y legislativa patrocinada por la bancada ruralista en el Congreso. Su objetivo es abrir los proyectos de minería en tierras indígenas a empresas privadas a través de un cambio constitucional que se tramita a ritmo acelerado.

La propuesta original es del gobierno anterior, de Michel Temer, que contemplaba solo la participación de las empresas mineras. Al presentar el proyecto, el presidente Jair Bolsonaro estableció la regulación de las minas clandestinas como una prioridad.

Sin recursos y con sus puestos directivos ocupados por la extrema derecha ligada al ruralismo, la Funai es el retrato de la fragilidad en la protección a los indígenas. Su nuevo papel en la apertura de proyectos mineros en tierras indígenas se está definiendo en las discusiones del grupo de trabajo interministerial formado por los ministerios de Minas y Energía, Justicia, Medioambiente, Agricultura, Planificación y Secretaría General de la Presidencia de la República.

El grupo tiene 30 técnicos que se reúnen periódicamente en el Palacio de Planalto desde el mes de julio. La Funai solo comenzó a participar en esos encuentros después de que el Congreso derogó parte de la MP 870 (que pretende reorganizar las carteras ministeriales), obligando al gobierno a retirar competencias de la estructura del Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos y devolverlas al Ministerio de Justicia, a quien la Funai está vinculada desde 1967, cuando fue creada.

Uno de los integrantes del grupo de trabajo, que pidió no difundir su nombre, relató a la Agência Pública los puntos más importantes que deben ser parte del proyecto. Para driblar a la legislación —basada en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo— que obliga a consultar a las comunidades indígenas, el proyecto incluiría una brecha para que, en los casos de recusación, el gobierno pueda autorizar unilateralmente los proyectos bajo la justificación de intereses estratégicos nacionales. Los proyectos, uno por uno, tendrían que pasar por el tamiz del Congreso.

Las cuestiones centrales en discusión pasan por la definición de la forma de exploración económica y de captación de las regalías como compensación financiera a las comunidades indígenas. Es ahí que se inserta el papel de la Funai, que mantendría su atribución de tutora ya prevista en la ley, pero haría una mediación más intensa entre las etnias y los proyectos, siempre según la misma fuente.

El grupo debe sugerir la creación de un consejo para gestionar los recursos indígenas a través de un fondo y acompañar la ejecución del proyecto, reteniendo ya en el momento de la extracción de oro o diamante, por ejemplo, un porcentaje estimado entre 3% y 4% del volumen bruto extraído. Las comunidades crearían asociaciones que harían de enlace con el consejo, que estaría formado mayoritariamente por indígenas, dice la fuente.

Uno de los grandes desafíos planteados en los debates es el control de las minas cuya marca es la clandestinidad, frecuentemente acompañada de crímenes ambientales y conflictos con los habitantes de los territorios que invaden, como sucede en gran escala en la Tierra Yanomami actualmente. Se estudia extender la exigencia de licencia para todos los tipos de minería y aplicar una norma, que puede ser una especie de garantía financiera, para ser utilizada en casos de abandono del proyecto para corregir cualquier responsabilidad ambiental. El grupo estudia tasar los proyectos también por el uso del suelo, pero sin dirigir los recursos recaudados a los indígenas.

Según el integrante del grupo, existe consenso entre ellos que, en concesiones para grandes proyectos, —como en el caso del probable proyecto de la canadiense Belo Sun, en Volta Grande do Xingu en el estado de Pará, de las etnias Arara y Juruna, citado en las discusiones, (en un área ya tomada por mineros)— correspondería a las empresas mineras expulsar a los garimpeiros (buscadores de oro) y evitar nuevas invasiones, ya que el gobierno no tendría estructura de supervisión para hacerlo. Belo Sun quiere hacer en Xingu, cerca de la planta de energía Belo Monte, inversiones por el orden de 1,22 billones de reales para extraer, en 12 años, 60 toneladas de oro.

Conforme el levantamiento del Instituto Socioambiental (ISA), una fila con 4.181 requerimientos de explotación minera en tierras indígenas aguarda decisión de la Agencia Nacional Mineral (ANM), la mitad de ellas pidiendo autorización para extraer oro. Juntas, las áreas reivindicadas conforman un total de 28 millones de hectáreas, el equivalente al 25% de la superficie y áreas consolidadas como TI.

Empresas mineras y campañas electorales

Entidades indigenistas alertan, sin embargo, que las posiciones públicas asumidas por Bolsonaro —el presidente también declaró que no va a delimitar más tierras indígenas e incluso revisar la extensión de las TIS ya consolidadas, además de criticar a los órganos de fiscalización ambiental y a la propia Funai— están funcionando como autorización a invasores y fomentando conflictos que provocan muertes en las regiones más desprotegidas de la Amazonia.

La segunda mayor TI de Brasil, con 8,5 millones de hectáreas, y el área de mayor concentración de pueblos desconocidos del mundo, Javari fue blanco de cuatro ataques a tiros este año contra las bases de Ituí y Curuçá, las más pretendidas por invasores.

“El gobierno de Bolsonaro siembra la idea de que el indígena es un estorbo para el desarrollo y extiende la idea de que la Funai está repartida y comprada por ONGs. Es una tentativa de matar a la Funai de inanición, cortando recursos y desmontando estructuras, sobre todo las que protegen a los pueblos aislados, en clara opción por el abandono”, afirma Wino Beto, indígena.

Incluso sin participar de las discusiones que involucran el destino de sus tierras y de sus pueblos, los indígenas siguen de cerca los movimientos del gobierno. “Los interesados [en el proyecto de minería] son grandes empresas mineras que financiaron campañas electorales. Es el papel de la Policía Federal, así como hizo en la Operación Lava Jato, investigar lo que está detrás de todo eso”, dice la diputada Joenia Wapichana (REDE-RR), presidenta del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. “La intención es abrir grandes minas. No es pobre con batea”, alerta.

“El discurso del presidente da fuerzas a los ganaderos y provoca el sufrimiento de los indígenas. Es como un decreto de exterminio. No queremos minería. La tierra es nuestra madre: nadie la da, vende o entrega. La tierra tiene dueño”, dice Wiliam Rodrigues, líder de la etnia Mura, del Amazonas, en el mismo evento. “¡Ayúdennos! Si no hay autoridad para hacer cumplir la ley, vamos a reaccionar. Basta de invasiones y amenazas”, alertó. “Si nuestra situación está así, imagine los aislados, que no saben qué es la ley”.

De acuerdo con Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indígena Misionario (CIMI), en una entrevista con la Agência Pública, hay una nueva “fiebre del oro” en dirección a las TIS, estimulada por el gobierno, provocando “un aumento de cerca del 40% en el número de invasiones en comparación con el mismo periodo del año pasado”.

El mayor foco de invasión está en el área de los Yanomami, en Roraima, donde el número de buscadores de oro subió de cuatro a 15 mil desde que el presidente declaró que regularizaría la actividad. “Bolsonaro está creando fuerzas antagónicas dentro de la Funai con el objetivo de vaciar la estructura de protección para atender el negocio agrario y las empresas mineras”, sostiene Buzatto.

En la evaluación del CIMI, en el caso de que los otros poderes no adopten medidas urgentes, los conflictos entre indígenas y garimpeiros pueden llegar a niveles extremos. A final de agosto, en medio de la repercusión de los incendios en la Amazonia, un grupo de nueve exministros del medio ambiente apeló al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para que bloquee los proyectos legislativos que abren las tierras indígenas a la minería.

Traducido por Diajanida Hernández