No había pasado ni medio año desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse cuando Haití volvió a producir una escena de horror. El 1 de enero, el país recibió el año con un nuevo intento de magnicidio. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, se convirtió en objetivo de un tiroteo ocurrido a plena luz del día durante un acto por la independencia del país. El próximo 7 de febrero, Moïse cumpliría cinco años en el poder si en la madrugada del 7 de julio un comando de exmilitares a sueldo no lo hubiera asesinado a tiros mientras dormía en su residencia.
Seis meses después de su asesinato, lejos de aclararse el panorama, la situación ha abierto una lucha violenta por el poder y ha retrasado la convocatoria de elecciones. “No es tiempo de discusiones fútiles ni de luchas fratricidas por la conquista de un poder efímero”, dijo el lunes el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Lo hizo un día después de que grupos de haitianos en el exterior nombraran un “presidente interino”.
El poder sin cabeza
En Haití el poder ejecutivo tiene dos cabezas. Por un lado, el jefe de Estado, que es el presidente electo por voto popular y que no puede tener más de dos mandatos consecutivos. Del otro, el primer ministro que es designado por el presidente y es ratificado por la Asamblea Nacional. El gabinete es escogido por el primer ministro en consulta con el presidente.
El primer ministro, Ariel Henry, es hoy la principal autoridad política desde que asumió el poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Henry había sido designado como primer ministro por Moïse dos días antes de ser asesinado, por eso su designación fue suspendida hasta el 20 de julio, que es cuando asumió el cargo. De todos modos, desde hace medio año al poder político le falta su principal cabeza.
Tal es así que este domingo distintos grupos de la sociedad civil en el exterior se reunieron en la llamada “cumbre de la unidad haitiana” para nombrar a Fritz Alphonse Jean, quien fue primer ministro interino entre febrero y marzo de 2016, como “presidente interino” de Haití, un movimiento que no está amparado por la ley.
Lo hacen porque buscan una salida política al vacío de poder que vive Haití. Sin embargo, en el país no existe ningún mecanismo constitucional para elegir un presidente provisional, sino que tiene que ser elegido en elecciones generales. Pero la convocatoria de elecciones presidenciales parece quedar cada vez más lejos.
“No es tiempo de discusiones fútiles ni de luchas fratricidas por la conquista de un poder efímero. En esta difícil coyuntura, no podemos empezar el juego de las sillas con la jefatura del Estado”, dijo Ariel Henry.
Un Parlamento inexistente
El primer ministro se ha comprometido a organizar las elecciones presidenciales y legislativas que habían sido programadas para el 26 de septiembre del año pasado. Si bien existieron algunos intentos por reprogramar, la fecha de las votaciones todavía se desconoce. Las negociaciones están trabadas porque una mayoría social y política considera que no se dan las condiciones para unas elecciones transparentes debido a la falta de confianza en las instituciones públicas de su país.
Además, el poder legislativo tampoco funciona. El Senado reanudó hace una semana las sesiones por primera vez en un año, pero con una particularidad. La cámara tiene actualmente solo 10 de los 30 senadores dado que no se han celebrado las elecciones para renovar los cargos. Además, el mandato de esos 10 senadores, que son actualmente los únicos cargos electos con los que cuenta el país, está en cuestión.
El presidente del Senado, Joseph Lambert, argumenta que el mandato termina en enero de 2023, aunque otros sectores políticos sostienen que debía haber terminado el segundo lunes de enero, según su interpretación de la Constitución. En cuanto al Congreso, su mandato terminó en enero de 2020 y desde ese momento el expresidente Moïse gobernó a golpe de decreto.
Detenidos por el magnicidio
Los avances en la investigación del asesinato del presidente han empezado a aparecer unas semanas después de que la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDH) de Haití denunciara la falta de progreso.
Primero fue el turno del exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, que afronta dos cargos en Estados Unidos relacionados con el asesinato del presidente. Palacios fue detenido a principios de enero durante una escala aérea en Panamá y fue encarcelado en Miami.
En sus declaraciones, el exmilitar detalló que fue contratado para ofrecer servicios de seguridad privada, que en principio iba a participar en una operación para secuestrar al presidente, pero que tan solo un día antes le informaron que los planes habían cambiado a un asesinato.
Después le tocó el turno al exsenador haitiano John Joel Joseph, otro de los sospechosos del asesinato del presidente, detenido el sábado pasado en Jamaica.
Bandas armadas
La violencia política en Haiti, en muchas ocasiones, se explica por el despliegue cada vez mayor de las bandas armadas que luchan por el control del territorio.
La inseguridad ha desplazado de sus hogares a más de 19.000 personas, según la ONG Human Rights Watch. La organización calcula que la violencia es provocada fundamentalmente por unas 95 bandas armadas que están en conflicto por el control de diferentes áreas de Puerto Príncipe.