Human Rights Watch documenta el traslado forzoso de ucranianos a Rusia

Las fuerzas de Vladímir Putin tomaron el control de la zona donde vivía Svitlana, un barrio de la devastada ciudad ucraniana de Mariúpol, a mediados de marzo. El 15 de ese mes, los soldados rusos entraron en el sótano del salón de actos donde esta joven de 24 años se refugiaba junto a su familia y más de 50 civiles y ordenaron a todas las mujeres, niños y personas mayores que abandonaran el lugar.

Los llevaron a pie a una escuela cercana, que las fuerzas rusas y separatistas prorrusas de Donetsk estaban utilizando con fines militares, y luego a una antigua base militar, según su relato, recopilado por la organización Human Rights Watch (HRW). Los hombres más jóvenes, salvo pocas excepciones, no podían acompañar a sus familias. Svitlana y sus seis familiares permanecieron allí durante horas, eran unas 90 personas en total. Finalmente, sin ninguna explicación, los soldados los subieron en camiones militares. Llegaron a un pueblo cercano recién ocupado, donde pasaron la noche en el edificio de una escuela. A la mañana siguiente, los subieron a autobuses sin revelar su destino y los llevaron a Bezimenne, un pueblo cercano a la ciudad de Novoazovsk, en Donetsk.

Allí fueron sometidos al llamado proceso de 'filtración' junto a otros cientos de ucranianos, en su mayoría personas mayores, mujeres y niños. Svitlana cree que el personal lo formaban fuerzas prorrusas y algunas rusas. “Era una gran tienda de campaña... llena de gente sin insignias. Cuando entras, lo primero que te ordenan es que les des tu teléfono y la contraseña para desbloquearlo. (...) Por lo que pude escuchar en sus conversaciones internas, estaban cargando todos mis datos de contacto del teléfono en alguna base de datos suya”, dice la mujer.

Según su testimonio, unos agentes le tomaron una fotografía y las huellas dactilares y de la palma de la mano y le hicieron una serie de preguntas, entre ellas los datos de su pasaporte y su domicilio. Tras el interrogatorio, cuenta, tuvo que rellenar un cuestionario sobre si tenía familiares que siguieran en Ucrania, qué opinaba de las autoridades y de los acontecimientos en Mariúpol y el resto del país, y si tenía algún vínculo con grupos armados de la derecha ucraniana. Después de otro interrogatorio, dice, le devolvieron su teléfono y la metieron en un autobús a Rusia. Dice que no les preguntaron si querían ir allí.

El de Svitlana es una de los casos recogidos en un extenso informe publicado este jueves en el que la organización de derechos humanos documenta cómo las fuerzas rusas y afiliadas han estado trasladando por la fuerza a civiles ucranianos, incluidos los que huyen de las hostilidades, a Rusia o a zonas de Ucrania ocupadas por las tropas de Moscú. HRW denuncia que los traslados forzosos suponen “una grave violación de las leyes de la guerra que constituyen crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad”.

La ONG señala que las autoridades rusas y afiliadas también han sometido a miles de estas personas a la 'filtración', un proceso que considera una forma de control de seguridad “obligatorio, punitivo y abusivo”, en el que normalmente se recogen los datos biométricos de los civiles, incluidas las huellas dactilares y las imágenes faciales, se efectúan registros corporales, se registran las pertenencias personales y los teléfonos y se les interroga sobre sus opiniones políticas, como describe Svitlana.

“En la práctica, los civiles ucranianos fueron internados mientras esperaban a ser sometidos a este proceso, y muchos informaron de que fueron alojados en condiciones de hacinamiento y miseria durante periodos tan breves como varias horas y hasta casi un mes”, reza el documento, que matiza que los traslados forzados y el proceso de 'filtración' implican “abusos separados y distintos contra los civiles”, aunque muchos ucranianos experimentaron ambos.

Traslados desde Mariúpol y Járkov

El informe recoge el traslado forzoso de civiles ucranianos desde Mariúpol, al sureste, y la región de Járkov, al este, a Rusia y a las zonas ocupadas. La ONG ha entrevistado a 54 personas que fueron a Rusia, pasaron por la filtración, tenían familiares o amigos que fueron trasladados al país, o que apoyaron a ucranianos que intentaban salir de Rusia. También ha hablado con decenas de civiles de la zona de Mariúpol que pudieron escapar a territorio controlado por Ucrania sin someterse a la 'filtración'.

Los hallazgos reflejan que autoridades rusas y afines organizaron el transporte de las personas que huían de la ciudad portuaria asediada y dijeron a algunos civiles que no tenían otra opción que quedarse en las zonas ocupadas o ir a Rusia. Una mujer trasladada desde Mariúpol dijo a HRW: “Por supuesto, habríamos aprovechado la oportunidad de ir a Ucrania si hubiéramos podido, seguro. Pero no teníamos opción, ni posibilidad de ir allí”.

Otras cuentan que el personal militar o de los puestos de control daba instrucciones a los ucranianos que escapaban para que fueran a Rusia o a la autoproclamada “República Popular de Donetsk”. Quienes contaban con recursos económicos podían organizar su propio transporte hasta el territorio controlado por Ucrania.

En Járkov, vecinos de algunos pueblos y una ciudad de la región fronteriza con Rusia también fueron trasladados a la fuerza. Según HRW, algunas personas dijeron que se marcharon a Rusia voluntariamente, incluidos hombres que evitaron la ley marcial ucraniana que, con limitadas excepciones, no permite a los hombres de entre 18 y 60 años salir del país.

El número total de civiles ucranianos trasladados a Rusia no está claro. Según la agencia rusa Tass, más de 3,4 millones de ucranianos han entrado en Rusia desde Ucrania. “No sabemos cuántos de ellos fueron llevados en contra de su voluntad, lo que constituye traslados forzosos”, dice a elDiario.es Belkis Wille, investigadora principal de crisis y conflictos de Human Rights Watch y coautora del informe. Sin embargo, según la ONG, “muchos han sido desplazados y transportados de una manera y en un contexto que los convierte en traslados forzosos ilegales”.

Las personas entrevistadas mencionaron 15 lugares, todos ellos en zonas bajo control ruso y de los separatistas de Donetsk, donde ellos mismos, sus amigos o familiares pasaron por el proceso de 'filtración'. “Es difícil saber si esta práctica es generalizada, nosotros lo hemos visto en el contexto de las personas que se marchan del área de Mariúpol”, dice Wille.

Salir de Rusia

Svitlana relata que se limitaron a meterlos a ella, su familia y a todos los que habían sido 'filtrados' en autobuses que los llevaron a la frontera rusa. Según el informe, aquella noche hacía frío y los autobuses no tenían calefacción ni baños. En el cruce, un agente distribuyó tarjetas de migración para rellenar, así como un formulario de solicitud para recibir un pago único de 10.000 rublos (unos 165 euros) del Gobierno ruso, que ella y sus familiares rechazaron. Cuenta que fue de nuevo interrogada con preguntas que ella consideró amenazantes.

Según explica, ella y su familia querían viajar por su cuenta, pero les dijeron que no tenían otra opción que continuar con el grupo que había cruzado la frontera con ellos en un autobús y luego en un tren hasta Vladimir, en Rusia. Una vez allí, su familia se negó a ir a un centro de estancia temporal y organizó su propio viaje con la ayuda de conocidos radicados en el país y finalmente llegó a Europa.

El informe indica que algunas de las personas que tenían acceso a móviles y redes sociales pudieron ponerse en contacto con activistas que les ayudaron a salir de Rusia hacia Estonia, Letonia o Georgia. En la frontera, sin embargo, algunas tuvieron dificultades porque se habían dejado sus documentos de identidad al huir de Ucrania.  

HRW exige a las fuerzas rusas y afiliadas que garanticen que los civiles puedan salir de forma segura hacia el territorio controlado por Ucrania si así lo desean. “Las leyes de la guerra prohíben que obliguen a los civiles ucranianos, individualmente o en masa, a evacuar a Rusia. Un traslado forzoso es un crimen de guerra y un posible crimen de lesa humanidad e incluye un traslado en circunstancias en las que una persona consiente en trasladarse solo porque teme consecuencias como la violencia, la coacción o la detención si se queda, y la potencia ocupante se aprovecha de un entorno coercitivo para trasladarla”.

Sobre los procesos de filtración, HRW sostiene que, si bien Moscú puede tener motivos legítimos para llevar a cabo controles de seguridad de las personas que intentan entrar voluntariamente en territorio ruso, estos procesos, en su alcance y en la “forma sistémica” en que se obligó a los civiles a someterse a él, “no tiene ningún fundamento legal y viola el derecho a la privacidad”. En lo relativo a las personas que no pasaron este proceso, “aparentemente debido a sus presuntos vínculos con el ejército ucraniano o con grupos nacionalistas”, la entidad cree que fueron detenidas en regiones controladas por Rusia.