“Con sus palabras, Gisèle Halimi hizo que cambiase la ley. Hoy quiero que la fuerza de ese mensaje nos ayude a modificar nuestra Constitución para grabar en ella la libertad de las mujeres a recurrir al aborto”. El presidente francés, Emmanuel Macron, se comprometía así, en marzo del año pasado, durante un homenaje nacional a la abogada feminista Gisèle Halimi, a inscribir en la Constitución la “libertad garantizada de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”.
El pasado martes 30 de enero, una proposición de ley en este sentido fue aprobada en primera lectura en la Asamblea Nacional (493 votos a favor y 30 en contra) y ahora todas las miradas están puestas en su votación de este miércoles en el Senado. La cámara alta debe dar su visto bueno –sin ninguna modificación– al texto, antes de que éste pueda ser adoptado definitivamente en un congreso para la reforma constitucional, que podría celebrarse el 5 de marzo en Versalles en presencia de los parlamentarios de las dos cámaras, donde deberá recibir el voto favorable de tres quintas partes.
La redacción actual es ya el resultado de un compromiso en la formulación de la proposición de ley: una primera versión aprobada por la Asamblea hablaba de “derecho al aborto”, mientras que un texto aprobado por el Senado el año pasado hablaba de “la libertad de la mujer a interrumpir su embarazo”. Finalmente, el Gobierno ha elegido la expresión “libertad garantizada” para buscar el apoyo necesario en ambas cámaras.
La reforma fue impulsada por el Gobierno y los partidos de izquierda para dar al aborto una garantía constitucional tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2022 que revirtió la jurisprudencia que protegía este derecho a nivel federal (el caso Roe vs. Wade).
Enmiendas
Pese a la amplia mayoría conseguida en la Asamblea, en el Senado algunos miembros del partido conservador Los Republicanos (LR), que tiene la mayoría en la cámara alta, han expresado dudas sobre la formulación elegida y sobre la necesidad de una garantía constitucional para el aborto, empezando por el presidente, Gérard Larcher. “La Constitución no es un catálogo de derechos sociales”, afirmó hace unas semanas, añadiendo que “el aborto no está amenazado en Francia”.
En la misma línea, Bruno Retailleau, líder de los senadores de LR, ha argumentado que la ley ya garantiza la libertad de las mujeres a abortar. No obstante, también ha asegurado que no impondrá “ninguna línea política” a su grupo sobre “una cuestión que afecta a la conciencia personal de cada uno”. De momento, Retailleau ha introducido una propuesta de enmienda para que la ley garantice también “el respeto de la cláusula de conciencia de los médicos o profesionales de la salud llamados a realizar el procedimiento”.
Cualquier cambio tendría consecuencias sobre la tramitación y el calendario legislativo. Si bien la hipótesis de un rechazo total del texto por el Senado parece descartada, una nueva formulación obligaría a devolver la proposición a la Asamblea para un nuevo examen, retrasando el proceso. “Dedicaremos el tiempo que sea necesario para llevar a cabo esta revisión”, ha advertido el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti. En la Asamblea, 40 diputados de LR votaron a favor, 15 en contra y cuatro se abstuvieron. La extrema derecha de Marine Le Pen también estuvo dividida (46 a favor, 12 en contra y 14 abstenciones) pero, dada su escasa presencia en el Senado, su voto en la cámara alta no será decisivo.
Disparidad de acceso
Hace unas semanas la Fondation des Femmes, una organización dedicada a defender los derechos de las mujeres, publicó una tribuna en la revista L'Obs, firmada por un centenar de personalidades públicas, entre ellas las autoras Annie Ernaux (Premio Nobel de Literatura en 2022) y Leïla Slimani o la ex-Ministra de Justicia Christiane Taubira. Se trataba de “un llamamiento al Senado” para que asegure la “constitucionalización” del aborto. “No queremos que nosotras, nuestras hijas y nuestras nietas tengamos que experimentar un día un gran retroceso. Esta posibilidad no es una distopía”, añaden las firmantes, citando ejemplos recientes de restricciones legislativas en Estados Unidos, Argentina, Chile y Hungría.
Por eso piden “a todos los senadores que escuchen a las mujeres”, la misma frase que utilizó que Simone Veil en 1975 desde el estrado de la Asamblea Nacional ante los diputados, durante el alegato previo a la autorización del aborto en Francia. “La historia os observa”, aseguran.
Por otro lado, varias voces expertas han defendido en las últimas semanas que inscribir el aborto en la Constitución proporcionaría a las mujeres una herramienta para obligar a los poderes públicos a garantizar el acceso. Varios informes señalan la desigualdad de condiciones en función del lugar de residencia o el nivel social, lo que repercute en plazos más largos o en la necesidad de largos desplazamientos para conseguir la intervención de las mujeres que viven en ciertos territorios.
“La principal explicación de las dificultades de acceso al aborto es esencialmente la falta de interés [de muchos médicos] por un procedimiento médico poco valorado y considerado de escaso valor”, escribían en 2020 las autoras de un informe parlamentario, Marie-Noëlle Battistel y Cécile Muschotti. “La carga de sostener este derecho recae esencialmente en un puñado de profesionales militantes, muchos de los cuales llegarán pronto a la edad jubilación”.