Un informe de la ONU acusa al Gobierno de Venezuela de crímenes contra la humanidad

La misión internacional de investigación a la que la ONU encargó investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela ha presentado este miércoles su informe y concluye que el Gobierno es responsable de crímenes contra la humanidad. La investigación apunta directamente al presidente Nicolás Maduro y a sus ministros de Interior y Defensa.

El informe publicado ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado –tanto a nivel presidencial como ministerial– ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”. “La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros de Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”, sostiene el informe.

Los crímenes identificados “fueron altamente coordinados conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática, por lo cual llegan a ser crímenes contra la humanidad”, concluyen los investigadores.

Los crímenes identificados van desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, en una serie de 223 casos que la Misión pudo investigar y documentar, a pesar de que el Gobierno venezolano le ha negado la autorización para que sus miembros entren al país.

Esos casos están relatados en un informe de 411 páginas elaborado por la Misión, que ha revisado un total de 2.891 casos para poder corroborar el patrón que han seguido estos crímenes en Venezuela que, “lejos de ser aislados, fueron coordinados y cometidos conforme a políticas estatales”.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, ha solicitado al Estado venezolano que investigue estas violaciones, procese a los responsables, los sancione y haga justicia a las víctimas, que llevan varios años esperando a que las instituciones nacionales actúen. En caso de que eso no ocurra, Valiñas ha pedido que la comunidad internacional estudie iniciar acciones legales contra los responsables identificados en el informe y que el fiscal de la Corte Penal Internacional considere tomar cartas en el asunto.

Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES). Según el informe, FAES y PNB son responsables del 59% de todas las muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante el periodo revisado y son los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe. “Las muertes parecen ser parte de una política para eliminar miembros de la sociedad no queridos bajo la tapadera de la lucha contra el crimen”, sostiene Valiñas. El informe pide la disolución de FAES.

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

La misión ha investigado 16 casos de de operaciones de la policía, militares o conjuntas que resultaron en 53 ejecuciones extrajudiciales. También revisó 2.552 incidentes adicionales en los que murieron 5.094 personas a manos de las fuerzas de seguridad, aunque no todas estas muertes fueron necesariamente arbitrarias.

Un antiguo director de SEBIN afirmó a la misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de torturas. Las técnicas de tortura incluyen, según los investigadores: asfixia, posiciones de estrés, palizas, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica. “Las agencias de inteligencia también sometieron a los disidentes –hombres y mujeres– a violencia sexual, incluidas violaciones con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación contra el detenido o sus seres queridos”, ha señalado Francisco Cox, otro de los miembros del equipo.

“Amnistía Internacional denunció la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela en mayo de 2019. En un hito para las víctimas de violaciones de derechos humanos, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país. Compartimos el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, a que se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición”, ha declarado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En agosto, 84 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos pidieron a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que, durante su 45° periodo de sesiones, renueven y fortalezcan el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. “Se debe renovar y fortalecer el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. No hacerlo sería darle la espalda a las víctimas, a la verdad y a la justicia”, sostiene Guevara.